Una política de fomento económico para México

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El sector privado mexicano nunca estuvo de acuerdo con el concepto de que la mejor política industrial es la que no existe, como se llegó a decir en los años 90. La historia se ha encargado de desmentir esa posición, con el ejemplo de las economías de más rápido desarrollo en los últimos años, las cuales han hecho de esta tarea, una prioridad.

Desde 1990 el aumento de la productividad en México, registra un promedio de 0.8% anual; para crecer al 6% por año necesitamos,  necesariamente elevar este indicador de productividad a cerca del 4%. De lo contrario nuestra competitividad seguirá teniendo dificultades: En la última década nuestras exportaciones más que se duplicaron, pero nuestra participación de mercado global bajó de 2.58 a 1.91%

Por todo ello, nos congratulamos por la iniciativa de Ley Para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía que se discute en el Congreso de la Unión, porque va por esa senda, y está en sintonía con la insistencia del Consejo Coordinador Empresarial de generar los grandes acuerdos marco de fomento económico y de desarrollo regional.

Para el sector privado resulta prioritario, en la coyuntura actual de la economía mexicana y sus perspectivas a futuro, perfilar una visión consensuada respecto a la política de fomento económico que necesita el país.

Ese debe ser un primer principio en este cometido: la responsabilidad compartida entre los sectores público y privado, como aliados en un esfuerzo consistente, con rumbo claro para ambas partes.

Una sinergia efectiva, empresas-gobierno, ha sido factor clave en los años de mayor crecimiento en México y en las experiencias exitosas de política industrial que se han practicado en el mundo, y que hoy necesitamos replicar, con nuestro propio modelo, en México.

Con una iniciativa como la presentada en el Congreso, el Gobierno mexicano adquiere, por mandato, una función más relevante en la planeación y promoción del desarrollo; hecho que se presenta como un cambio de paradigma. Se confiriere institucionalidad a la política industrial, con más instrumentos para intervenir.

Estamos ante una oportunidad irrepetible para avanzar en este camino, por el potencial que representan las grandes reformas aprobadas en los últimos años, junto con la necesidad objetiva de consolidar condiciones y fijar compromisos para la viabilidad de su implementación.

Esto tiene que ver con pendientes muy concretos. Como hemos señalado en diversos espacios, no podemos ser sólo observadores pasivos de un auge ajeno derivado de la reforma energética.

El éxito pleno de ésta depende de que construyamos una industria energética nacional sólida, factor complementario al abasto competitivo de insumos estratégicos para las empresas y para la economía en general.

En este contexto, otro principio fundamental para cualquier política de impulso a la competitividad es concentrarse en la creación y consolidación de mecanismos de operación eficaces, para realmente sacar adelante una agenda puntual de prioridades.

La legislación, sin duda, será de gran ayuda, al marcar una orientación y responsabilidades, pero de poco servirá si no tenemos dichos instrumentos, en los que se den los acuerdos, los compromisos, las estrategias, las acciones y los métodos de seguimiento y evaluación.

Una política nacional de fomento eficiente, sólo puede ser aquella que baje a las regiones, que la hagan suya los estados y los municipios, y desde luego, los factores de la producción. Que cuente con objetivos claros para todos, e instancias permanentes que den operatividad, continuidad y articulación a los esfuerzos.

En este sentido, hay que aprovechar cabalmente los espacios de interlocución y planeación que hemos creado en estos años recientes entre el sector público y el privado, como el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico y el Comité Nacional de la  Productividad. Lo primero será robustecer sus responsabilidades, facultades y alcances.

Resulta acertado el planteamiento de no limitarse a la industria manufacturera, ampliando el alcance a los sectores de servicios y comercio, e incluso al campo, con acento en aspectos como la economía del conocimiento, capital humano, participación de actores sociales en la planeación del desarrollo y objetivos encaminados a transformar la estructura productiva hacia actividades y sectores de alta productividad y al fortalecimiento del mercado interno.

Se prioriza la integración de cadenas de producción, planteando una revisión y reorganización de los propios eslabonamientos, la apuesta por los conglomerados o clusters, y la formación de capital productivo.

Aunque la iniciativa de Ley no señala con mucho detalle los cómos, puesto que las precisiones tendrán lugar en el Programa Especial para la Productividad y Competitividad, se hace patente la preocupación por el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es el gran reto: reducir las brechas de productividad y crecimiento entre el sector externo y el interno, y entre las empresas en función de su sector y tamaño, para lograr una mayor integración.

Hay que enriquecer algunos conceptos e incorporar acciones y metas precisas en materia de formalización y eficiencia regulatoria; replicar las mejores prácticas que se observan en algunos Estados y Municipios, lo mismo que en sectores y empresas de vanguardia; reforzar el programa nacional de infraestructura con la definición de Franjas de Desarrollo Logístico Estratégico, así como profundizar las medidas para contener y combatir la economía ilegal, entre otros temas.

El financiamiento es clave, para lo cual hay que trabajar en prioridades como la creación de un sector de capital semilla. Igualmente se requiere de una política avanzada para promover la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, con un paquete de incentivos competitivo. El criterio de sustentabilidad ambiental debe tener un rol mucho más relevante que el asignado en la iniciativa.

En todos los casos, será importante construir una buena batería de instrumentos y métricas que faciliten la medición de resultados; no solo los del Foro Económico Mundial.

En general, creemos que la iniciativa aborda aspectos importantes del desarrollo nacional, con sus correspondientes objetivos macro, pero hay que trabajar mucho más para integrar y vincular a la parte micro. Puede ser una plataforma muy útil, en el desafío de consolidar mecanismos que realmente sean operativos y funcionales, con metas de corto, mediano y largo plazo.

En el sector empresarial vamos adelante, con ustedes, en la construcción de consensos básicos entre los factores de la producción y el Estado Mexicano, por una estrategia de productividad, competitividad y desarrollo acelerado.

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