Último periodo de sesiones

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Esta semana inicia el último periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión, que se extiende hasta el próximo 30 de abril.

Sin duda, ésta ha sido una Legislatura histórica desde su arranque en 2012, con un particular empuje a partir de la firma del Pacto por México, y una primera fase, hasta 2013, concentrada en la aprobación de reformas constitucionales de gran calado.

Prácticamente de manera ininterrumpida, y con periodos extraordinarios, se dio paso a otra fase donde el énfasis estuvo en el aterrizaje en la legislación secundaria, con una agenda cuya amplitud no tiene precedentes en tiempos recientes.

Para el sector empresarial, han sido tres años de diálogo intenso con los representantes populares.

Se aprobaron 10 reformas estructurales coincidentes con propuestas que veníamos impulsando desde hace lustros, y que eran parte fundamental de la Agenda por México, que consensuamos como sector en el 2012: Laboral, Educativa y sus leyes reglamentarias, Nueva Ley de Amparo, Financiera, Transparencia, Política, Telecomunicaciones y radiodifusión, Energética, Competencia económica y Código Nacional de Procedimientos Penales.

No podemos sino reconocer el esfuerzo que se hizo para sacar adelante este conjunto de cambios históricos. Abren un nuevo horizonte de progreso para México, el cual se hará realidad en la medida que el proceso reformador tenga una implementación eficaz y se complemente con las transformaciones más importantes que quedan por hacer, en las leyes y en el terreno de la práctica, para que el país realmente se renueve.

Sobre todo, estos pendientes tienen que ver con Estado de derecho y desarrollo del marco institucional del Estado mexicano. Es en estos ámbitos donde la actual Legislatura ha quedado a deber, al postergar asignaturas como la reforma contra la corrupción y la impunidad, que era un compromiso del Pacto por México, al igual que demanda primordial de la sociedad y de los empresarios.

El llamado que hacemos a los legisladores es a cerrar óptima y consistentemente la Legislatura, en consistencia con lo ya logrado. Esto implica que antes de abril quede aprobada la legislación para que tengamos un sistema nacional anticorrupción efectivo, con la arquitectura y la articulación institucional apropiada, los «dientes», las facultades, los recursos y la autonomía que se requieren para que dé resultados.

Una solución incompleta, superficial o inclinada a la simulación, a hacer cambios para no cambiar, sería inaceptable, como lo fue la última versión que circuló en la opinión pública. Ésta contenía incongruencias, como la supervisión del sistema por parte de los agentes a supervisar, y se retrocedía en algunos de los puntos más importantes que se habían tomado de las propuestas de especialistas y de la sociedad civil.

Los ciudadanos y el sector empresarial demandamos que la clase política se ponga a la altura del mayor reto que tenemos para que este país progrese: abatir la corrupción y la impunidad; romper el mito de que hay que aprender a vivir con estos males y resignarse al atraso, la injusticia y la desigualdad, la descomposición y conflictividad social que generan.

Esta reforma es una prueba para reafirmar la voluntad de cambio real en este país.

La 62 Legislatura ha cumplido destacadamente con algunos de los desafíos más importantes para México en materia económica, que requerían de determinación para romper con inercias y capacidad de generar acuerdos. Ahora corresponde hacer lo propio por el Estado de derecho, el desarrollo de las instituciones nacionales, la justicia y la seguridad de los mexicanos.

Sin un combate eficaz a la corrupción, se pondrá en riesgo a las reformas. Que no se afecte lo hasta ahora logrado, por no atender oportuna y adecuadamente esta asignatura urgente, que implica también confeccionar una ley orgánica adecuada para la Fiscalía General de la República y la figura del fiscal anticorrupción.

En la agenda destaca, asimismo, el paquete de reformas de seguridad pública pendientes, contemplando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, el 27 de noviembre, en su Decálogo para Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho.

En seguridad pública, destaca la iniciativa de desaparecer las policías municipales y crear mandos únicos a nivel estatal, que pueden ayudar a revertir la fragilidad del eslabón más débil en materia de gobernabilidad y en su capacidad para hacer frente a la delincuencia.

Se propone también la redefinición y precisión de competencias entre las autoridades involucradas en el combate al delito, así como una ley que permitiría disolver gobiernos locales infiltrados por el crimen organizado, fórmula que ha sido aplicada en países como Italia.

Hay que cuidar mucho que no se lastime la autonomía de los ayuntamientos y el federalismo. En el caso de los mandos únicos, en particular, debe considerarse que existen prácticas y policías municipales que están funcionando bien, entregando buenos resultados a los ciudadanos. Sería contraproducente poner en riesgo estas excepciones positivas.

Otro punto importante de la agenda es la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta para cuestiones no laborales, lo cual resulta fundamental para poder avanzar en el diálogo sobre alternativas para que éste recupere el poder adquisitivo reclamado por la Constitución. La minuta está en el Senado, y se ha avanzado bastante en los acuerdos, aunque aún hay cuestiones críticas que deben precisarse.

Igualmente, entre las prioridades, está la legislación secundaria de transparencia y datos personales, que ya se ha retrasado demasiado, con el reto de armonizar adecuadamente estas dos tareas fundamentales encomendadas al IFAI.

Asimismo, destacan la reforma constitucional sobre disciplina financiera para estados y municipios, temas de seguridad social y el procesamiento de varios ordenamientos medioambientales, sobre el que estaremos muy atentos, para asegurar que se cumpla con principios de certeza jurídica y un equilibrio entre los criterios de protección ecológica y los de competitividad y crecimiento económico.

La solicitud a nuestros representantes populares es muy clara: que este último periodo de sesiones sea productivo, y no tiempo perdido, como solía ocurrir en años de elecciones federales, en los que los intereses partidistas y de las carreras personales de muchos políticos se sobreponen a los intereses de la nación. No podemos permitirnos eso, ante la actual coyuntura nacional.

Se han logrado reformas históricas, pero aún queda mucho por hacer, y en factores esenciales para el desarrollo de cualquier nación. Podemos y vamos a lograrlo, si se antepone una voluntad política comprometida con la renovación nacional a fondo: de la economía, pero también de la política y la sociedad, confiamos en nuestros representantes populares.

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