Transparencia y Estado de Derecho

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Cumplido el aval de 17 legislaturas estatales, requisito mínimo, la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada en noviembre por el Congreso de la Unión, está lista para que se tramite su promulgación y entrada en vigor.

Este es un gran paso en el esfuerzo institucional que México realiza desde que se publicó la Ley Federal de Transparencia, la cual dio origen al IFAI hace más de 11 años, y que siguió con la reforma del 2007 al Artículo 6º Constitucional, para establecer el acceso a la información pública como derecho fundamental de los ciudadanos, y con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el 2010.

Así se apuntala un andamiaje institucional sólido para que la sociedad pueda fiscalizar los actos de autoridad y el uso de los recursos públicos, factor esencial de la gobernabilidad democrática y para atacar la corrupción, la discrecionalidad, la falta de rendición de cuentas, la impunidad y la ineficiencia, que son endémicas en múltiples ámbitos de todos los órdenes y poderes de gobierno y poderes de la unión.

El IFAI, como máximo órgano garante de este derecho de los mexicanos, tendrá plena autonomía constitucional, sin dependencia presupuestal o jurisdiccional ante ninguna instancia superior, y podrá exigir información de toda organización, persona física o moral, que maneje recursos del erario.

Esto es de capital importancia, para mitigar los signos de opacidad que suelen presentarse eventualmente en algunos sindicatos y partidos políticos.

Se incorporan obligaciones de rendición de cuentas, a las que quedan sujetas diversas decisiones y actos de autoridad, y las entidades federativas tendrán que adecuar sus leyes a fin de tener órganos de transparencia competentes, para lo cual se homologan criterios y procedimientos. Esta era una demanda reiterada de la sociedad civil y del sector empresarial: Contrario a los avances a nivel federal en materia de acceso a información sobre el ejercicio de los recursos públicos, en muchos estados y municipios predomina la opacidad y la discrecionalidad, con órganos de transparencia igualmente opacos y que operan con gran ineficiencia y un altísimo grado de incumplimiento.

De acuerdo a mediciones objetivas, los institutos estatales de transparencia tienen un promedio reprobatorio en su desempeño para garantizar el derecho constitucional de acceso a la información. Urge que la sociedad tenga capacidad real de fiscalización sobre las autoridades locales.

Hacia delante, como ocurre con otras reformas, viene el gran reto de concretar en los tres niveles de gobierno, sin excepción, los aspectos reglamentarios y la normatividad secundaria que, entre otros temas, implicará ajustes en la Ley General de Acceso a la Información, la de Archivos, así como los cambios procedentes en las constituciones y leyes de los estados.

En la mesa hay temas como la operatividad de la facultad de atracción del IFAI para asuntos estatales donde haya controversias, criterios sobre resoluciones y obligaciones, al igual que procedimientos adecuados para la elección de los comisionados, evitando cuotas o imposiciones por parte de gobernantes o partidos.

La participación ciudadana es clave para superar exitosamente éstas y otras asignaturas pendientes. Se trata de piezas fundamentales en el reto de colocar y mantener en el centro de las prioridades nacionales una agenda integral y de amplio alcance de fortalecimiento institucional, en favor del Estado de derecho y la consolidación de la gobernabilidad democrática.

Diversos indicadores muestran consistentemente que el nivel de corrupción en México en la percepción de los ciudadanos, se mantiene en rubros críticos, como los relacionados con la seguridad y la justicia.

La corrupción se ha colocado, junto con la inseguridad, como principales factores que afectan la operación de los negocios en México, siendo estos los principales problemas que menoscaban el progreso de la sociedad y que más afectan el bienestar de las familias y la estabilidad de las empresas.

Pero el problema va mucho más allá de los efectos económicos. Situaciones de aguda descomposición social, política e institucional, como la que se ha evidenciado en algunas zonas de Michoacán y otros estados, donde existe una gran desconfianza a las autoridades, nos recuerdan con crudeza las consecuencias y los riesgos de no atacar las causas de fondo que han generado la violencia y la inseguridad que padecen muchos mexicanos, como lo son la impunidad y las distorsiones y vacíos que genera.

México tiene una gran oportunidad, en este año, de dar fuerza y proyección a una agenda bien articulada de combate a la corrupción, a partir de avances como la consolidación de nuestro sistema de acceso a la información pública y las promesas que se abren con decisiones como la de crear una comisión anticorrupción nacional y de carácter ciudadano, así como la autonomía de la PGR. Todo esto tiene que concretarse en los próximos meses con una legislación sólida y un diseño institucional visionario pero cuidadoso del detalle.

Poco avanzaremos sin capacidades reales de fiscalización y sanción en los nuevos instrumentos, pero de igual forma, si no se conjuga voluntad política y amplia observancia y participación ciudadana para utilizarlas a fondo.

Hay que seguir avanzando en la construcción de una política nacional de rendición de cuentas y hacer del fortalecimiento institucional y del compromiso con el Estado de Derecho prioridades en el discurso y en los hechos, a nivel público, en la sociedad y en el sector privado. Hasta ahora no lo ha sido suficientemente: se ha estimado que el combate a la corrupción no llega siquiera al 0.3% de las averiguaciones previas iniciadas en la jurisdicción federal, y seguramente, a nivel local los indicadores son aún más bajos.

Es claro que sin paz y seguridad, el desarrollo económico no logrará toda su potencialidad, lo mismo que sin una vigencia plena del Estado de derecho. Hagamos del 2014 otro año de cambios profundos en México, de compromiso con la legalidad y la democracia, y de rechazo a la opacidad, la corrupción y la impunidad.

El sector empresarial se compromete con estas luchas tan importantes para todos los mexicanos.

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