Sigamos impulsando la lucha contra la corrupción


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Hoy, los mexicanos tenemos la oportunidad de colocar la piedra angular del gran cambio que urge en nuestro país, para ir a fondo contra el binomio corrupción-impunidad, el lastre más pesado para el progreso del país, tanto económico, como político y social.

Los niveles de corrupción existentes, en la percepción pública y en los hechos, la indignación de los mexicanos por la impunidad, el daño que todo esto ocasiona a la confianza social, a la estabilidad institucional y al erario público, además de la imagen del país, son incompatibles con la nación nueva que todos tenemos que seguir construyendo, con el desarrollo de la economía y de la democracia.

Sin duda, la atención y movilización de diversos sectores de la sociedad ante este reto está presionando para que se hagan cambios importantes. El llamado a todos los mexicanos es a seguir empujando por la auténtica renovación de la vida pública en México, por la vigencia del Estado de derecho, la transparencia, la integridad en el servicio público, tanto como en los negocios.

Reiteramos que las acciones ejecutivas anunciadas la semana pasada por el Presidente de la República conforman una aportación positiva que, en la medida que se implementen con eficiencia, puede contribuir de manera importante en el desafío de combatir la corrupción. Incluyen medidas que son imprescindibles en toda administración pública moderna, como la obligación para funcionarios públicos de emitir una declaración de posibles conflictos de interés, así como el establecimiento de responsabilidades y protocolos más detallados.

Restablecer a la Función Pública como Secretaría es un paso fundamental y una muestra de respaldo del Ejecutivo Federal al sistema integral anti-corrupción que estamos impulsando desde la sociedad.

Desde luego, hay que hacer mucho más, porque el problema de la corrupción en México no va a resolverse con un único paquete de medidas o herramientas, ni por un solo actor o ámbito de acciones y decisiones. Esta es una lucha de la nación, no de un gobierno o de un sólo sector en específico.

Todos tenemos que participar: clase política decidida por el cambio, los tres órdenes y tres poderes de gobierno, una sociedad civil fuerte, con una ciudadanía y una prensa exigentes y vigilantes, que denuncien y arrojen luz sobre la opacidad; y desde luego, con un sector empresarial comprometido con la legalidad, la ética y la responsabilidad social.

Asumiendo nuestra parte en las causas y en las soluciones, nuestro compromiso en este sentido es firme, prioridad sectorial ante la que cerramos filas, como lo hemos hecho en torno al Código de Ética Empresarial que consensuamos en el seno del CCE.

Con entusiasmo, hemos visto, al poco tiempo de iniciar, que esta iniciativa está caminando muy bien. Nos ha sorprendido el ritmo de las adhesiones, y en general, el enorme interés y voluntad que hemos encontrado en toda la comunidad empresarial, tanto a nivel de órganos de representación, como entre las empresas, de todos los tamaños y estados.

En las próximas semanas, como país, tenemos que concentrarnos mucho más en sacar adelante, en tiempo, forma y, sobre todo, en el fondo, en los pendientes que están del lado del Congreso de la Unión.

Queremos constatar el compromiso de los legisladores y los partidos políticos con la lucha contra la corrupción, lo cual implica obligadamente la aprobación de la legislación necesaria para tener un sistema nacional diseñado para abatir este fenómeno, que sea integral, autónomo, bien articulado, con facultades y recursos suficientes para que haya prevención eficaz, sanción efectiva y ejemplar -no más impunidad- y el máximo resarcimiento de daños posibles.

Todos los mexicanos debemos estar atentos a que no se incorporen disposiciones o que haya omisiones y lagunas que hagan nugatoria esta reforma. La demanda más enérgica de la sociedad mexicana a su clase política y sus representantes populares es ésta.

Igualmente, sería inaceptable que en la legislación secundaria sobre transparencia se hagan modificaciones de última hora que resulten regresivas o amplíen la discrecionalidad con que algún funcionario puede negar el derecho a la información que todos tenemos. En este caso, además, ya se acumula un retraso importante en la aprobación de esta ley, ya con el vencimiento de un plazo establecido constitucionalmente.

El cumplimiento y la rendición de cuentas tampoco deben ser discrecionales para los legisladores.

En el mismo sentido, pedimos que se eliminen ya los fueros anacrónicos que subsisten en el país, de los que se ha abusado recurrentemente, como privilegio de impunidad. La reforma de los fueros es indispensable; éstos sólo pueden justificarse en casos muy específicos. Un principio básico del derecho y de la democracia es la igualdad ante la ley.

En paralelo al sistema anticorrupción y a la legislación concerniente a la fiscalía ocupada del tema, que debe ser realmente autónoma, nos sumamos al llamado para que se reforme la legislación en materia de conflicto de interés, la cual, se ha demostrado, es sumamente laxa y débil.

Existen mejores prácticas internacionales que están funcionando bien en varios países, que debemos adaptar para definir, prevenir y tipificar con precisión las distintas modalidades de estas irregularidades, y sobre todo, que el alcance se extienda en todos los niveles y poderes de gobierno. Que queden bien claras, para todas las partes, las responsabilidades y lo que puede o no hacerse.

La obligación de presentar declaraciones de posibles conflictos de interés para servidores públicos, debe extenderse también al Poder Judicial y a los legisladores, federales y locales. El ejemplo emblemático de por qué es tan importante que existan estos mecanismos de control en el Congreso y cámaras legislativas locales reside en los abusos que se dan recurrentemente en asignaciones presupuestales, las cuáles, en muchos casos, las hacen empresas cercanas a legisladores que promueven dichas partidas presupuestales.

Además, estas declaraciones de posibles conflictos de interés, al igual que las patrimoniales y las fiscales, que también deberían incorporarse como obligación, tienen que estar sujetas a un control y monitoreo autónomo, con presencia de la sociedad civil.

En este tema, nos sumamos a la iniciativa 3X3, para impulsar el que candidatos a puestos de elección popular y servidores públicos en funciones, en aras de contribuir a la confianza social y la transparencia, hagan públicas sus correspondientes declaraciones de patrimonio, impuestos y posibles conflictos de interés. Sin duda, será un ejercicio sano, en la medida que pueda hacerse siempre que no haya riesgos justificados a la seguridad e integridad de estas personas.

Es hora del cambio, y para que este realmente suceda, necesitamos una nueva actitud y hacer las cosas de manera realmente diferente en México. Vamos adelante con la transformación a fondo del país, que no puede darse sin un compromiso firme con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

 

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