Salarios Mínimos y Desvinculación

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En los últimos días ha sido presentada, en el Congreso de la Unión, una docena de iniciativas de reformas al régimen de salarios mínimos, la mayoría de ellas concentradas en su desvinculación respecto al sinnúmero de trámites, cálculos, derechos, multas y demás acciones y conceptos para los que funge como unidad de cuenta o referencia.

En el sector empresarial estamos revisando a fondo todas las iniciativas, con gran interés y mucho cuidado. En la medida que lo hacemos, se reafirma nuestra convicción de que, efectivamente, desligar el salario mínimo de tantos conceptos tiene que ser el primer paso, indispensable, para cualquier cambio que haya que analizar y debatir.

No deben tomarse decisiones a la ligera, porque hay muchos procesos involucrados, y una enorme diversidad entre ellos. Dado que el salario mínimo se utiliza como referente en al menos 140 leyes y en más de 300 disposiciones legales, con ramificaciones en los tres órdenes de gobierno, existe una gran complejidad para el análisis y la determinación de las reformas que procedan.

El sector empresarial participará activamente en este debate, como parte fundamental en la actividad económica y las relaciones laborales.

Nos interesa, desde luego, buscar, junto con todos los sectores, caminos viables y sustentables para que crezcan los ingresos reales de los trabajadores, y estamos de acuerdo en que ninguna alternativa para tales efectos tiene sentido sin antes superar el tema de su vinculación con tantos asuntos ajenos a su función.

Sin embargo, lo peor que podemos hacer, en este cometido, es emprender vías que carezcan de realismo, que evadan a las fuerzas del mercado y que pretendiendo solventar un problema, generen otros más agudos, más distorsiones y riesgos.

En este sentido, pedimos que se dé todo el tiempo necesario para estudiar las distintas propuestas, con un proceso abierto para la consulta con los involucrados y especialistas. No se trata de un reto que puede ni debe resolverse de manera expedita. Es mucho lo que está de por medio, existen múltiples alternativas y experiencias internacionales que vale la pena tomar en cuenta.

En las distintas iniciativas encontramos puntos positivos, pero también otros que preocupan. Coincidimos con las que definen que la ruta tiene que darse necesariamente en dos etapas, la primera de las cuales es la reforma para el tema de la desvinculación, contemplando para ésta un régimen transitorio.

En una de las propuestas se propone un plazo máximo de 30 días naturales para los cambios en todas las leyes a enmendar. Es importante tener en mente el precedente de los incumplimientos que se han dado en plazos mayores que se han fijado recientemente. Los compromisos deben basarse en las posibilidades reales de hacerlos efectivos.

De igual forma, será fundamental establecer una transición viable para la aplicación de las nuevas disposiciones en la práctica.

En cuanto a la sustitución del salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza, hay distintas proposiciones, como las llamadas unidades de referencia o unidades para el pago de obligaciones, con diferentes sistemas de cuenta y de actualización en el tiempo.

En general, se trata de métodos de indexación, que podrían actualizarse de forma prácticamente automática, por ejemplo de manera mensual, multiplicando su valor por un factor relacionado con la inflación; o bien anualmente, con la intervención del Banco de México. En este tema, la clave es que cuidemos de no cambiar un modelo rígido, por otro, que no tome en cuenta las necesidades y especificaciones de las distintas legislaciones, su objeto jurisdiccional, y desde luego, las de los agentes regulados y las personas en general.

La propuesta de una Ley General de la Unidad de Cuenta del estado Mexicano es novedosa y merece estudiarse con detenimiento, pero, nuevamente, asegurándonos de que esto no reste flexibilidad a la economía y a una administración pública eficiente.

De igual forma, la propuesta de fijar una cantidad en efectivo puede funcionar, pero la clave será definir un esquema eficaz para actualizarlo. Cualquier alternativa debe contemplar los principios de sencillez para el cálculo.

En cuanto al aumento por ley del salario mínimo, no estamos de acuerdo en estipular plazos para ello, en los que no se tome en cuenta factores como la productividad, así como objetivos de formalización. Establecer compromisos a mediano y largo plazo, nos quitará a todos la necesaria flexibilidad para actuar en función de los cambios en el mercado y la economía, llevándonos al incumplimiento de los mismos o a que surjan efectos contraproducentes.

En los salarios mínimos, no basta con observar la posición del sector político; necesariamente tiene que atenderse el punto de vista de los trabajadores y las empresas, así como los imperativos que marca las propias fuerzas del mercado, que difícilmente pueden ser superadas con decretos.

En el mismo sentido, propuestas como la eliminación de la zona B para quedar con una sola, resultan prematuras y hay que analizarlo a fondo, si no se contemplan los elementos que hemos mencionado, en específico, productividad y que generemos más fuentes de trabajo, de calidad y formales, para que los salarios, de todos, salgan favorecidos en la relación oferta-demanda, pero sobre bases reales, más que legales.

No sería realista ni prudente estipular aumentos con plazos perentorios, si no se ligan a objetivos como incrementos en la productividad.

Hoy, tenemos sectores altamente competitivos, que incrementan su productividad a tasas de 6% anual en promedio, generando casi 14 mil dólares por empleado. Sin embargo, ahí está sólo el 20% de la fuerza de trabajo.

El 70% de los empleos están en el otro espectro, donde se pierde productividad a la misma tasa anual, 6% al año, y donde el trabajador produce la mitad, menos de 7 mil dólares. Las disparidades regionales son igualmente enormes, con cuatro estados que concentran la mitad del PIB.

Ahí es donde está el gran reto, y la solución a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, ante, un menoscabo global de la productividad total de nuestra economía.

Para avanzar, necesariamente tenemos que perseverar en el esfuerzo de formalizar a millones de negocios y trabajadores. La informalidad asciende a casi 60% del mercado laboral, pero aporta apenas poco más de una décima parte del PIB.

En estas realidades es donde están las raíces de problemas como el bajo crecimiento que ha tenido nuestra economía, y con ello, la pobreza y desigualdad que persisten. Concentrémonos en las soluciones que más urgen y que puedan tener un efecto positivo, sostenible y duradero. El sector empresarial está comprometido con este esfuerzo.

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