Reforma Anticorrupción

Escuchar audio:

Este lunes se completa otro Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión, sin que los mexicanos tengamos una reforma seria y profunda en materia de combate a la corrupción y la impunidad, como se comprometieron hace dos años, y como hemos demandado, desde hace muchos años más, desde los diversos sectores de la sociedad.

Así lo hemos hecho en el sector privado. Hemos manifestado de forma reiterada la determinación de ir hacia delante en este gran desafío, asumiendo la corresponsabilidad que debemos tener en esta área.

En esa línea, impulsamos medidas como mecanismos y códigos de prevención y detección de prácticas corruptas en las empresas, así como esquemas coercitivos y de incentivos, como serían certificaciones a contratistas y «listas negras». Hemos señalado, reiteradamente, que debe sancionarse con rigor a ambas partes de las cadenas de corrupción.

El problema con el retraso es que se trata de la reforma más trascendente, en cuanto a que apunta contra la inercia más fuerte, la resistencia por parte del sistema político para que el país se transforme en verdad y a fondo. Es la más urgente también, como respuesta a un clamor evidente de cambio, ante la crisis de confianza que ha crecido en la sociedad, en la brecha entre clase política y ciudadanos.

Es además, una prueba que la sociedad necesita y exige a la clase política, para convencerse de que ésta sí va por una transformación a fondo en México.

Ante esta situación, el llamado que hacemos desde el sector empresarial, es a que se cumplan, en tiempo, forma y contenido, los compromisos; que los legisladores den resultados a sus representados, con una actuación a la altura del momento que vive México.

La solicitud es muy clara: ya no postergar más este pendiente, dándole prioridad y el tiempo necesario para cumplir con el requisito de que el producto final sean las bases de un sistema nacional anticorrupción realmente viable y fiable.

La reforma anticorrupción no puede quedarse corta ante las dimensiones y complejidad de la problemática. Los mexicanos no queremos una reforma superficial o simbólica, ni cambios para no cambiar, como ha ocurrido en otras coyunturas de la historia nacional reciente.

Rechazamos cualquier iniciativa en ese sentido, máxime cuando, como punto de partida, se cuenta con iniciativas sólidas y propuestas integrales de la sociedad civil, incluyendo las que hemos planteado desde el sector privado.

Secundamos el extrañamiento externado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas por el hecho de que principios y puntos fundamentales para conformar un sistema efectivo contra la corrupción y la impunidad se dejen de lado en los predictámenes que han circulado. Estas versiones tienen omisiones, limitaciones y contradicciones importantes; son muchas las áreas a revisar, corregir y mejorar.

Solicitamos que se tomen en cuenta todas las observaciones y propuestas que se están haciendo desde la sociedad.

Un sistema anticorrupción creíble, en primer lugar debe tener autonomía, así como facultades y recursos suficientes de prevención, control, fiscalización y sanción. Los sujetos a regulación y vigilancia, no pueden, ni deben ser los que vigilen, establezcan controles y sancionen.

En este sentido, la idea que se dio a conocer de un Consejo de Integridad, como eje rector de toda la arquitectura, es inaceptable, opuesta a la Comisión Ciudadana que hemos impulsado, como instancia coordinadora y de seguimiento, que no responda a gobiernos o cuotas de partidos.

Necesitamos un sistema integral, que articule instancias e instrumentos dispersos; con alcance nacional, para abarcar todos los niveles y poderes de gobierno. Coordinación efectiva entre una Fiscalía anticorrupción realmente independiente y una Auditoría Superior de la Federación fortalecida, sistemas de contraloría interna renovados, en todos los niveles y poderes de gobierno, auditorías preventivas e instancias judiciales especializadas.

El Tribunal de Justicia Administrativa es un punto nodal en la arquitectura. Debe asegurarse su autonomía y capacidad de atracción en casos de corrupción de gobiernos estatales y municipales, donde son los mayores casos de opacidad.

Pedimos se consideren recomendaciones como dar a la Auditoría Superior de la Federación, facultades tales como el amparo contra resoluciones de la Fiscalía o los tribunales, fiscalización desde el inicio del año siguiente al cierre de ejercicio, capacidad para solicitar información en todo momento y emitir recomendaciones preventivas.

Es fundamental que haya capacidad de fiscalizar fideicomisos públicos, ampliar los plazos de prescripción en la sanción a los delitos más importantes, o inclusive la no prescripción en algunos casos, amén de otras medidas que ayuden a resarcir los daños, como la extinción de dominio para bienes producto de la corrupción.

Se requiere de un marco adecuado que defina, regule y sancione el conflicto de intereses y otros tipos administrativos, concentrándonos en aquellos de mayor impacto. Igualmente, tener sistemas homologados, y en casos que se requiera públicos, de declaración patrimonial y de potenciales conflictos de interés, bajo control de las instancias autónomas. Además, instrumentos eficaces de monitoreo, investigación patrimonial e inteligencia financiera.

Un sistema anticorrupción a la altura, debería ser capaz de dar pie a acciones contundentes, tales como operativos contra redes delictivas de corrupción, como los llevados a cabo recientemente en España o Brasil.

El flagelo de la corrupción y la impunidad es de grandes proporciones, como lo confirmó el último reporte de Transparencia Internacional, que nos ubica entre los países con más corrupción del mundo, y tiene raíces hondas, tanto sistemáticas como culturales.

Por ello, el CCE impulsa una estrategia integral que incluye acciones como campañas de sensibilización, teléfono de denuncia anónima con sistemas de seguimiento y mejoras regulatorias.

Un aspecto de la mayor relevancia que no se ha abordado lo suficiente es el del Servicio Profesional de Carrera, para lo cual hemos propuesto una Comisión Nacional para el Desarrollo Institucional y de los Recursos Humanos, a cargo de la elaboración de indicadores de eficiencia, productividad y cumplimiento de obligaciones de los funcionarios e instituciones públicas.

Además de buenas leyes, se requiere del compromiso de aplicarlas, con voluntad de cambio real, tanto en el sector político como en la sociedad. El punto de arranque, la base para dar sustentabilidad institucional y visión de conjunto a todos los esfuerzos, es la reforma anticorrupción.

La responsabilidad es histórica. Es un paso indispensable para afrontar los retos y oportunidades hacia delante, incluyendo el éxito de las otras reformas de gran calado que se han logrado.

Vamos juntos, todos los mexicanos, para sentar las bases de una nación en la que, más allá del nivel discursivo, la impunidad sea excepción y no una regla; donde los principios de Estado de derecho, institucionalidad y gobernabilidad democrática, justicia, transparencia y rendición de cuentas, sean principios rectores de la vida pública, en todos los niveles, ámbitos y sectores.

free pokies