Redoblemos el compromiso contra la inseguridad

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Los graves incidentes violentos que se presentaron en las últimas semanas, son evidencia de que la delincuencia, con todo lo que la rodea como causas y efectos, sigue siendo el desafío más crítico para la nación.

Estos hechos, que incluyen homicidios de personajes políticos y civiles, actos de brutalidad extrema del crimen organizado, así como ejecuciones y desapariciones numerosas, ratifican que todavía estamos muy lejos de un estado de cosas que permita relajar la guardia en materia de seguridad pública.

Más aún, porque los sucesos de alto impacto que son noticia coinciden con una percepción ciudadana de inseguridad que se mantiene en muy alto nivel, y como la mayor preocupación de los mexicanos. Los índices delictivos y de impunidad han continuado en aumento o mejoran poco o muy lentamente. Así lo confirmó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2014), que se dio a conocer justo la semana pasada.

La tercera parte de los hogares mexicanos tiene integrantes que sufrieron algún tipo de delito en un año, con más de 22 millones de víctimas y 33 millones de incidentes. Nueve de cada 10 quedaron sin denuncia, con una «cifra negra» que vuelve a crecer, y que ilustra la desconfianza prevaleciente con respecto a la procuración de justicia.

La causa está en el temor, como ocurre en zonas donde gran parte de las policías es, de hecho, parte de la delincuencia organizada; o bien por la ineficiencia y corrupción de autoridades y responsables, que se ha vuelto endémica en algunas regiones y municipios.

Todo esto mantiene el grado de impunidad a niveles superiores al 97% de los delitos, y a que la mayoría de las víctimas prefiera ahorrarse las molestias y tiempo.

De acuerdo con la encuesta, se incrementa la tasa de delitos, con los aumentos en la extorsión, el secuestro, que ha repuntado, y el robo, en particular asaltos en la vía pública o en el transporte, con afectación a familias de bajos recursos.

 

Tales indicadores igualmente son coincidentes con el impacto de la delincuencia y la inseguridad en la economía, que permanece entre los principales factores de riesgo en las encuestas a analistas económicos y, desde luego, la óptica empresarial, entre las más agudas vulnerabilidades en cuanto a competitividad.

 

Los peores resultados que tenemos en el ranking 2014-2015 del Foro Económico Mundial, están en ese apartado: de 144 países, el lugar 140 en crimen organizado, 135 en cuando a costos para los negocios derivados del crimen y la violencia y 128 en confiabilidad de los servicios policiacos.

 

Son de reconocer los esfuerzos que se están haciendo en múltiples frentes, así como la mejoría en temas como la tasa de homicidios, cuya disminución ha sido consistente. No obstante, no podemos cantar victoria, cuando se estima que en México se comete el mismo número de asesinatos en un año que todos los que se dan en el conjunto de países europeos.

 

Hay avance, pero falta mucho por hacer, ante la magnitud de la problemática y el desafío que represente. Se requiere de un mayor esfuerzo y compromiso de todos para que el panorama cambie con mayor velocidad y sustento.

 

Las señales son claras: un llamado a redoblar esfuerzos en esta que es una lucha de la nación, no de un solo gobierno.

 

Es evidente que nuestro sistema policial necesita cirugía mayor, y sobre todo en la responsabilidad local, el que tiene que ver con la mayoría de los delitos, que son los del fuero común. Según encuestas, siete de cada 10 mexicanos desconfía del desempeño de sus policías estatales o municipales.

 

Se han invertido miles de millones de pesos en tecnología, capacitación, control de confianza, profesionalización y certificación, sin que haya una mejoría proporcional y al ritmo que se requiere. La coordinación se ve mermada por fenómenos como la corrupción, falta de protocolos y un modelo policiaco nacional laberíntico, con enormes disparidades.

 

Urge trabajar en una arquitectura policiaca coherente, a través de mecanismos como los mandos únicos.

 

Hay estados y ciudades que han logrado unja importante renovación, reduciendo con ésta la incidencia delictiva y ganando puntos en la confianza ciudadana. Es el caso de Nuevo León.

 

Sin embargo, en algunas regiones y municipios, la debilidad institucional raya en lo que observadores han caracterizado como Estado rebasado, ausente o suplantado. En algunos lugares, las policías se confunden con las fuerzas de un crimen organizado, el cual también ha penetrado en las estructuras políticas y de gobierno.

 

Se ha estimado según algunos estudios, que el crimen organizado tiene presencia operativa importante en 30% de los municipios del país, y aspiran a convertirse en actores políticos clave de los mismos, y en muchos casos lo han logrado.

 

En este punto, al inicio de los trabajos del proceso electoral concurrente de 2015, hacemos un llamado para que se diseñe e implemente un mecanismo nacional para blindar las precampañas y las campañas de la infiltración de dinero y candidatos de la delincuencia organizada. Se requiere de un compromiso de los partidos políticos, el INE, los gobiernos Federal y estatales para cerrarles el paso.

 

La primera obligación, en todos los niveles de gobierno, es cumplir y hacer cumplir las leyes, y proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Se trata de gobernar; asumir sus responsabilidades, y no de administrar el deterioro, desentendiéndose de los problemas o, peor, colaborando con los criminales, por acción, omisión o protección a sus actividades.

 

Ante esta situación, las fuerzas armadas han sido, y son, el baluarte del Estado mexicano, protegiendo a la población y realizando con patriotismo el trabajo que no están haciendo muchas autoridades y policías, con todos los riesgos que ello implica. En este sentido, el respaldo de la sociedad a las fuerzas armadas es contundente, como lo es el del sector empresarial.

 

Los casos aislados de conflictos que se han llegado a presentar, más que desacreditar a la institución castrense y a su intervención inevitable y ejemplar, deben funcionar como un reclamo para que las fuerzas del orden civil, en todo el país, acaben de reformarse para cumplir con sus obligaciones.

 

El gran tema pendiente es el fortalecimiento del Estado mexicano, como se deduce de todo esto.

 

El crimen organizado y la corrupción, en gran medida, forman parte de un mismo problema, o están entrelazados, y se alimentan mutuamente. La lucha a fondo contra la impunidad es lo que está haciendo más falta en México. Este es el gran reto de los mexicanos, para la transformación a fondo.

Como parte de la sociedad, el sector privado hace un compromiso para apoyar y asumir nuestra responsabilidad en el combate a fondo al crimen organizado y coadyuvar en el reto de fortalecer nuestras instituciones.

 

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