Prioridades postelectorales y sexenales

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Aunque todavía tienen que ser desahogados diversos procedimientos, y seguramente diferencias y reclamos que llegarán hasta los tribunales, está claro, en lo general, el saldo de las elecciones del 7 de junio, en cuanto a lo que implica en términos de escenarios, prioridades y correlación de fuerzas políticas, a nivel nacional y para los próximos tres años.

En el más corto plazo, la solicitud que reiteramos para la etapa postelectoral, en especial a partidos políticos y candidatos, es un comportamiento responsable, en el marco de la ley y de las instituciones. En adelante, lo fundamental es que haya una respuesta congruente a los reclamos y las señales que derivan del sufragio ciudadano.

Es necesario alinear de manera consecuente una visión, una actitud y una agenda nacional de acuerdo con las pautas que el proceso evidencia o marca sobre el entorno nacional y las perspectivas de coyuntura y de más largo plazo.

Estamos convencidos de que los resultados finales del proceso electoral, contra lo que se preveía y las tendencias de elecciones intermedias, tienen una significación y una relevancia que trasciende lo contingente.

Se quiebran paradigmas, se abren oportunidades y se perfilan nuevos patrones, que consideramos irán adquiriendo un contorno más claro y mayor fuerza en lo sucesivo, rumbo al 2018 y en adelante. Esto incluye un balance de fuerzas políticas distinto al que ha prevalecido durante la transición democrática, desde fines de los años 90.

Todos debemos hacer la lectura correcta; sería un grave error ignorar las lecciones y el significado del voto ciudadano y del nuevo paisaje político. Apuntan a una mayor competencia y pluralidad, más allá del tripartidismo; a un debate político más intenso; al empuje y valoración de las candidaturas independientes o de candidatos ciudadanos lanzados por institutos políticos, como alternativa viable y también como herramienta eficaz para presionar a los partidos y a la clase política tradicional para que cambien y se pongan a tono con los nuevos tiempos y las exigencias de los ciudadanos.

Si bien subsiste el peso del voto duro o clientelar, una ciudadanía más consciente de sus capacidades crece en términos cuantitativos y de influencia, para trascender el hartazgo respecto a la política, a través de la participación cívica. Se muestra con contundencia el poder del voto para premiar o castigar, y así procurar una representación efectiva en los congresos y los gobiernos.

En el mismo sentido, tenemos la convicción de que, a pesar del desencanto respecto a la forma como se ha desenvuelto la democracia mexicana, se ratifica un rechazo tajante de los mexicanos a la violencia y al extremismo en la política, redoblando la apuesta por la vía de las instituciones.

Se ha confirmado que los ciudadanos no aceptan ni van a retraerse ante las amenazas de grupos radicales y delincuenciales. Las autoridades tienen ese respaldo social para cumplir con su obligación de hacer valer el Estado de derecho y abatir la impunidad. Ya basta de chantaje: el Estado mexicano y el futuro de nuestros niños y jóvenes no pueden ser rehenes de camarillas como las que manejan la CNTE.

Otra señal igualmente fundamental es el aval al proyecto nacional representado por las reformas estructurales. México tiene en ellas una ruta clara para su desarrollo y ésta cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, expresado en las urnas.

El llamado es a no poner la viabilidad de este gran proyecto en riesgo. En la delicada fase de implementación de las reformas, no puede haber cabida a la discrecionalidad, la politización o la negociación en la aplicación de lo que se ha asentado en las leyes, y mucho menos claudicación a la Constitución.

Ningún paso atrás, ni titubeos en programas y esfuerzos como los que tienen que llevarse a cabo en materia educativa, pues con ello sólo se enviarían señales que alientan la incertidumbre para todos los actores, lo mismo la mayoría de los maestros que buscan el cambio, que entre inversionistas. El peligro mayor es que se puede afectar al ciclo reformador en su conjunto.

Al contrario, contra quienes apuestan al retroceso o a que perduren intereses parciales por encima del progreso nacional, es tiempo de relanzar el compromiso con las reformas. Momento, asimismo, de complementarlas, para afianzar su viabilidad y éxito, además de ampliar su proyección.

Para efectos prácticos, inicia la segunda mitad y cuenta regresiva sexenal, lo que hace necesario acelerar el paso reformador y darle toda la firmeza y dirección necesaria, para que trascienda más allá del 2018, en el largo plazo. Hay que adelantar los resultados y fortalecer la confianza en el proyecto, y para ello contamos con oportunidades como los cambios y ajustes que hacen falta en materia hacendaria, la gran reforma pendiente.

Es hora de apoyar con contundencia una reactivación más sólida del mercado interno, de ponernos de acuerdo en una política de fomento económico de avanzada, alineada con las reformas, que impulse la productividad, la conexión entre el sector externo y el doméstico y las cadenas de valor agregado a nivel regional y nacional.

Es preciso llevar las reformas del nivel macro al micro, con una política de desarrollo regional eficaz. Esta misma semana, en el Consejo Nacional del CCE, nos reuniremos con la Conferencia Nacional de Gobernadores para acordar estrategias para lograr un mayor crecimiento desde los estados y maximizar sus ventajas comparativas.

Desde luego, el otro factor fundamental es el desarrollo de las instituciones del Estado Mexicano, por la gobernabilidad democrática, la seguridad pública y la legalidad. Hay que apuntalar este eje estratégico con una agenda sólida de fortalecimiento de la confianza: institucional, política, social, económica. Esta es una tarea que no podemos esquivar; que exige acciones y compromisos por parte de todos.

En este marco, los resultados de los comicios del 7 de junio pasado y los problemas que quedaron en evidencia durante las campañas remarcan la necesidad de hacer las reformas y ajustes legales y de arquitectura institucional necesarios para evitar escenarios más complicados en el 2018. Esto incluye la exigencia de que los partidos renueven sus prácticas y actitudes, para acercarse más a la ciudadanía y poner un alto al deterioro de su credibilidad.

Por su puesto, el combate a la corrupción y la impunidad, como prioridad ciudadana ratificada con ese estatus en las elecciones, tiene también que ser prioridad máxima de los partidos, los candidatos ganadores y en todos los poderes y órdenes de gobierno.

Un objetivo fundamental de la segunda mitad de este sexenio, signo de que avanzamos en la dirección correcta, es consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo, que ayude a abatir la impunidad y sea puntal para regenerar las instituciones y la política en México.

El balance de estas elecciones es una gran oportunidad. Tenemos tiempo de evitar riesgos de populismos, regresiones o escenarios de polarización. En cambio, podemos apuntalar la vía de las reformas y la renovación, a fin de lograr una mayor seguridad pública y relanzar el crecimiento económico y el desarrollo de la democracia.BASFverde

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