Por una democracia basada en el derecho de todos

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Esta semana tendrá lugar un periodo extraordinario de sesiones en las dos cámaras del Congreso de la Unión, dedicado exclusivamente a la aprobación de cambios en leyes secundarias en materia electoral.

Se trata de la parte que más urge sacar entre los muchos pendientes, derivados no sólo de la reforma de diciembre de 2013, sino también de la que la que le precedió de 2012, la cual introdujo a la Constitución instrumentos democráticos como las candidaturas independientes.

Las razones del apremio son claras y contundentes: este año sólo hay comicios en Nayarit y Coahuila para alcaldías y diputaciones locales, pero lo que está de por medio es el desarrollo de las elecciones intermedias y concurrentes de julio de 2015.

A nivel federal, viene la votación para diputados; en los estados, la renovación de nueve gubernaturas, así como ayuntamientos y congresos locales en el mismo número de entidades.

Todo esto está marcado por la necesidad de incorporar las nuevas disposiciones y que la autoridad electoral ejerza las facultades y cumpla con las nuevas obligaciones que le dicta la Constitución, las cuales ahora se extienden a la jurisdicción local.

A la par de la transición del IFE al recién constituido Instituto Nacional Electoral, éste tiene el reto de organizar y regular un proceso electoral mayúsculo, que inicia en unos cuantos meses, y con un marco jurídico e institucional en el que subsisten muchas imprecisiones.

Hay tiempo, pero apenas el justo para evitar riesgos importantes en distintos frentes de trascendencia nacional, por las definiciones que hacen falta a fin de que haya certidumbre para todos los actores.

Hay que darle márgenes de tiempo adecuados al INE, para que no haya saturación en los procesos federales y estatales, que rebasen su capacidad operativa, con los potenciales conflictos inherentes a una situación así.

Las elecciones del 2015 no sólo pondrán a prueba la consistencia de las sucesivas reformas políticas y la capacidad de aterrizarlas institucionalmente, incluyendo la del 2007-2008, que impulsó la concurrencia de elecciones, sino también la solidez de nuestra democracia, en esta fase de cambios tan importantes para la nación.

Además, la agenda en otros asuntos pendientes de resolver en el Poder Legislativo es igualmente abultada y de urgente resolución. El factor político, aun con lo importante que es, no debe retrasar las leyes reglamentarias de las reformas de telecomunicaciones y energética, que también tienen que aprobarse en sus respectivos periodos extraordinarios, lo antes posible.

En suma, la aprobación de estas leyes secundarias de la reforma política-electoral no debe pasar de esta semana. Se necesita que estén listas en tiempo y por supuesto en forma, estando a la altura de las disposiciones constitucionales y del momento que vive nuestra democracia.

Resulta fundamental que las leyes, como la General de Instituciones y Procedimientos Electorales la (Legipe) o las referentes a Partidos y Medios de Impugnación, así como a delitos electorales tengan una adecuada compaginación. Hay que asegurar que todo embone bien y que las indefiniciones o la imposición de condiciones incumplibles no vuelvan nugatorias las directrices constitucionales, o peor aún deriven en retrocesos o efectos colaterales negativos.

La consigna debe ser generar certeza y cerrar espacios a abusos y manipulaciones. Que la reforma política sea para beneficio de los ciudadanos, antes que de los partidos; para promover su participación y desarrollo como actores decisorios de la democracia.

Que se respeten las libertades y derechos de expresión y participación política, y de hecho, que se amplíe el alcance del ejercicio de estas facultades ciudadanas.

Que el nuevo INE sea un avance hacia la consolidación de la democracia, y no se pongan en riesgo los logros históricos que son un legado de todos los mexicanos, producto de muchos años de lucha.

El cambio del IFE al INE debe cumplir, con efectividad, al objetivo de contribuir a reducir brechas de desarrollo democrático en las distintas zonas y estados del país, contra cacicazgos, prácticas anacrónicas de opacidad y abusos. De otro modo, sólo significaría más costos, con posibles duplicidades y confusiones.

El marco jurídico sobre la propaganda política debe estar orientado hacia las necesidades de los electores, más que a los requerimientos de los candidatos. La equidad en la competencia política es indispensable, pero también lo es el derecho a la información y la participación de los ciudadanos.

Las causales de nulidad de elecciones deben estar muy bien precisadas, para procurar eficazmente la equidad, pero sin introducir elementos graves de incertidumbre e inestabilidad.

En cuanto a las candidaturas independientes, hay que cumplir con dos principios básicos: primero, que no queden como letra muerta o buenos deseos; que puedan realmente darse, sin obstáculos legales o informales que las vuelvan imposibles en la práctica.

La segunda premisa, establecer un equilibrio adecuado en factores como requisitos de firmas y esquemas de financiamiento público-privado, para evitar los abusos y manipulaciones, cerrando espacios para el oportunismo político o el uso de este mecanismo para otros fines.

No vemos por qué no puedan lograrse consensos en torno a estos fundamentos, para que la reforma política-electoral realmente signifique un gran salto en la tarea de fortalecer nuestra democracia.

En este sentido, no hay que olvidar que todavía restan muchos pendientes en torno a esta reforma política, como la legislación secundaria relacionada con la Comisión Nacional Anticorrupción y la nueva Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.

El fortalecimiento institucional del Estado mexicano es el desafío estratégico en el que México tiene que concentrarse a fondo en los próximos años. Este es el blindaje necesario para que reformas tan importantes como las económicas funcionen a todo su potencial, para que haya desarrollo realmente sostenible, sustentable e incluyente; para afianzar la cohesión social, la justicia, la seguridad pública y el progreso.

La gobernabilidad democrática en estado de derecho es un requisito para progresar, y un frente en el que hay avanzar con paso firme. El sector empresarial está comprometido a fondo en esta tarea, por una democracia sólida, vital y eficaz para superar los retos y aprovechar las oportunidades de todos los mexicanos. Una democracia basada en el derecho de todos.

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