Por un combate a la pobreza más eficaz

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Las cifras que acaba de dar a conocer el Coneval revelan nuevamente un aumento de la pobreza, tanto en términos relativos como en el número de personas que la padecen. Se reconfirma la incapacidad que hemos tenido, como nación, para construir una economía más dinámica e incluyente, por una parte, y una política pública de desarrollo social eficaz para abatir la marginación.

Mientras que el gasto público canalizado al desarrollo social se multiplicó por tres en 25 años, el porcentaje de la población en situación de pobreza apenas ha variado.

Es inevitable reconocer que por décadas, el combate a la pobreza ha sido fallido.

La pobreza extrema disminuyó un 0.8% en los últimos dos años, lo que podría indicar, si se confirma en las próximas mediciones dentro de dos años, que programas como el que implementó el Gobierno Federal para erradicar el hambre están dando resultados.

Sin embargo, más de 11 millones de mexicanos permanecen en esta condición de pobreza extrema, la cual es intolerable, y si se sostuviera ese ritmo en su reducción, de alrededor de 50 mil personas por año, tardaríamos más de 200 años en erradicar este flagelo.

Además, la población en pobreza a nivel nacional se incrementó 0.7% en el mismo lapso, con 2 millones más de personas en esa situación, para sumar un total de 55.3 millones.

Claramente, en este reto reside una de las principales respuestas a por qué durante décadas no hemos logrado que nuestra economía sostenga tasas de crecimiento promedio anual de más de 2.5 por ciento. El desarrollo del mercado interno está limitado estructuralmente porque casi la mitad de los mexicanos, por su situación de pobreza e informalidad, está en gran medida impedido de incorporarse a dicho mercado.

De la misma forma, el crecimiento y la multiplicación de las empresas quedan acotados ante la falta de un mercado más vigoroso.

Por eso hemos insistido en que no hay otra vía para superar la pobreza al ritmo que necesitamos que lograr un mayor crecimiento, de 5% anual o más, con un gasto público cada vez más eficaz, que ayude a reducir las brechas entre la población y entre las distintas regiones del país; que incida en una movilidad social más rápida y significativa.

Acciones como la que se llevó a cabo en Oaxaca para rescatar su sistema educativo que estaba en manos de intereses sindicales y políticos, son fundamentales, con el objetivo de asegurar el acceso a una educación pública y gratuita de calidad, especialmente para la población en pobreza y las zonas más rezagadas del país.

La educación de calidad es el factor definitivo para dejar la pobreza, como se ha demostrado en países como Corea del Sur. En muchas zonas de México, en cambio, su deficiencia o ausencia ha contribuido a la perpetuación de la marginación. De ahí la importancia de comprometernos con la reforma educativa, y que no haya excepciones ni pretextos en su implementación.

Es con mejor educación como las nuevas generaciones pueden tener un mejor futuro; no con llamados populistas de actores políticos que buscan lucrar con el conflicto social o polarizar a la sociedad, como se ha visto en relación a la situación en Oaxaca.

En el mismo sentido va el esfuerzo para el desarrollo de las regiones y los estados con mayores problemas de marginación, como el Sur-Sureste, que sea una verdadera prioridad nacional. Necesitamos una política de acción afirmativa para reducir las brechas de desarrollo en México.

Desde luego, resulta clave contar con una política social más eficaz, libre de gastos y programas que acaban siendo regresivos, lo cual se inscribe, en un plano más general, en la importancia de mejorar la eficiencia del gasto público.

Por eso hemos dicho que, junto con una política fiscal promotora de la inversión, el crecimiento y el empleo, una de las reformas estructurales pendientes de mayor potencial en México es emprender una auténtica reingeniería del gasto público, con los principios de eficiencia medida en resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Ahí radica la relevancia de la decisión del Gobierno Federal de iniciar un proceso de presupuesto base cero, al que todos los mexicanos debemos respaldar, para que vaya en serio y a fondo.

Cuando observamos los comparativos internacionales en relación al índice de Gini, que mide la desigualdad, podemos comparar los valores para antes y después de impuestos y transferencias, a fin de evaluar la eficiencia del gasto público para fines de desarrollo social.

Nuestro coeficiente es un poco superior a los 50 puntos antes de la acción del Estado, similar al de otros países desarrollados: un nivel parecido de desigualdad al de Irlanda o España. La diferencia es que, al incorporar la incidencia tributaria y del gasto público, transferencias y programas, en estos países de Europa el índice mejora casi 20 puntos, para quedar arriba de 30. En México, en cambio, el grado de desigualdad prácticamente no se mueve; no mejora la distribución del ingreso en el país.

En este sentido, el presupuesto base cero es fundamental para México, lo mismo que afinar al máximo la política de desarrollo social, en los tres niveles de gobierno, para librarla de los costos burocráticos excesivos y sobre todo de prácticas clientelares o de corrupción, que lesionan gravemente su efectividad y legitimidad.

México no va a avanzar al ritmo que se requiere si no combatimos con efectividad y con toda la fuerza del Estado y de la sociedad al flagelo de la pobreza. La ruta y las soluciones son claras. Cerremos filas por los que menos tienen, por un México con oportunidades y un mejor horizonte para todos. El sector empresarial reitera su compromiso para superar estos retos.

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