Política de Inclusión Financiera

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Es natural que el procesamiento de la legislación secundaria de las reformas energética y de telecomunicaciones concentre la atención en la agenda pública, por los alcances de los cambios involucrados, pero también por la multiplicidad, la amplitud y la complejidad de las áreas y detalles que hay que cuidar. Sin embargo, esto no debe hacer que perdamos de vista otros elementos fundamentales del devenir político y económico de México, y en particular, aquellos que tienen que ver con la necesidad de lograr un mayor desarrollo económico.

Este es el caso de todo lo relacionado con el concepto de inclusión financiera, sobre el cual el Gobierno Federal está poniendo un gran interés, respondiendo al llamado que hemos hecho desde distintos sectores, a fin de consolidar una política integral e inclusiva en la materia, con acciones concretas para llevarla a cabo.

El compromiso de hacer una campaña para fomentar la inclusión financiera, que hicimos en el sector privado con el Presidente de la República, a través de la Agenda por México, que suscribimos desde el periodo previo a las elecciones del 2012, está tomando forma y proyección. Así se puso de manifiesto en el Foro Internacional de Inclusión Financiera que tuvo lugar la semana pasada, con la participación de académicos, funcionarios públicos, representantes del sector financiero y de la sociedad civil, de varios países.

Ahí se revisaron las estrategias nacionales, los impactos de nuevas regulaciones internacionales, las alternativas que se están abriendo a través de la innovación de productos, servicios y canales financieros, y la importancia de la educación financiera, entre otros puntos.

Como se señaló en el Foro, no se trata exclusivamente de un tema de finanzas, sino también de equidad y de justicia social; es crucial para que podamos tener una economía sana y en crecimiento, y lo más importante, para que el desarrollo efectivamente llegue a todas las capas de la población.

Sin un gran esfuerzo para impulsar la inclusión financiera, el proceso de modernización de México, los beneficios que está generando una reforma como la financiera, e inclusive el combate a la pobreza, estarán acotados en un grado muy importante.

Los datos son esclarecedores: seis de cada 10 mexicanos llegan a utilizar mecanismos informales de ahorro o crédito, cuando tienen necesidades de recursos; el 20% no recurren a ningún instrumento financiero y cuatro quintas partes de quienes inician un negocio, lo hacen con sus propios recursos o con el ahorro familiar, lo que pone límites rígidos al crecimiento y la multiplicación de las empresas, y con ello a la creación de empleos y el crecimiento económico.

Casi 37 millones de jóvenes mexicanos menores de 30 años de edad, carecen de cultura financiera, no realizan ninguna planeación de ese tipo ni ahorran para su futuro, además de que son vulnerables al sobrendeudamiento, de acuerdo con la encuesta patrocinada por la UNAM y Banamex.

De aproximadamente 80 millones de adultos, menos de 48 millones son clientes de la Banca, lo que representa un enorme reto para el sector. El desafío es darle acceso a servicios financieros a un mayor número de mexicanos, con un foco en familias de menores ingresos y Pymes.

Necesitamos lograr mayor acceso a créditos, medios de pago e instrumentos de ahorro, lo cual incidirá positivamente en el desarrollo económico del país y en la calidad de vida de los mexicanos.

Hacia el final del sexenio, se busca bancarizar a 15 millones de personas y darle crédito a 10 millones de nuevos acreditados.

Los sectores bancario, asegurador y bursátil, cuentan con infraestructura, niveles de capitalización, personal, tecnología, productos y servicios de primer orden. Sin embargo, los indicadores de penetración financiera y uso de los diversos servicios financieros, tanto de ahorro, medios de pago, previsión, protección e inversión, tienen un amplio margen de mercado por trabajar.

Con la reforma financiera se pusieron bases sólidas para conseguir estos objetivos, y debemos seguir generando políticas públicas en pro de la inclusión financiera, lo mismo de corte regulatorio que fiscal. El sector privado trabaja en varias áreas de oportunidad.

En materia de seguros, una prioridad es promover esquemas de microseguro y el seguro obligatorio de automóviles de responsabilidad civil a nivel federal; asimismo, apoyos a la primas de seguros de la población de la base de la pirámide, para la cobertura de riesgos catastróficos. Hay que lograr una mayor y más eficiente complementariedad entre los esquemas públicos de seguridad social y las capacidades del sector privado.

En el ámbito bancario, se está trabajando en impulsar el pago electrónico de nómina, en los tres niveles de gobierno, la domiciliación de recibos, como pagos de agua y luz; en promover la terminalización de comercios e impulsar cuentas móviles.

Se realiza un esfuerzo para reforzar las sociedades de información crediticia, así como para agilizar la transaccionalidad en corresponsales bancarios. La educación financiera y la medición de la inclusión financiera efectiva son factores clave.

Vemos una alternativa muy importante en el desarrollo de la industria del capital emprendedor en México.

Se trata de generar fondos o canales de intermediación financiera que inviertan directamente en nuevas empresas privadas para encauzar su crecimiento, jugando un rol activo en el monitoreo, gobiernos corporativos y gestoría del desarrollo formal de estos negocios.

En la actualidad, el capital emprendedor o semilla en nuestro país representa menos del 1% del capital total al que tienen acceso las empresas, mientras que en Estados Unidos es 6% y en Israel, líder en este ramo, aproximadamente del 35 por ciento. Este financiamiento, en esos países, se canaliza mayormente a nuevas compañías, más que a grandes empresas y proyectos públicos.

Para detonar este motor de crecimiento se requiere de una sinergia entre Gobierno, operadores de fondos y emprendedores, aprovechando las experiencias de países como Brasil, Colombia y Uruguay o de las mejores prácticas que se dan en Estados Unidos, España, Reino Unido o el propio Israel.

En Estados Unidos, el Capital Emprendedor es el principal activo que más trabajos ha generado; el 50% de todas las empresas listadas en bolsa de ese país tuvieron una inversión de Capital Emprendedor.

México tiene múltiples áreas de oportunidad, que debemos explotar para acelerar el crecimiento. El compromiso del CCE es impulsar cada una de estas opciones, para hacer de ellas motores de dinamismo económico, que sumados, nos den las tasas anuales superiores al 5% de crecimiento que podemos lograr.

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