La Implementación de la Reforma Energética

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La implementación de las disposiciones de la reforma energética marcha a buen paso. Con ello, avanza vigorosamente la transformación que necesitamos en este sector.

Se presentan perspectivas muy favorables en términos de inversiones -públicas y privadas-, así como el proceso de reforma, en el terreno de los hechos, en todas las áreas involucradas, directa o indirectamente: de la industria de los hidrocarburos y la electricidad a la relación estratégica de éstos con el sector productivo, en general.

Sin embargo, apenas estamos en la fase inicial. Los retos son muchos y la mayoría, complejos, con riesgos importantes en un camino que exige mucha atención.

Para superar el desafío, y que el proceso de instrumentación sea exitoso, se requiere de una gran gestión profesional y eficaz del mismo, interacción efectiva y productiva entre el gobierno, las autoridades y todos los actores del sector y la iniciativa privada.

La sociedad debe contar con información clara sobre el desarrollo de la reforma y espacios para participar en los mismos y en las oportunidades que se abren. Asimismo, la transparencia y el apego al Estado de derecho son principios clave para que el potencial energético se materialice y sus beneficios se extiendan a todos los mexicanos.

A la cantidad, diversidad y problemáticas que hay que superar en la ejecución de la reforma, hay que añadir que disponemos de un espacio de tiempo muy limitado.

Hay urgencia de cumplimiento de plazos y para completar el establecimiento de las condiciones necesarias para que se aceleren las inversiones y la creación de más y mejores empleos que esta solicitando México; para concretar los cambios que tienen que hacerse en las empresas productivas del Estado para recuperar el terreno perdido y llevar a cabo los cambios estructurales que apremian; para conectar la reforma energética con un renovado impulso industrial; a fin de que la población vea en sus bolsillos los beneficios esperados.

Tras la aprobación del amplio paquete de legislación secundaria, junto con el Gobierno, en el Consejo Coordinador Empresarial detectamos más de 48 ordenamientos, reglamentos y acciones esenciales para garantizar la implementación efectiva y operatividad de la reforma. Ya no se trata de pendientes del Poder Legislativo, que ya ha cumplido sentando las bases y el rumbo que se necesitaban. Estos expedientes corresponden mayormente al Gobierno y la administración pública federal.

Son 17 acciones tan sólo en la parte de hidrocarburos e igual número en electricidad, 11 más en lo que atañe a empresas productivas del Estado y organismos reguladores y tres expedientes fundamentales en materia de contenido nacional.

En las medidas a instrumentar están involucradas la Presidencia de la República y varias secretarías, como Hacienda y Crédito Público, Energía, más la Función Pública, la Consejería Jurídica, así como Pemex, la CFE y los reguladores.

Muchas de las disposiciones son de carácter administrativo y de reorganización de las dependencias, otras tienen que ver con la elaboración de reglamentos y estatutos orgánicos, nombramientos de funcionarios, hasta esquemas tarifarios y de mercado, así como metodologías de la más diversa índole.

También procede establecer criterios para adjudicación de contratos, permisos, licencias y autorizaciones diversas, esquemas de contenido nacional y normativas en materia de seguridad industrial y sustentabilidad.

El proceso va bien, con algunos de estos requerimientos críticos ya desarrollados y muchos otros en trámite.

En la primera quincena de agosto, el Presidente de la República, acertadamente, aceleró el proceso, con la decisión de adelantarse a varios de los plazos. Se dieron a conocer las decisiones en lo relativo a la llamada «ronda cero» y los primeros fundamentos de la «ronda 1»; se emitieron los decretos de creación del CENACE y CENAGAS; se ha completado el nombramiento de consejeros independientes y autoridades en Pemex, CFE, el Fondo Mexicano del Petróleo, la CRE y el CNH. Aprovechamos para expresar nuestra consideración y voto de confianza hacia todos ellos, personas con amplia experiencia, capacidad profesional y que asumen un compromiso con el país.

En lo que resta del año y durante todo el 2015 la carga de trabajo es enorme y el esfuerzo tiene que ser intenso. Es fundamental avanzar rápido y adecuadamente en estos aspectos, en cada uno de los requisitos de carácter administrativo, que son fundamentos para que la reforma camine.

Entre los pasos siguientes más importantes está el proceso de la «ronda uno», en el primer trimestre del 2015, que ha despertado gran interés en México y en el exterior. Asimismo, completar la integración e instalar los órganos de gobierno, consejos de administración y comités; apuntalar las capacidades de los órganos reguladores y operadores. Este es un desafío estratégico, que será definitorio no sólo para el éxito de la reforma, sino para la economía nacional.

Desde luego, hay que completar toda la reglamentación y lineamientos, con más de una docena de plazos perentorios en este mismo año y un número mayor en el 2015.

Para el sector empresarial hay prioridades muy concretas, comenzando por la creación de la comisión de seguimiento e implementación de la reforma, a efecto de potencializar la inversión y el empleo para el crecimiento.

Estamos trabajando intensivamente en la consolidación de un modelo de consorcios, que busca detonar la inserción de las Pymes en contratos de empresas tractoras que se ejecuten en cada región, particularmente en los 12 estados que concentran la actividad y potencial energéticos.

Paralelamente, buscamos que haya un sistema nacional de certificación para Pymes y un Comité de Contenido Nacional que facilite la participación de las empresas mexicanas y la conformación de cadenas de abastecimiento y clusters; un órgano que trabaje en cuestiones como la integración de un registro nacional de proveedores.

Otros puntos clave son apostar más a las universidades y centros de I+D, para generar más capital humano relacionado con el sector, así como impulsar la integración energética de América del Norte, en el marco del TLCAN. Igualmente, hay que hacer un gran esfuerzo en la provisión de líneas de crédito públicas y privadas para proyectos energéticos, así como acuerdos marco de política industrial y de desarrollo regional ligados a la reforma.

Adicional, la transformación de PEMEX y CFE en empresas productivas del Estado implica cambios de fondo en su gestión, comenzando por un enfoque eficaz de transparencia y rendición de cuentas, que acabe con prácticas opacas y espacios de corrupción.

El reto es claro: que la reforma energética sea un puntal para pasar de un crecimiento inercial insuficiente ante las necesidades de los mexicanos, a una dinámica verdadera de desarrollo sostenido e incluyente. Nos estamos jugando el futuro de México y de las próximas generaciones.

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