Empresarios piden Leyes Anticorrupción para acabar con la impunidad

Los organismos que integran el CCE dijeron que “es momento de compromiso y de acción. Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los mexicanos lo demandan y México lo necesita”.

Por: Newsweek en Español

30 May 2016

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México exhortó al Congreso de la Unión a aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción “para acabar con la impunidad que impide el pleno desarrollo de México”.

“La corrupción es uno de los principales frenos para la economía del país. Son miles de millones de pesos de los mexicanos que dejan de invertirse en educación, salud, desarrollo social o empleo”, recordó el organismo empresarial mediante un comunicado de prensa.

Los organismos que integran el CCE dijeron que “es momento de compromiso y de acción. Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los mexicanos lo demandan y México lo necesita”.

El pasado 19 de mayo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo miembro de la CCE, denunció “la falta de compromiso y la falta de actitud cívica” y el “gran cinismo” de los representantes del Poder legislativo quienes postergaron la discusión del Sistema Anticorrupción, y anunció que llevaría su denuncia a instancias internacionales como la OCDE y la OEA.

“Con esta actitud dan abiertamente la espalda a los mexicanos que exigen el fin de la corrupción, de la impunidad, y de la opacidad. Pareciera que en México los primeros en no respetar las leyes son quienes tienen la obligación de crearlas, es decir: los legisladores”, manifestó la Coparmex que integra a 65 Centros Empresariales los cuales se reunieron ese día en Tijuana, Baja California.

En ese sentido, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador, dijo este día en su mensaje semanal que tanto elgobierno, como los partidos políticos, la sociedad y la iniciativa privada deben coincidir en la necesidad y la urgencia de consolidar el Estado de derecho y la justicia en México, “la gran deuda de la transición democrática”.

“En esto, un México más justo, debe contemplar necesariamente un nuevo pacto social de respeto a la legalidad y un alto a la impunidad y la corrupción, con el compromiso indeclinable de todas las instituciones del Estado, de los partidos políticos, los ciudadanos y también los empresarios, asumiendo cada quien el rol y la responsabilidad que nos corresponde”, comentó.

Castañón indicó que los “datos duros” sobre el impacto de esta práctica son consistentes. Mencionó que el costo de la corrupción es de hasta el 10 por ciento del Producto Iinterno Bruto, de acuerdo a distintas estimaciones, y refirió que esto implica el cinco por ciento de las ventas anuales de las empresas.

El presidente del CCE explicó que esta misma semana las comisiones del Senado construirán los dictámenes sobre la reforma anticorrupción, que deberán ser votados en el Periodo Extraordinario de Sesiones previsto del 13 al 18 de junio.

Juan Pablo Castañón dijo que es urgente que los legisladores acuerden y aprueben las siete leyes secundarias e insistió que no deben pasarse por alto aspectos fundamentales, como tener una Auditoría Superior de la Federación autónoma además de que se debe de reforzar la figura de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los tribunales especializados y la fiscalía especializada.

El empresario que no debe olvidarse la ley de responsabilidades administrativas que han impulsado la sociedad civil con el nombre de ley 3 de 3 la cual busca observar el desempeño honesto de los funcionarios públicos.

También indicó que es importante conservar el espíritu de un consejo ciudadano que le dé seguimiento al sistema y que pueda determinar hacer los ajustes que sean necesarios, para rendir frutos, para obtener los resultados, para alcanzar los indicadores de disminución de la corrupción que tanto afecta a los mexicanos.

Castañón destacó que los hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de la Estadística y Geografía (INEGI), confirmaron que los mexicanos tienen una visión mayoritaria, precisa y certera de los dos más grandes problemas del país: la inseguridad y la corrupción, por encima incluso de los desafíos económicos.

“Ahí es donde hay que buscar las causas del malestar que prevalece en amplios sectores, que opacan, recurrente y justificadamente, todo tipo de avances en otras áreas. A los ojos de los ciudadanos, la delincuencia, la corrupción y la impunidad, son los mayores obstáculos que enfrenta el desarrollo del país. El 90 por ciento ve como frecuente a la corrupción y el 85 por ciento percibe que su ciudad es insegura”, dijo el presidente del organismo empresarial.

De acuerdo con el INEGI,en México existe una mayoría que ve a la corrupción como uno de los problemas a enfrentar. Los datos muestran que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12 590 por cada 100 000 habitantes.

Esta tasa incrementa a 59 713 personas por cada 100 000 habitantes que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó. En tanto, se ubica en 46,790 por cada 100 000 habitantes a quienes algún conocido les habló de actos de corrupción en los trámites que realizó.

La incidencia fue de 30 097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

La corrupción está metida hasta la médula del sistema político: John Ackerman

Hay contingencia ambiental en la Ciudad de México, pero esta no nubla la soleada mañana en Coyoacán, donde John M. Ackerman me recibe en su domicilio con El mito de la democracia, su libro publicado el año pasado donde plantea que el mexicano es un sistema político de simulación, ya que nuestro país “no cumple con los estándares mínimos para ser considerado un régimen democrático”.

Ya instalados en una sala austera, lanza su primer dardo: “El colapso de la institucionalidad del Estado mexicano”. Luego de postrar su mirada en una ventana que da a un muro verde, agrega:

“La institucionalidad democrática es un mito dividido en dos partes: ciudadanos libres para votar e instituciones públicas trabajando para consolidar la democracia. Ambos supuestos están colapsando, ya que la alternancia en el poder ha sido una continuidad de las alternancias sexenales del PRI”.

En el marco de los próximos comicios donde se renovarán 12 gobiernos estatales, 388 curules locales de 12 estados y 548 ayuntamientos de 11 entidades federativas, el investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM sostiene que el partido en el gobierno se compone de camarillas que se renuevan cada seis años. Alude a lo ocurrido en los cambios de poder de 2000 y 2006, para él no hubo una alternancia política real con la llegada de los gobiernos panistas, pues estos no representaron un cambio verdadero para la nación.

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