El CCE exhorta a responsabilidad en la discusión del SNA

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* El sector empresarial está comprometido en el combate a todas las formas de corrupción.

* Declaraciones 3 de 3 de particulares son excesivas, no contribuyen a la prevención de la corrupción y son inaplicables en la práctica.

Ciudad de México, 16 de junio de 2016.- El Consejo Coordinador Empresarial exhorta a los legisladores a la máxima responsabilidad en la discusión y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, respetando el espíritu constitucional y asegurando que se brinden todas las atribuciones, facultades y recursos a los organismos encargados de la fiscalización, auditoría y persecución de los delitos. La corrupción es uno de los principales frenos para la economía y el desarrollo del país: son miles de millones de pesos de los mexicanos que dejan de invertirse en educación, salud, desarrollo social o empleo, además del daño a las instituciones y a la confianza social que genera.

Reconocemos los avances alcanzados hasta el momento en el proceso legislativo y el apoyo y trabajo constante de las organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de los ciudadanos en el seguimiento puntual para alcanzar resultados concretos.

Desde el sector empresarial estamos comprometidos en combatir a fondo todas las formas de corrupción que minan el estado de derecho, incluyendo aquellas en las que hay interacción entre el sector público y privado. Por eso, desde el primer momento apoyamos y promovimos un sistema nacional anticorrupción fuerte, sólido y con capacidad real de poner un alto a la impunidad.

Coincidimos en la necesidad de transparentar el uso específico de recursos públicos por parte de los actores privados y el valor generado por los particulares que recibieron un apoyo gubernamental, a partir de un determinado monto.

Sin embargo, consideramos que la inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica.

Esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.

Durante todo el proceso de discusión en los últimos meses, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas. En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad.

La corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la Ley 3de3. Incluso, tras las discusiones en el Senado se creó un capítulo especial en donde se establecen sanciones específicas y se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas administrativas graves como soborno, tráfico de influencias, colusión, entre otras (artículos 65 al 72).

En las reglas de contratación pública, adicionalmente, se pueden establecer requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad. Desde el CCE, hemos impulsado mecanismos concretos para capacitar y certificar a las empresas en este sentido.

La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.

La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas.

Por proveedores, no nos referimos únicamente a quienes tienen grandes contratos o licitaciones de obra pública, sino mayormente a pequeñas y medianas empresas que prestan algún servicio o venden un bien, por menor que sea, a cualquier dependencia estatal.

Adicionalmente, el fin para el cual se exigen estas declaraciones no está justificado en esta modificación, ya que las tres declaraciones tienen un foco en el uso de recursos públicos en manos de los servidores públicos, no de los privados. Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3de3. Esta cantidad de información es imposible de procesar, no es útil para los fines de la prevención de la corrupción, e invade innecesariamente los derechos de las personas. Además, las declaraciones de quienes realmente tienen injerencia sobre el uso de los recursos públicos, quedarían escondidas en montañas de papeleo innecesario.

Por ello, refrendamos nuestro compromiso con el combate frontal a la corrupción y por un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz. Llamamos a los actores políticos a actuar con responsabilidad y racionalidad para conseguir este objetivo.

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