Agenda pública crítica

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Tras el periodo vacacional de Semana Santa queda una abultada agenda pública en México, en la cual hay que resolver múltiples asuntos críticos para el país, al tiempo que ayer mismo arrancaron oficialmente las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, varias gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

Tan sólo en el Senado, a menos de un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, se pretende procesar cerca de 18 reformas, para lo cual, en muchos casos, aún no existen los consensos o acuerdos necesarios a fin de que prospere su aprobación.

En la agenda hay pendientes urgentes y de alta prioridad, como lo es la legislación para crear un sistema nacional anticorrupción. No es aceptable otra postergación en este expediente, indispensable en el camino para restituir el maltrecho clima de confianza que existe en nuestro país en relación con la política y el manejo de las instituciones.

Esperamos ver muy pronto signos de que esta Legislatura, que ha logrado cambios históricos para la nación, también cumplirá con esta asignatura, punta de lanza para emprender un combate a fondo contra la corrupción y la impunidad.

A pesar de los grandes cambios que se han incorporado a las leyes mexicanas en los últimos tres años, la agenda reformadora sigue inconclusa, más aún en tanto no se concrete esta reforma para empezar a limpiar a fondo la gestión pública en todos los niveles de gobierno.

De la misma forma, se requiere de decisiones coherentes en otros pendientes claves para el país. Algunos claramente le corresponden a la Legislatura que está concluyendo su tiempo constitucional. La disputa electoral no debe frenar el trabajo legislativo; no debe haber pretextos para no cumplir con los compromisos y las obligaciones constitucionales de por medio.

En abril, el sector empresarial estará impulsando fuertemente diversas reformas que considera esenciales para México y para las empresas: Además del sistema nacional anticorrupción, están el paquete de seguridad y justicia y la desvinculación de salarios mínimos como unidad de cuenta.

Asimismo, la legislación de obras públicas, cambios en materia de sociedades mercantiles, las legislaciones ambientales pendientes y posibles ajustes al marco fiscal, que puedan ser un apoyo emergente para vigorizar el consumo, la inversión y la creación de empleos, lo cual es indispensable para que no se prolongue el débil dinamismo de los últimos años.

Desde luego, gran parte de la responsabilidad sobre las decisiones que hay que tomar en materia de impuestos y presupuesto público corresponderán a la próxima Legislatura, que iniciará en la segunda mitad del año.

A quienes desdeñan las elecciones federales intermedias o consideran que el alejamiento de los procesos de la democracia es una actitud legítima ante los retos del país, hay que recordar que está en juego la conformación de la Cámara que tendrá la responsabilidad de aprobar el presupuesto federal para el 2016, en un contexto económico sumamente complejo, para el cual ya se han anticipado recortes y ajustes en una tónica de austeridad.

Además, se ha anunciado que los próximos presupuestos se construirán como un ejercicio de base cero, que implica romper con inercias, al poner a revisión todos los programas y partidas de gasto, para evaluar desde el cumplimiento de objetivos y el costo-beneficio caso por caso.

El sector empresarial hace un llamado para que esta decisión de llevar a cabo un proceso presupuestal de base cero se implemente a fondo en los hechos. Será un paso trascendente, el cual vemos como un pilar fundamental de la reforma hacendaria integral que tenemos que construir en México. Esta será responsabilidad estratégica de los diputados que los mexicanos debemos elegir el 7 de junio.

Nunca antes en México se han transmitido tantos spots electorales en radio y televisión en los tiempos del Estado: en los dos meses que se extenderán las campañas que acaban de iniciar, serán 11.3 millones correspondientes a los partidos políticos y casi dos millones de las autoridades para promover el voto. Como ciudadanos, no podemos resignarnos a ser espectadores pasivos de propaganda hueca, orientada sólo a la imagen o a acusaciones cruzadas.

Necesitamos posturas claras y propuestas concretas en asuntos tan importantes para todos como sin duda lo es el fiscal. En este sentido, es necesario que los aspirantes a diputados expongan su visión sobre la arquitectura hacendaria que México debe conformar.

Hoy más que nunca, el país necesita de políticos responsables y con visión. ¿Cómo vamos a dar sustentabilidad en el mediano y largo plazos al sistema de seguridad social y de salud, y más aún, lograr que sea universal? Este es el tipo de preguntas que deben responder.

Que tracen una ruta viable para que el Estado dependa menos de los ingresos petroleros, para dejar el margen de acción que requiere la reforma energética; con fórmulas congruentes para fomentar el consumo y la inversión y la justicia fiscal, sin arriesgar la estabilidad macroeconómica.

La sustentabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo depende del vigor de la economía de las familias y las empresas. Los candidatos deben escuchar las necesidades la sociedad y tomar en cuenta las propuestas para encontrar el equilibrio adecuado para crecer más.

De la misma forma, como ciudadanos debemos pedir posturas claras a candidatos a gobernadores, presidentes municipales y diputados locales sobre temas torales como la propia solvencia financiera de sus gobiernos. Se requieren compromisos específicos para mejorar la calidad del gasto público, desarrollar fuentes alternativas de ingresos y ser más activos en la promoción y estímulo de la inversión nacional y extranjera.

Necesitamos gobernadores y alcaldes que se comprometan a fondo con la transparencia, la rendición de cuentas y valores básicos de la democracia, especialmente la división de poderes y el Estado de derecho: que asuman plenamente su responsabilidad sobre los deberes que les marcan la Constitución, comenzando por brindar seguridad física y patrimonial a los ciudadanos y combatir con eficiencia los delitos del fuero común, que están en su jurisdicción, como el robo, el secuestro y la extorsión.

México reclama candidatos y gobernantes responsables, tanto como de ciudadanos que participen, exijan y emitan su voto informado.

Seamos ciudadanos en toda la extensión de la palabra: actores de la democracia; no espectadores pasivos. Esta es la vía de la democracia, para decidir y resolver los problemas colectivos. No permitamos que las elecciones sean un espectáculo de spots y denuestos. El sector empresarial cumplirá con su parte, como agente del desarrollo social.

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