Agenda Legislativa

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Estamos a unos días de que inicie, el 1º de septiembre, un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con un importante cúmulo de asuntos pendientes y en medio de un entorno complejo, tanto en el espectro político, como en el económico y social. Las fracciones parlamentarias están poniéndose de acuerdo en cuanto a sus prioridades y estrategias. Desde la posición ciudadana, hay que hacer lo propio: las decisiones que se tomen en los diferentes temas que están en el debate pueden marcar el curso del país en áreas tan críticas, como la economía, la educación y la seguridad pública.

No es menor la importancia de los temas que más gravitan en la agenda legislativa. Para el sector empresarial hay varios temas de enorme relevancia.

Destaca el Paquete Económico 2017. En este frente, impulsaremos propuestas de ajustes a la legislación hacendaria que permitan garantizar y fomentar el empleo y la inversión.

Vamos por modificaciones al régimen fiscal vigente, con el fin de promover su simplificación e incentivar la actividad económica, el ahorro, el dinamismo del mercado interno y, en general, el crecimiento económico del país. Nos interesa, en particular, facilitar la regularización de las empresas que aún están en la informalidad. Rechazamos nuevos impuestos, o aumentos en los mismos, que golpearían la ya frágil situación económica interna del país.

Por el lado del gasto, seguiremos insistiendo en la racionalización del mismo. Se han hecho esfuerzos, pero han quedado cortos ante los retos que vienen: hay que abatir el déficit primario, incluso alcanzar un superávit; bajar el déficit público al 3% del PIB no es suficiente.

Necesitamos garantizar un superávit primario suficiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que abone para fortalecer la confianza de los agentes económicos y de los inversionistas, que alcance a pagar todos nuestros compromisos, sin tener que contratar nuevos empréstitos, además de propiciar condiciones favorables al crecimiento y la generación de empleos.

Además del Paquete Económico, hay diversas reformas legales pendientes de gran relevancia. Entre éstas, varias que merecen particular atención para nuestro sector empresarial.

El fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, que se cumpla la ley, y que haya consecuencias,  son preponderantes en la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones.

Este periodo puede considerarse como el de la segunda etapa del Sistema Nacional Anticorrupción: su implementación. Corresponde al Congreso los nombramientos finales de quienes encabezarán las instituciones estratégicas para su implementación. Todo México estará atento de las propuestas para los cargos, en espera de que sean personas íntegras, profesionales, con experiencia y garantía de independencia.

La demanda es clara: no a las cuotas partidistas o a las imposiciones en los titulares de órganos como la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y las instancias reservadas para los ciudadanos. Lo mismo aplica para los integrantes a elegir para el Tribunal Electoral Federal.

En materia de Estado de derecho democrático, están algunas leyes secundarias pendientes sobre transparencia.

Destaca, por supuesto, la reforma sobre mando policiaco, que implica enmiendas constitucionales para incorporar el esquema de mando mixto. Sobra decir la importancia de este tema, ante el reto de la inseguridad pública, que sigue siendo preponderante, con muchas zonas de México que presentan condiciones críticas de delincuencia, impunidad y vacíos de gobernabilidad institucional.

A revisión está el paquete de iniciativas presidenciales sobre justicia cotidiana, todas de gran calado: siete de ellas reformas constitucionales y cuatro leyes secundarias. Los temas involucrados van desde la creación de un nuevo Sistema Nacional de Impartición de Justicia hasta la transformación de los catastros, pasando por mecanismos alternativos de solución de controversias, cambios de registros civiles, en el sistema nacional de la mejora regulatoria, en justicia laboral y en derecho procesal, civil familiar y mercantil.

De cara a este amplio y ambicioso conjunto de reformas, hacemos un llamado a abrir realmente el debate a todos los sectores interesados y a los ciudadanos en general, por la trascendencia de los asuntos involucrados y los potenciales efectos de los cambios. No debe darse un procesamiento legislativo «al vapor». Se requiere de tiempo, espacios para el análisis, la consulta, la deliberación, la participación ciudadana y de los sectores involucrados.

Además, hay otros temas de enorme importancia en materia social y económica en la agenda, como la Ley de Unidad de Medida y Actualización, prevista en los transitorios de la reforma constitucional. Una vez desvinculado el Salario Mínimo, que será en el proceso dentro de este periodo ordinario de sesiones, como medida de cuenta para conceptos no laborales, queda el reto de establecer un esquema adecuado para su propia actualización, que para que funcione, debe ser tripartita: gobierno, sector patronal y trabajadores, con una visión compartida en el tripartismo, responsablemente para preservar y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En la parte ambiental, se necesita una solución adecuada para la ley General de Aguas, que brinde, por un lado,  certeza jurídica de largo plazo y que incentive en el otro, el ahorro y uso eficiente del agua.

Otro pendiente es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados, con una Minuta de Diputados pendiente de abordarse en el Senado. Igualmente relevante es, en ese sentido, la Ley de Adquisiciones. Se trata de legislaciones con grandes implicaciones para la inversión y la actividad productiva, por lo que urge consolidarlos y que entren en vigor. Deben facilitar y transparentar los procesos contractuales, armonizarse con el Sistema Nacional Anticorrupción y permitir una óptima planeación y ejecución de los proyectos. Por supuesto, hay que cuidar que no haya exceso de candados que frenen inversiones, así como garantizar y agilizar el pago a proveedores de los tres niveles de gobierno y de las empresas del Estado.

Finalmente, no podemos dejar del lado el frente educativo, que hoy acapara la atención nacional. No debe aceptarse ninguna regresión o menoscabo en la reforma educativa, sobre todo en su implementación. No pueden quebrarse los principios fundamentales que nos llevaran a una calidad en la educación para todos los niños y jóvenes de México. Los legisladores deben responder a la nación, no al chantaje que están ejerciendo algunos grupos de presión con fines dudosos.

El llamado es claro: poner el bien común y a la nación por encima de los intereses de fracción, del género que sean, esto es el reto que tenemos en los próximos meses.

 

 

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