Urgente legislar en materia de seguridad

  

Lunes, 24 de abril de 2017

No puede haber una convivencia social saludable, ni un crecimiento económico sostenido sin seguridad para los ciudadanos. Es indispensable que la integridad física y patrimonial esté asegurada para todos. Tanto la tranquilidad de las familias, como el ingreso de los trabajadores y la productividad de las empresas exigen que se combata la delincuencia y la impunidad en el país.

México enfrenta un panorama de seguridad complicado, complejo. A pesar de que hemos logrado avances, la inseguridad todavía afecta la vida diaria de millones de mexicanos; sigue siendo un problema transversal en todos los ámbitos de la convivencia, del desarrollo económico y de la integridad del Estado Mexicano.  En los últimos meses, se ha observado un repunte en los indicadores de incidencia delictiva: en 2016, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue la tercera más alta del siglo. Delitos como el secuestro y la extorsión han aumentado 190% y 450%, respectivamente, en los últimos 16 años. El INEGI estimó que el costo total del delito representó 1.25% del PIB del país en 2016.

La causa de fondo es la debilidad de las instituciones de seguridad pública. El estado de fuerza está disperso en más de mil 800 cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno.

Hay una enorme disparidad en la formación y el entrenamiento policial: hoy, más de 60% de los policías en el país sólo cuentan con educación básica. Y las carencias en la procuración e impartición de justicia han ocasionado que 94% de los delitos no sean denunciados ni perseguidos. Una estadística que no hemos podido mejorar en el tiempo.

México tiene un enorme desafío. El fortalecimiento institucional es una tarea que demanda acciones inmediatas y requiere también una estrategia de largo alcance, para generar confianza en nuestras propias instituciones. En este sentido, resultan imprescindibles acciones de corto, mediano y largo plazo que acompañen y den certidumbre a las fuerzas del orden en el país.

Sí, necesitamos fortalecer nuestro sistema de seguridad pública a lo largo y ancho del territorio nacional. Necesitamos instituciones sólidas, fuertes y corporaciones limpias y profesionales, coordinadas. Necesitamos más y mejor capacitación policial. Necesitamos un mayor grado de corresponsabilidad de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad en todos los ámbitos.

Pero, sobre todo, necesitamos un marco normativo sólido que fortalezca la acción del Estado y brinde certeza al combate a la delincuencia y la inseguridad. Nuestras fuerzas armadas, el Ejército y la Marina han dado la cara por México para garantizar nuestra seguridad, es tiempo de que México dé la cara también por nuestras fuerzas armadas. Los militares han cumplido con gallardía y patriotismo la tarea de cuidar la seguridad de todos los mexicanos.

Por eso, es impostergable que el Poder Legislativo avance en la discusión y, en su caso, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la reforma a la coordinación de los cuerpos policiales. La participación de las fuerzas armadas es una realidad con la que vivimos todos los días y es indispensable que esté regulada y controlada por un marco jurídico que proteja a los ciudadanos.

Esta legislación no puede ni debe ser vista como la normalización de lo extraordinario, sino como la regulación de lo inevitable. Es decir, necesitamos que la participación de las fuerzas armadas esté regulada, pero no por eso podemos claudicar en la tarea de seguir fortaleciendo los cuerpos civiles de seguridad pública.

La seguridad pública es una responsabilidad de la autoridad civil y si bien ésta es insuficiente en la actualidad, tenemos que trabajar por fortalecerla. Es cierto que se han logrado avances, pero aún no son suficientes. La Policía Federal, por ejemplo, pasó de tener 13 mil a 37 mil elementos entre 2006 y 2012, pero este crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. Se han construido más de 38 centros de control de confianza y se creó la división de la gendarmería, pero aún no existe una ruta de profesionalización policial en los tres órdenes de gobierno.

Actualmente, la agenda de seguridad pública en México exige normar el uso de la fuerza; demanda garantías que se traduzcan en legitimidad en la imposición de la ley, el respeto a los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Es necesario construir leyes que nos encaminen a recuperar la confianza entre ciudadanos y policías, así como también permitan un combate eficaz a la delincuencia y una impartición efectiva de la justicia.

Se trata de confianza, y en el Consejo Coordinador Empresarial reiteramos nuestro llamado a los legisladores, para que sin mayores dilaciones se debatan y analicen las iniciativas en materia de seguridad. Demandamos a nuestros diputados y senadores que aprueben, con sentido de urgencia, leyes que nos permitan recuperar la seguridad en el país y la tranquilidad de nuestras familias. Es urgente para México, construir esta agenda de seguridad para el México del siglo XXI.