Urge equilibrar al alza el crecimiento de los estados


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Para que México crezca al ritmo que necesitamos, y lo haga de manera sostenible, es indispensable que emparejemos los niveles de dinamismo y de desarrollo entre las diferentes regiones y las 32 entidades federativas, que hoy presentan contrastes dramáticos en ambos aspectos.

Contamos con cinco estados que, por años, han logrado crecer a una tasa anual promedio superior al 4%, más del doble del promedio nacional, ya en el rango objetivo, que requerimos alcanzar como país para afrontar los retos que tenemos en temas como empleo, pobreza y demografía.

Si en los últimos 10 años México hubiera crecido al ritmo de estos estados punteros en la materia, como Querétaro o Quintana Roo, nuestro PIB per cápita anual superaría ya los 18 mil dólares, casi 80% por encima del que tenemos actualmente.

Sin embargo, el 70% de los estados crece a niveles insuficientes o presenta rasgos de relativo estancamiento, o inclusive de retroceso.

 

Si en datos recientes hay estados como Aguascalientes, que llegan a superar el crecimiento de China, preocupa que, lejos de que se estén paliando las brechas y los rezagos, tienden a aumentar la divergencia entre los estados con más dinamismo y los de peor desempeño.

En el trasfondo, aumenta la distancia entre los extremos en productividad e inversión, factores esenciales para el desarrollo sostenido. La inversión por trabajador en entidades como el Distrito Federal y Nuevo León es más de 4.5 veces la que existe en los estados del Sureste.

Es natural e inevitable que haya variabilidad en el comportamiento económico y en el desarrollo de las regiones, pero las diferencias que existen en México son de tal magnitud que inclusive son un factor de riesgo muy importante en términos políticos y sociales, además del efecto negativo que empuja a la baja a todos.

En lugar de que la disparidad económica regional se convierta en una fuente de potencial y oportunidad de inversión y crecimiento, a fin de generar sinergias y maximizar ventajas comparativas, nos hemos quedado cortos ante el reto, tanto en los estados como a nivel federal.

Los esfuerzos son tan dispares como los resultados en el desempeño económico entre las regiones y los estados. Durante décadas, hemos hecho poco para remediar estos desequilibrios, sin constancia ni eficiencia. De inicio, no ha habido suficiente claridad en los objetivos y las acciones, ni articulación entre las regiones, al interior de éstas, y de manera transversal, entre los sectores productivos y los diferentes gobiernos, en sus tres órdenes.

Como nación a nivel macro, y en los estados en lo general, hemos fracasado en el objetivo de articular una estrategia y políticas de desarrollo regional sólidas. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de México, y reto fundamental en la implementación de las reformas estructurales.

Hoy queremos marcar un punto de inflexión en materia de desarrollo regional, con una planeación consensuada, compromisos y medidas puntuales, a través de la relación estratégica que hemos iniciado entre el sector empresarial y los estados, vía la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Hay un área de oportunidad enorme, comenzando por la identificación y réplica de mejores prácticas de muchos estados, con resultados impresionantes, lejos de la ineficiencia y del carácter retórico que muchas veces tiene la política de desarrollo regional que se ha hecho en México.

Con el soporte de la alianza, Conago-CCE, queremos iniciar un intenso proceso de trabajo con todos los gobernadores y los sectores productivos de sus estados, para consolidar programas de fomento de avanzada de desarrollo regional, vinculados a los temas clave de la agenda nacional.

Tenemos que construir, con sentido de oportunidad, acuerdos marco de política industrial y desarrollo regional. Es indispensable, contar con una política de fomento sólida y compartida, para maximizar el alcance de las reformas estructurales.

La conformación de consorcios de empresas regionales, en especial pequeñas y medianas empresas locales que puedan integrarse a los contratos y crecer con la reforma energética, es una oportunidad irrepetible, que puede tener un impacto decisivo en 12 estados.

Vemos también como una gran opción para reducir las brechas económicas, y fuente de crecimiento para todos, el conjunto de proyectos que se están configurando para la zona Sur-Sureste del país. El desarrollo de esta región, la de mayores rezagos, debe tener un carácter de prioridad nacional.

También tenemos grandes expectativas en la proyección de cinco estrategias sectoriales en las que estamos trabajando en el Comité Nacional de Productividad: Comercio al por Menor, Turismo, Gastronomía, Autopartes y Proveeduría Aeroespacial, Agroindustrial, Electricidad-Electrónica y, por supuesto, el Sector Energético.

Con la Conago, queremos reforzar y complementar los acuerdos a los que llegamos en agosto de 2013, con énfasis en el crecimiento económico y el desarrollo de las instituciones del Estado de derecho, la seguridad pública y la gobernabilidad democrática.

En la parte económica, tenemos prioridades en generación de empleo, impulso a las Pymes y mejora regulatoria.

Vamos por una política industrial y agropecuaria efectiva y consensuada, con vinculación entre las grandes empresas y proveedores nacionales con empresas locales. Asimismo, por la creación de Centros Regionales de Integración de Proveedores, conformación de clusters y nuevos encadenamientos productivos para generar mayor contenido nacional y valor agregado.

Necesitamos consolidar una plataforma competitiva de infraestructura logística y parques industriales.

Para apoyar a las Pymes, estamos proponiendo, además de los esquemas de vinculación que mencionaba, un fondo estatal de garantías para otorgar fianzas a proveedoras del gobierno, y paquetes de estímulos y créditos para que las empresas de nueva creación puedan superar la barrera de los cinco años para su maduración.

En la parte de desarrollo institucional, tenemos todo lo que implica aterrizar en el nivel de estados y municipios las reformas en materia de combate a la corrupción, transparencia y justicia, lo cual requerirá de mucho trabajo de homologación y armonización tanto en las leyes como de arquitectura y funcionamiento de las instituciones. Y todo esto, sin olvidar el desafío de la inseguridad pública, que demanda mucho mayores esfuerzos en temas como prevención, depuración y profesionalización de policías.

Los retos, sin duda, son formidables, pero también lo son las oportunidades para romper, definitivamente, la dinámica del desequilibro regional, que no le permite a México desarrollarse con la contundencia necesaria. En esta tarea, el compromiso de los empresarios es total.

 

 

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