Un pacto amplio por la reforma educativa

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En esta semana en la que tiene lugar el Día del Maestro, el Consejo Coordinador Empresarial expresa su reconocimiento a todos los maestros de México, que con carencias de recursos materiales y técnicos para ejercer su labor, cumplen con la delicada y trascendente tarea de formar a nuestros niños y jóvenes.

El agradecimiento a los profesores que todos los días animan a los estudiantes a aprender y a creer en ellos mismos; que se preocupan por mantenerse actualizados; que muchas veces, sin apoyos, sacan adelante proyectos de mejora y aportaciones muy valiosas para sus educandos y su comunidad.

Por estos buenos maestros, comprometidos con su noble labor, como sociedad debemos hacer un gran esfuerzo para facilitar su trabajo, dignificarlo, dar a la figura del maestro su lugar como constructor de un futuro mejor, responsable en gran medida del destino de lo más valioso que tenemos: nuestros niños y jóvenes.

Debemos tener claro que no podemos seguir con un sistema educativo estancado por la opacidad y la complacencia, rehén de intereses, inercias y distorsiones que han hecho naufragar, por décadas, todos los planes educativos. Esta vez, hay que asegurarnos que la historia sea distinta.

Se ha dado un gran paso con la reforma educativa recién aprobada, en el marco del Pacto por México y con el aval de los principales partidos políticos. También ha quedado ya integrado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero apenas es el inicio; adelante viene la conformación de una legislación secundaria que dé viabilidad y proyección a los preceptos constitucionales que se lograron, así como la ardua implementación que tendrá que superar múltiples obstáculos, resistencias y amenazas.

El cambio que se necesita requiere de la suma de voluntades y esfuerzos del Estado y la sociedad en su conjunto. No es el desafío de un gobierno o de los maestros, sino de la nación. Debe procesarse por los canales de la democracia y las instituciones, pero también hay que crear alianzas, tejer redes, y activar sinergias.

Por eso llamamos a conformar un Pacto Nacional por la Educación, en el que nos comprometamos a sacar adelante la reforma constitucional y los muchos retos que hay que superar: definir metas cuantitativas y cualitativas en las que haya de por medio compromisos concretos y responsabilidades bien identificadas; prioridades y contenidos; recursos necesarios y fuentes de los mismos; los principios y valores que urge promover con más ahínco, para que la educación sea plataforma para una sociedad más humana, cohesionada, justa, igualitaria y solidaria.

Necesitamos un Pacto que no se limite únicamente a un sindicato y al Gobierno Federal, como fue la Alianza por la Calidad de la Educación: esta vez un Pacto amplio de los maestros, la inmensa mayoría convencida de que el cambio es necesario y posible; escuelas, incluyendo a padres de familia y la comunidad escolar; gobiernos municipales y estatales, con el compromiso de la CONAGO; el nuevo Instituto de Evaluación; legisladores federales y estatales; organizaciones de la sociedad civil y academia; trabajadores y empresarios; medios de comunicación, entre otros.

Activemos este frente común, que incluya apoyos a los estados donde se presentan los mayores rezagos, disparidades y oposiciones, como lo son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, contemplando sus características específicas. La reforma tiene que ser nacional, sin excepciones. De persistir éstas aumentarán las desigualdades regionales, en detrimento de millones de personas.

Juntos seremos más fuertes que las inercias y la intransigencia de grupos que, por encima del interés de los estudiantes y los maestros, persiguen fines políticos o gremiales y prerrogativas de minorías. Que manipulan y tergiversan la realidad y cualquier acción de mejora para el magisterio y la educación, sin presentar opciones viables; que han hecho del chantaje una tradición anual, en la que los que más salen perdiendo son millones de estudiantes y miles de maestros, y al que ahora se suman grupos fuera de la ley que amenazan la gobernabilidad democrática, como las llamadas autodefensas.

Sólo con esta conjunción de esfuerzos y voluntades, podremos revertir una situación insostenible en la que los estudiantes mexicanos tienen tan solo menos de 570 horas de clase efectivas al año, la mitad que en países como Corea del Sur. De los 200 días del calendario escolar, en algunos estados se pierde casi la mitad, por efecto de movilizaciones, ausentismo, usos y costumbres, negociaciones salariales y eventos políticos. Los daños son irreparables; se afecta a millones de niños y adolescentes, truncándoles su futuro.

En estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, Es indispensable acabar con la dependencia total que tienen los maestros, respecto de los líderes sindicales, los cuales tienen la facultad de decidir, cuánto ganan, dónde y cuándo trabajan. No podemos seguir permitiendo que el estado mexicano se vea forzado a premiar estas expresiones, remunerando el ausentismo, las marchas y la violencia. Una solución de fondo es que el estado deje de ser retenedor de las cuotas sindicales, eso traería una mayor libertad, transparencia y rendición de cuentas.

Se trata de poner un alto a un entorno en el que probablemente más de 20 mil comisionados sindicales sin actividad en las aulas, socavan el presupuesto educativo en cantidades que llegan a más de mil 700 millones de pesos anuales. Además de la presunta apropiación ilegal, por parte de liderazgos sindicales, de una parte sustantiva del patrimonio y el producto del trabajo de los maestros.

Como sociedad, no podemos desentendernos ante un sistema educativo en el cual ni siquiera se puede conocer a ciencia cierta la conformación del padrón de maestros y su nómina, una situación que el Gobierno Federal se comprometió a resolver y que como sociedad debemos respaldar.

Todo esto, mientras que, de acuerdo con la Prueba Enlace, 80% de los alumnos de secundaria se encuentra en niveles insuficientes en matemáticas. Cuando de cada 100 niños que ingresan a primero de primaria, por la alta tasa de deserción escolar, sólo 27 terminan el bachillerato y apenas 13 una licenciatura.

Bajo estos criterios, no es sostenible la oposición a una reforma que busca acabar con la opacidad; que, lejos de afectar derechos laborales, está orientada a la dignificación y el desarrollo de la carrera magisterial con base en la capacitación continua, la evaluación y a una retribución del esfuerzo y mérito en las aulas, por encima de intereses políticos y gremiales.

Estos son grandes pasos a favor de los cientos de miles de docentes que, en condiciones generalmente difíciles y muchas veces hostiles, mantienen en funcionamiento un sistema que, sólo en preescolar, primaria y secundaria, comprende a más de 27 millones de estudiantes y de 220 mil escuelas en todo el país. Son pasos que hay que dar entre todos.

La Voz del CCE