Suprema Corte y fortalecimiento institucional

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El 30 de noviembre concluye el periodo constitucional de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sido figuras emblemáticas de la nueva era de nuestra máxima instancia judicial, signada por su independencia efectiva para dar viabilidad al principio de la división de poderes.

No es para menos la expectativa sobre las dos ternas que el Presidente de la República propondrá al Senado para elegir a los sustitutos. La responsabilidad es enorme. Fueron 20 años en el cargo para Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que comenzaron el encargo justo con el cambio en la integración estructural del más alto tribunal del país, según lo dispuso la trascendente reforma de 1994.

Recordemos que con dicha reforma se inició una trasformación profunda que incluyó reducir de 25 a 11 el número de ministros y dar cabales facultades y alcances a las determinaciones de la Corte, como último árbitro y defensor de la Constitución. El México de hoy, de la transición democrática, no podría entenderse sin esta historia, en la cual los ministros salientes han sido protagonistas.

Por esta vía queremos reconocer a estos dos juristas, de parte de nuestro sector, y al mismo tiempo, hacer un llamado para que el proceso sucesorio esté a la altura de las necesidades del país y del momento histórico: en específico, que abone al desarrollo de las instituciones de la gobernabilidad democrática.

Más allá de que se cumplan los requisitos estipulados por el Artículo 95 Constitucional, es preciso que los nuevos ministros asuman el cargo, que ejercerán durante 15 años, bajo el signo de la legitimidad, con un respaldo amplio y plural, así como independencia clara de cualquier interés político o económico.

Que tengan capacidad profesional probada, solvencia moral y un historial de compromiso con el Estado de derecho, con la justicia y con la patria.

Hacemos votos porque que los nuevos ministros que deberán iniciar funciones en diciembre lo hagan sin polémicas y descalificaciones que puedan minar su autoridad y la del máximo tribunal para cumplir con sus altas responsabilidades.

Coincidimos con quienes recomiendan procurar los equilibrios en la corte y su enriquecimiento con visiones y experiencias diversas, lo que implica considerar la perspectiva de género y las diferentes disciplinas y ramas del derecho.

De manera enfática, pedimos que se evite a toda costa la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en sus funciones propias, como en la designación de los ministros.

Es necesario blindar al Poder Judicial de una contaminación de cuotas partidistas y facciones, que atenten contra su independencia y el cumplimiento de su misión constitucional.

Ahora que el país enfrenta un déficit de confianza, que afecta a las instituciones y en especial en áreas como la justicia y el Estado de derecho, no podemos permitir que se erosione la autoridad y la legitimidad que ha ganado nuestro máximo tribunal, que hoy es garante de la justicia, un baluarte para que haya certidumbre en los más diversos ámbitos y, sobre todo, se respeten los principios y derechos constitucionales contra todo abuso de autoridad o poder.

Los tribunales no son espacio para el accionar de los políticos, sino para los juristas y la justicia, no necesariamente con carrera judicial, pero sí en los diferentes ámbitos del derecho: academia, tribunales, litigio, sector público y privado. Ahí las decisiones sólo pueden fundamentarse en la ley y en su interpretación imparcial; nunca más responder a criterios electorales, a conexiones de poder o negociación entre grupos e intereses.

La mayoría de los mexicanos se desentiende del devenir de un órgano tan importante como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si fuera algo ajeno a su vida, cuando ahí se toman decisiones sobre asuntos de la mayor relevancia que atañen a sus garantías y derechos básicos.

Tenemos que superar esta lejanía; involucrarnos como ciudadanos para cuidar una institución fundamental del Estado moderno y de la democracia. En otros países los relevos en sus tribunales constitucionales son materia del mayor interés, debate y escrutinio en la opinión pública. Así tiene que ser cada vez más en México, con la consigna de fortalecer a las instituciones, de hacerlas realmente nuestras, como ciudadanos que no sólo se preocupan por sus derechos, sino que cumplen con sus obligaciones.

De la misma forma, una vez que concluya este proceso de sucesión, resulta prudente atender las sugerencias de revisar los procedimientos para el nombramiento de los ministros del Poder Judicial, para mejorar en factores como eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La oportunidad no debe descartarse. De hecho, es tiempo de considerar opciones para fortalecer en el mismo sentido diversas instituciones, en especial los órganos con autonomía constitucional, donde resulta clave la independencia de influencias políticas, el desarrollo técnico y la credibilidad de la que tienen que ser depositarios.

Sólo generando confianza en las instituciones cambiaremos una situación en la que únicamente dos de cada 10 mexicanos se siente satisfecho con la democracia, según el reporte Latinobarómetro 2015. En ese contexto, cuidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una obligación crítica.

La ruta es clara: la defensa y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y de la legalidad como principios fundamentales en todos los órdenes y poderes de gobierno, para apuntalar su vigencia en todas las áreas de la interacción social, política y económica.

En estos factores radica el mayor desafío para el desarrollo de México, pero también la gran oportunidad de renovación nacional.

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