Seguridad Social

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La semana pasada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas necesarias para la creación de una pensión universal y un seguro de desempleo, que se envía al Senado para su análisis, y en su caso, ratificación.

Se trata de dos piezas importantes para fortalecer y extender las prestaciones a las que los mexicanos tienen acceso por ley. Sin embargo, todavía estamos lejos de consolidar un sistema nacional de seguridad social con un paquete de derechos sólido, integral y económicamente sustentable, para poder cumplir con las obligaciones preexistentes, las que ahora se suman y los retos que plantea un futuro cada vez más cercano, ante la evolución demográfica y tendencias como las de salud.

Existen aún aspectos mejorables, pero en general, se corrigieron varios puntos del dictamen previo que implicaban efectos colaterales negativos, riesgos o imprecisiones.

En lo relativo a la pensión universal, se modificó el ámbito de sujetos de este derecho, para que no se dejara afuera a capas importantes de la población. Ahora únicamente excluye a los pensionados por vejez o cesantía en edad avanzada del IMSS, ISSSTE, ISFAM y otras entidades de la administración paraestatal federal cuya prestación sea superior a la pensión universal.

El resto, todos los mexicanos y extranjeros con 25 años o más de residencia en territorio nacional que no sean acreedores de tales esquemas de pensión por una cuantía superior a los mil 092 pesos, tendrán derecho a la pensión universal federal. Adicionalmente, al final de su vida, sus beneficiarios tendrán derecho al equivalente a dos meses de pensión para gastos funerarios.

En este grupo se incluye a las personas que reciban ingresos por pensión de riesgos de trabajo o invalidez y vida, aquellas otorgadas por los gobiernos de los Estados, así como a quienes tengan ingresos distintos a los establecidos en la propuesta, podrán solicitar la pensión universal.

Si bien sería deseable entregar una cantidad mayor y de manera focalizada, para privilegiar a quienes más lo necesitan, la pensión universal será una ayuda importante para millones de mexicanos, siempre que se pueda cumplir con los retos de financiamiento en un escenario de largo plazo.

Esto último dependerá de múltiples factores, como la capacidad de mantener unas finanzas públicas sanas, de que crezca a mayores tasas la economía y de que México cuente con un régimen hacendario eficiente, que logre una mayor recaudación de manera equitativa y justa; promueva la inversión y el empleo. Lo primero será cuantificar el costo del programa y sus implicaciones futuras en el erario.

Habrá que ajustar los programas de las entidades federativas a lo dispuesto en la nueva Ley, para evitar duplicidades. La administración del programa debe ser licitada, abriendo la participación a entidades privadas. Consideramos que el fideicomiso para administrar esta pensión universal puede ser gestionado de manera eficaz, transparente y responsable por PROCESAR.

En materia de seguro de desempleo, el nuevo dictamen contiene modificaciones relevantes. Como queda, la subcuenta mixta será del 3% del Salario Base Cotización, en lugar de 2%; el fondo solidario se conformará con 0.5% de recursos del Gobierno; el pago de la prestación se calculará sobre las últimas 104 semanas cotizadas; y la subcuenta mixta puede migrar a las Afores después de un periodo de tres años, si así lo deciden los trabajadores.

El mayor reto en este seguro, al igual que con la pensión universal, está en la capacidad de sostener financieramente a esta prestación, sin menoscabo de otras a las que tienen derecho los trabajadores. Igualmente, hay que cuantificar el costo y sus implicaciones futuras en las finanzas públicas.

En el marco del dictamen que reforma la Ley del Seguro Social, se publicó un adéndum que retira los artículos referentes a un rebalanceo de cuotas patronales, que implicaba un aumento de costos que no se corresponde con las condiciones de la economía y las empresas.

Como hemos señalado, las nuevas prestaciones son políticas públicas loables y justas, bajo los principios de subsidiariedad y responsabilidad del Estado y de la sociedad con quienes menos tienen. No obstante, subsiste la necesidad de llevar a cabo una revisión a profundidad de las condiciones y los desafíos del sistema de seguridad social en su conjunto, desde una perspectiva nacional y de largo plazo.

Tenemos que sentar bases sólidas para una verdadera seguridad social universal, lo cual incluye servicios de salud de calidad al alcance de todos los mexicanos. La sustentabilidad financiera y operativa del sistema exige considerar un rediseño legal, financiero e institucional de fondo. De hecho, consideradas globalmente, las pensiones en México han sido calificadas como un problema crónico de carácter estructural.

Los pasivos pensionarios consolidados superan el 100% del PIB; el envejecimiento de la población, que presionará fuertemente la asignación social de recursos se acelerará notablemente a partir del 2015. Los adultos mayores pasarán de alrededor de 9% a la fecha a más de 28% en 2050; existe gran dispersión de sistemas: más de 105 y menos de 10 fondeados con solidez; tan sólo los planes públicos de pensiones representan obligaciones laborales por aproximadamente 17 billones de pesos. A todo esto se suman obligaciones como el Seguro Popular, subsidios y el propio servicio de la deuda.

Emprender reformas que den integralidad y sostenibilidad a la seguridad social en México es una asignatura pendiente, y que no debe posponerse. Por eso estamos planteando, junto con los sectores gobierno y de los trabajadores, comenzar a trabajar en este sentido a través de mesas tripartitas en las que nos avoquemos a analizar y acordar soluciones estructurales, más allá de los retos y las oportunidades coyunturales.

Se requieren respuestas efectivas a los retos demográficos y de salud; a la informalidad y la evasión; tener servicios y prestaciones óptimos; que no tengamos un sistema de prestaciones y derechos sociales fragmentado, con grandes desequilibrios y pasivos incosteables en tanto no realicemos cambios.

Somos optimistas, porque el país está haciendo cambios en concordancia con los desafíos que afronta en múltiples ámbitos. También tenemos que trabajar con visión, responsabilidad y oportunidad para apuntalar la seguridad social universal que el México del siglo XXI necesita.

El sector empresarial siempre será un impulsor de equilibrios y diálogo permanente, para lograr los acuerdos nacionales que hay que empezar a construir cuanto antes, en alianza con el gobierno de la república y los trabajadores de México.

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