RUEDA DE PRENSA SEGURIDAD PÚBLICA

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JUAN PABLO CASTAÑÓN, PRESIDENTE DEL CCE

12 DE OCTUBRE DE 2016

Estimados representantes de los medios de comunicación

A la vista de los hechos reciente, queremos comenzar esta rueda de prensa expresando nuestro más amplio reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad en México. A las mujeres y los hombres de tierra, mar y aire que portando el uniforme de la Patria velan por la seguridad nacional y la seguridad pública. En particular a los caídos y sus familias y a aquellos que han resultado heridos en las tareas que realizan para proteger a los ciudadanos y combatir a los delincuentes.

Los empresarios de México nuevamente les damos las gracias, y reiteramos nuestro apoyo y compromiso de abogar por que tengan las leyes y los recursos indispensables para realizar su trabajo.

Por ello, urgimos respetuosamente al Congreso de la Unión aprobar una Ley de Seguridad Interior que le brinde certidumbre jurídica al accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Es momento de cerrar filas en apoyo de quienes día a día arriesgan su vida por el bien del país.

En ese contexto, como sector empresarial afirmamos que la seguridad pública y la disminución contundente de la delincuencia, la violencia y la impunidad deben ser puestas nuevamente en el centro de la agenda nacional.

Los datos más recientes sobre seguridad y percepción ciudadana nos preocupan y nos ocupan, ya que afectan a la vida cotidiana de las personas, las familias, los trabajadores y, también, de las empresas y la competitividad del país en su conjunto.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, del INEGI), en 2015 hubo una disminución de la incidencia de delitos en el país, sin embargo hay indicadores que nos deben hacer reflexionar profundamente sobre la urgencia de redoblar el paso.

Existe una percepción generalizada en la población de que la seguridad es un problema cotidiano a enfrentar.

Hoy, el 72% de los mayores de 18 años considera que es inseguro vivir en su estado, y el 59.1% considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad.

La confianza está deteriorada, y por ello la “cifra negra” también tuvo aumentos. Según la ENVIPE, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento. Esta encuesta estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33% y la desconfianza en la autoridad con 16.6 por ciento.

Los costos de la seguridad son altos y afectan nuestra competitividad. Según el INEGI, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2015 fue de 236 mil millones de pesos, equivalente a 1.25% del PIB. Y si agregamos lo que la pequeña y mediana empresa invierte en el país los estimados es que representa cerca del 9% del PIB. Y aunque esta cifra es la oficial, 236 mil millones de pesos, el 1.25% del PIB, nuestra experiencia nos lleva a estimar la cantidad que acabo de mencionar, cercanas al 9%, de acuerdo a los costos y los delitos que nos reportan en las organizaciones empresariales que encabezamos.

Por otro lado, si bien México subió 6 lugares en el Índice de Competitividad Global 2016-2017, tras años de estancamiento, y logramos colocarnos en el sitio 51, el pilar donde tenemos el mayor freno sigue siendo sin duda el de las Instituciones: estamos en el sitio 116. En crimen organizado, estamos en el lugar 135 de estos 138 países, en confiabilidad de los servicios policiacos y costos de negocios derivados del crimen y la violencia, en el lugar 130 de 138. Si bien este índice se basa mayormente en percepciones más que en datos duros, nos demuestra que es mucho lo que debemos avanzar en esta materia.

Por otro lado, de manera preocupante, se ha reportado un aumento de los homicidios relacionados con el crimen organizado durante los últimos meses.

Hay que reconocer que en algunas zonas que vivieron una situación muy difícil y dolorosa en años recientes, se ha logrado una mejoría importante. Pero también es cierto que en otras zonas, se han presentado retrocesos relevantes.

Un informe de Lantia Consultores muestra los estados en los que ha habido una disminución en las ejecuciones, al comparar el primer semestre de 2015 con el primer semestre de 2016.

Y no se trata únicamente de la incidencia del crimen organizado y de la delincuencia común. A este fenómeno, se ha sumado un componente de conflictividad social, que incide en la vida de las personas y el desarrollo de las actividades cotidianas, de la convivencia entre los mexicanos en distintas regiones, con una grave afectación a la gobernabilidad.

De acuerdo con Lantia Consultores, la toma de instalaciones y bloqueos por conflictos sociales aumentaron, en términos de incidentes, preocupantemente, entre 2014 y lo que llevamos en este año. Según datos de CANACAR, el robo a camiones de carga aumentó 73% en 2015 y 40% en el primer semestre del año en curso.

Nos preocupa que, en este estado de cosas, crece en algunas zonas el encono social y se han multiplicado fenómenos como el de los linchamientos, cuya incidencia se triplicó en tres años, con cerca de 200 casos en lo que va de este año.

Este es un problema y un desafío para todos los mexicanos; no solamente del gobierno. No hay soluciones mágicas, sino estrategias eficaces a las que les siga el esfuerzo constante, en el día a día, de autoridades, sociedad civil, empresas, trabajadores y ciudadanos.

Aquí no pueden caber las diferencias ideológicas o partidistas, ni aceptarse los pretextos de jurisdicciones de cada poder u orden de gobierno, cuando debe mediar la coordinación y la corresponsabilidad.

Sin duda hay avances importantes, y están tomando forma procesos de transformación de gran trascendencia, como es la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y la esperanza que representa el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que el sector empresarial se ha apostado de manera definitiva y comprometida.

Sin embargo, no podemos bajar la guardia, porque la experiencia en todos estos años debe prevenirnos de que el paso de las estrategias y planes a los hechos es arduo, y no siempre tiene lugar.

Las reformas estructurales que nos hemos dado, requieren para su implementación un renovado esfuerzo en materia de seguridad y modernización de las instituciones del Estado mexicano.

Por ello, exigimos que no se siga politizando la obligación de brindar seguridad a la ciudadanía. Nuestro llamado es a una revisión de conjunto, a una política de Estado, con la que pongamos en claro la situación objetiva, las prioridades y los compromisos correspondientes. Por lo pronto, queremos exhortar en puntos muy concretos y urgentes.

Al Ejecutivo Federal, le pedimos que, a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran. Es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta.

A los legisladores federales, los llamamos a que pongan en la agenda prioritaria del H. Congreso de la Unión la aprobación de todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación.

Al Poder Judicial, le solicitamos que redoble los esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia.

Requerimos también Ministerios Públicos que se profesionalicen y comprometan plenamente en la parte que les corresponde, en la vertebración de la impartición de justicia en México.

A los gobiernos estatales y municipales, les pedimos que entiendan plenamente que la sociedad está harta de los pretextos. Tiene que haber compromisos en el aspecto policiaco y de procuración de justicia que puedan ser vinculantes.

A nuestras instituciones de Derechos Humanos de la nación, les pedimos que tengan especial sensibilidad y trabajo por los derechos de las víctimas, en todas estas manifestaciones de violencia en México.

A la ciudadanía, la exhortamos a la co-responsabilidad, a la participación cívica, al fortalecimiento del tejido social; pero igualmente a no bajar el nivel de exigencia por el México seguro que requerimos.

Desde el sector empresarial proponemos la creación de una mesa de trabajo con la autoridad económica, especializado en el delito económico, con tecnologías para generar inteligencia respecto de robo de mercancías, transporte y combate a la economía ilegal, que afecta especialmente a nuestra industria en la  petroquímica, automotriz, de autopartes y comercio formal a lo largo y ancho de nuestro país.

México necesita, exige, que todos cumplamos nuestra parte en la solución de este, que es el más grave problema que enfrentamos. Los empresarios cumpliremos con la parte que nos toca.