Renovación y Democracia en la Educación

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Hoy, el Gobierno Federal, los tres principales partidos del país firmantes del Pacto por México, gobiernos de los estados, la sociedad y el sector empresarial, estamos cerrando filas para ir adelante en una renovación a fondo del sistema educativo mexicano.

Tenemos claro que si aspiramos a ser un país moderno y desarrollado, con bienestar creciente para todos, no podemos seguir con un sistema educativo estancado por la opacidad y la complacencia, rehén de los intereses y las distorsiones que han hecho fracasar, por décadas, todos los planes educativos.

El diagnóstico es bien conocido. En la Prueba Enlace, 56% de los alumnos de primaria y 80% de los de secundaria se encuentran en niveles insuficientes en matemáticas. El promedio de escolaridad es inferior a nueve años y de cada 100 niños que ingresan a primero de primaria, sólo 27 terminan el bachillerato y apenas 13 una licenciatura.

Se precisa de acciones firmes y de avanzada, como las que se han iniciado y requieren del respaldo y participación de todos para dar resultados. La reforma constitucional que acaba de publicarse es la punta de lanza, y al mismo tiempo, se abre la posibilidad de una verdadera renovación en el gremio magisterial, para que los profesores de México se sumen a la reforma como protagonistas del cambio.

Que la organización gremial de los maestros transite a la democracia, la transparencia y el compromiso con la calidad en la enseñanza. Que los planes no vuelvan a quedar en intenciones. Que la educación y los maestros no vuelvan a ser botín de mafias, instrumento político-electoral, sujetos a regateo, posiciones intransigentes e intereses extraeducativos.

El caso de la ex lideresa del SNTE no debe quitar el foco de atención en este reto. Es necesario que la investigación y el proceso judicial vayan a fondo: deslindar responsabilidades y determinar con claridad los hechos, el manejo de recursos multimillonarios durante 24 años, las sanciones y la restitución del patrimonio afectado.

Pero al margen, hay que sacar adelante, cuanto antes, la ley reglamentaria de la reforma educativa, que garantice que los preceptos constitucionales se puedan cumplir a cabalidad, y dar paso a una implementación eficaz.

Vamos por la dignificación de la figura del profesor, para que asuma plenamente su papel de formador de la sociedad, y sea valorado como tal.

Hay que acabar con el desprestigio causado por la corrupción y las movilizaciones que en muchos casos defienden causas injustificables y a través de métodos igualmente inaceptables, cuando violentan la ley y los derechos de terceros, en primer lugar los de los alumnos. Este es el caso de las Coordinadoras, donde se presentan los abusos más dramáticos.

La sociedad está cansada de abusos y amenazas que no corresponden a la vocación de la mayoría de los docentes. No puede ser que los niños de Oaxaca tengan solamente 90 días de clases efectivas al año.

México requiere de profesores que impulsen el desarrollo integral de sus alumnos y de su propia profesión; no de más operadores electorales, defensores de privilegios anacrónicos insostenibles y agentes de confrontación social.

Ya basta de propagar la desinformación: en la reforma no hay nada que pueda prestarse a una supuesta intención de afectar la educación pública ni los derechos legítimos de los docentes. Está orientada a ampliar la cobertura y la calidad de la enseñanza; más y mejor capacitación para el maestro; que la preparación y el desempeño en las aulas sean las bases del desarrollo de la carrera de cada docente, y no el clientelismo sindical o político.

Se trata de poner fin a un sistema de opacidad en el cual ni siquiera se reconoce a ciencia cierta la conformación del padrón de maestros, en el que subsisten prácticas como la venta y herencia de plazas. Es preciso, también, que haya transparencia en el manejo de los recursos que todos los mexicanos destinamos a la educación y en las cuotas sindicales de los docentes.

El Gobierno Federal, junto con los estados, debería dar otro paso fundamental que tiene al alcance: dejar de ser retenedor de las cuotas sindicales, a fin de que los profesores tengan realmente la posibilidad de controlar democráticamente a sus dirigencias y exigirles la rendición de cuentas, para que su dinero se utilice en su beneficio y no para fines políticos y gastos personales escandalosos.

Estamos seguros de que la inmensa mayoría de los maestros de México tienen una vocación reformadora y un gran compromiso, para realizar su noble y estratégica labor en mejores condiciones. El país necesita su voluntad de ser agentes del progreso, para emprender metas ambiciosas.

Para el 2018, al menos debemos alcanzar 11 años promedio de escolaridad e incrementar en 15 puntos porcentuales la matrícula en la Universidad. Hay que comprometernos a dejar de ser el último lugar entre los países de la OCDE en la Prueba Pisa. Reducir al menos en 20% el porcentaje de alumnos en nivel insuficiente en la prueba ENLACE, desarrollar programas de estudio exigentes y acordes a la oferta laboral y consolidar una Educación Técnica de primer nivel.

En nuestra perspectiva, del sector privado, hay cuatro prioridades en lo inmediato: la ley reglamentaria efectiva de la reforma constitucional, padrón único de maestros, un programa efectivo de profesionalización docente y que los maestros tengan capacidad de tomar decisiones sobre sus cuotas y la elección y remoción de sus dirigentes.

Se necesita un sistema integral de información educativa, bancarización de la nómina donde sea posible y gasto enfocado en promover capacidades. Que se concursen todas las nuevas plazas, evaluación docente obligatoria, capacitación constante basada en el desarrollo de competencias y habilidades requeridas para el siglo XXI, con remuneración digna y justa y desarrollo basado en resultados.

La Prueba Enlace debe medir habilidades y la capacidad de aplicar los conocimientos, enfocando los planes de estudio para lograr dominio en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Otros dos retos del sexenio son utilizar las tecnologías de la información para acelerar el proceso del conocimiento y ampliar las jornadas completas con ciclo escolar de 200 días.

Todo esto es posible y sobre todo, indispensable. Adelante con este objetivo. Hoy es el momento de perfilar el futuro, en función de nuestras necesidades y potencialidades. México no puede permitirse dejar pasar más tiempo y oportunidades. Es por nuestros niños y jóvenes.

El acceso universal a una educación de calidad es un derecho y una obligación del Estado Mexicano, y es la única manera de alcanzar los niveles de igualdad que exige una nación justa y próspera.