Reforma Energética

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Le damos la bienvenida a la iniciativa de legislación secundaria a la reforma energética, para su análisis, enriquecimiento y aprobación

Urge acelerar los flujos de inversiones que pueden detonarse a partir de los grandes cambios que estamos emprendiendo en México, y así mejorar las expectativas de repunte para nuestra economía.

En este cometido, la reforma energética es la de mayor proyección, capaz de generar sinergias que revolucionen la capacidad de crecimiento y de creación de empleos del país.

Sin embargo, este potencial depende de que la legislación secundaria que se procesará en el Congreso de la Unión, a partir de la iniciativa del Gobierno Federal, cumpla, en el sentido de dar efectiva viabilidad jurídica, institucional y técnica a las posibilidades que se abrieron con la reforma constitucional.

Hay que cuidar al máximo el detalle a fin de evitar inconsistencias que puedan derivar en efectos colaterales negativos, pero también para que no queden obstáculos o barreras para que el potencial pueda desarrollarse a fondo y en los tiempos que demandan las necesidades de México.

Son muchas las preguntas que hay entre los inversionistas, las empresas y la población, cuyas respuestas sólo pueden despejarse completamente con la calidad de las legislaciones secundarias involucradas.

De por medio hay decisiones estratégicas complejas a tomar, con múltiples riesgos que deben ser afrontados con las mejores herramientas y suficiente seguridad jurídica, tanto para el Estado mexicano como para el sector privado.

Para que la reforma sea el motor que necesitamos para que México despegue, tiene que activar, de manera contundente, un cambio profundo en el sector energético.

Pendiente de lo que se apruebe en el Congreso con estos criterios, de que se hagan las cosas bien y a tiempo en las más de 28 leyes incluidas, sigue un enorme desafío estratégico y de implementación.

Implica encontrar un sano equilibrio entre la necesidad de maximizar la renta petrolera y la de impulsar la inversión en el sector y en todas las actividades productivas que están esperando poder operar con un abasto competitivo de insumos, en mejores condiciones de precio, suministro y calidad.

Hay que buscar la mejor fórmula de transición fiscal, considerando esquemas de gradualidad viables, para que no se pierdan de manera súbita montos importantes de ingresos indispensables para el erario. Pero al mismo tiempo, si no armamos un régimen competitivo frente a los que existen en otros países petroleros, no fluirán las inversiones adicionales que esperamos, por encima de los 50 mil millones de dólares por año en el mediano y largo plazo de inversión pública y privada. Estos flujos aumentarán de manera significativa la base gravable en beneficio de todos los mexicanos.

Desde luego, en la ecuación hay que calibrar la fortaleza del sistema hacendario mexicano en su estado actual. Por sí mismo debería ser capaz de lograr una mayor recaudación tributaria, para depender menos de los ingresos petroleros, e impulsar una mejora radical en el ejercicio del gasto y la inversión pública.

Para que la competencia sea efectiva y equitativa, Pemex deberá tener condiciones de tributación similares a las de otras empresas que participen en el sector. Tiene que prepararse para una transformación de gran calado, comenzando por una limpieza a fondo de las inercias y falta de controles que permiten que se den actos de corrupción y pérdidas como las que causan los robos de combustibles, que crecieron casi 70% el año pasado.

La renovación y relanzamiento del sector energético mexicano pasa necesariamente por el gobierno corporativo en Pemex y la transparencia en todas las dependencias públicas del sector, tal como se hace en las mejores prácticas en la iniciativa privada y en empresas públicas internacionales.

La reforma mandata que como «empresa productiva», se maneje con criterios de eficiencia, donde las actividades deberán ser rentables por sí mismas y no en función de factores ajenos a la empresa. No puede seguir soportando y financiando ineficiencias y prerrogativas onerosas e injustificables.

Tanto Petróleos Mexicanos como CFE deben convertirse en auténticas empresas públicas, eficientes en su operación. Para eso es la autonomía de gestión y presupuestaria, lo mismo que la eliminación de la representación sindical en el Consejo de Administración.

Ese es el sentido, también, de la flexibilidad que hay que conceder a Pemex para asociarse, transferir o compartir riesgos con otras empresas y multiplicar su capacidad de ejecución, de atraer y absorber conocimiento. Se trata de garantizar la capacidad de tomar decisiones estratégicas para emprender una verdadera reingeniería.

La mayor competencia exigirá la transformación acelerada.

Un tema en el que hay gran expectativa es cómo quedarán los tiempos y las formas de asociación con Pemex durante la Ronda Cero. Se trata de que la paraestatal pueda desarrollar una estrategia de negocios competitiva y rentable, pero sin ahogar la competencia y las inversiones complementarias que la reforma tiene que detonar. Hay que propiciar que se asocie para proyectos complejos, donde los riesgos son mayores, al igual que las ganancias potenciales.

Se necesita asegurar que la legislación dé claridad en la definición de los tipos de contratos y en materia de derechos, y que se contemplen incentivos fiscales para la inversión, como amortización acelerada en la reinversión.

El desarrollo de la reforma también depende en gran parte de factores como la regulación de acceso y explotación de tierras, la facilidad y flexibilidad para que los nuevos actores del sector comercialicen lo que produzcan, la participación de las Pymes Mexicanas y la integración de empresas tractoras con consorcios de Pymes regionales.

Con esta reforma debe de promoverse un fuerte impulso a las energías limpias, para el aprovechamiento de los vastos recursos renovables que tiene el país y conformar cadenas productivas en este sector ligadas al crecimiento verde, que reduzca la huella de carbono del país.

Son muchos aspectos y detalles a cuidar: Política nacional integral y coordinada; impulso decisivo al contenido nacional con porcentajes y cláusulas para tal efecto en licitaciones y contratos; ir trazando una política industrial correspondiente a la reforma, sociedades de autoabastecimiento, ventas de primera mano, manejo y acceso a ductos…

El reto es complejo, pero ya se dieron pasos que hasta hace poco parecían impensables. Es tiempo de afianzar las perspectivas abiertas y de hacerlo óptimamente.

Estamos construyendo un mejor futuro, que exige de los cimientos sólidos que hoy tenemos la responsabilidad de asentar.

Vamos adelante con esta gran reforma de los mexicanos.

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