Reforma anticorrupción

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Por fin, la semana pasada se dio un paso fundamental para crear un verdadero sistema nacional anticorrupción. En el sector empresarial, hemos reconocido a los diputados federales y a los partidos políticos por la voluntad de acuerdo que hizo posible la aprobación del dictamen de esta reforma constitucional, que cumple con el sentido y los puntos principales de las demandas y propuestas que se han hecho desde la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia.

El expediente pasa al Senado, como cámara revisora, en donde, confiamos, será abordado con la oportunidad, la responsabilidad y el compromiso que merece.

El llamado a los senadores es el mismo que hacemos a los legisladores estatales y los gobernadores, para que se complemente el proceso constitucional en su integridad en este periodo ordinario de sesiones, enriquecido donde sea necesario y aprobado, de manera que podamos pasar lo antes posible a la fase crítica de implementación.

La minuta da un carácter estratégico y nacional al combate a la corrupción, estableciéndolo como prioridad constitucional, llamando a los problemas por su nombre, sin eufemismos.

Se dan elementos robustos de autonomía y articulación para la función de supervisión y seguimiento, a través de un Comité Coordinador del Sistema, conformado por los titulares de sus cuatro pilares, más un Comisionado Presidente del organismo garante, así como representantes del Consejo de la Judicatura y de un Comité de Participación Ciudadana, este último un factor clave.

El reto subsiguiente al expediente constitucional, es expedir la legislación secundaria correspondiente. Sobra decir que ésta debe honrar los principios y necesidades fundamentales de la reforma, sin subterfugios que la hagan nugatoria o superficial.

El fortalecimiento de las facultades de la la Auditoría Superior de la Federación debe dar resultados significativos y prontos, dando pie a consecuencias efectivas para los actos de corrupción.

Ya no podemos permitir que, cada año, la Auditoría presente sus resultados, dando cuenta de graves irregularidades, opacidad, desvíos y posibles fraudes, sin que haya las investigaciones o las correcciones necesarias, ya no digamos sanciones.

El sistema anticorrupción tiene que ser punto de inflexión para revertir un nivel de opacidad que ha crecido más de 80% en los últimos siete años, en términos del monto de recursos que acaban con un destino desconocido o confuso, en un agujero negro de más de 56 mil millones de pesos en el último reporte de la Auditoria Superior. Insistimos: hay que pasar de los escándalos a la investigación a fondo y la sanción de los responsables, administrativa o penal.

Esta instancia, dependiente del Poder Legislativo, podrá realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias. Un complemento necesario en esta tarea es, precisamente, diseñar e instrumentar, cuanto antes, mecanismos eficaces y seguros de denuncia, con protección efectiva para los testigos.

Es fundamental que tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrán competencia para casos de corrupción en estados y municipios, en función de su gravedad o procedencia de los recursos.

Urge abatir la opacidad y falta de control que se presenta a nivel local. En lo que va del siglo, los estados y municipios han recibido más de 355 mil millones de dólares en recursos federales, y un gran  porcentaje de éstos, del enorme excedente petrolero en los años de altos precios, se ha esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración. Todo ello con un muy amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles, que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista.

Es evidente que si tanto dinero se hubiera manejado con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, la realidad de esos estados y de México, hoy sería muy diferente. Hay que tomar en cuenta que se estima, de forma conservadora por lo que ha documentado la propia Auditoría Superior, que en una década se perdieron más de 86 mil millones de dólares, por desvíos, subejercicios, despilfarros o pagos indebidos.

Las consecuencias son incalculables, y afectan en los renglones más sensibles para la población. En materia de seguridad pública, el gasto de los estados creció casi 100% en una década, pero en el mismo lapso se duplicaron los delitos del fuero común. Por eso es inaceptable el rechazo a principios básicos de la reforma, a nombre de un federalismo mal entendido.

En el mismo sentido, es de gran relevancia el énfasis de la reforma para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, espacios donde también existe un gran déficit de transparencia.

A los particulares que participen en actos de corrupción, se les determinarán sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; asimismo, resarcimiento de los daños y perjuicios. Reiteramos que en el sector privado hay disposición y compromiso total para cumplir y trabajar con las autoridades en este sentido.

En adelante, se obligará a los servidores públicos a presentar, además de su declaración patrimonial, la de posibles conflictos de intereses. Se propone, además, la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.

En este punto, debe fomentarse la transparencia pública, cuando se justifique y no afecte la seguridad de los funcionarios, y que haya comprobación de lo reportado, así como monitoreo autónomo y fiable de la evolución de ello en el tiempo.

Es indispensable reforzar y profesionalizar los sistemas de inteligencia financiera e investigación patrimonial, para poder documentar y llevar a proceso a servidores públicos y políticos corruptos. En este punto, es un acierto ampliar el plazo para la prescripción de sanciones, para que tenga un carácter transexenal, aunque pensamos que debería extenderse a un poco más de años.

Pedimos al Congreso que, con la voluntad de acuerdo mostrada, saquen adelante otros pendientes relacionados, como la eliminación de fueros anacrónicos, la ley secundaria del IFAI y la reforma en materia de conflicto de intereses.

Se ha dado un primer gran paso, fundamental, en una lucha que será larga, y a la que debemos sumarnos todos los mexicanos. Llamamos a la sociedad mexicana a no cejar en la presión por un México sin corrupción.

Las cosas no van a cambiar sólo con mejores leyes. También se necesita voluntad y compromiso de aplicar y cumplir la ley, sin excepciones. Hay que depurar al Estado mexicano de los actos de corrupción que medran en todos los órdenes de gobierno, tanto  en los altos niveles como entre burocracias o en aquellas policías que operan como parte o al servicio de la delincuencia.

Tenemos que verificar la voluntad, del Estado y de la sociedad, de que llevemos la ley a la práctica y de que realmente renovemos el espíritu y las prácticas de nuestra nación.

 

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