Ante el inicio del Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXII Legislatura

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Este 1º de septiembre reinician los trabajos en el Congreso de la Unión, en el Primer Periodo Ordinario de sesiones del Tercer Año de esta Sexagésima Segunda Legislatura, con lo cual se abre un espacio de tres meses y medio para cumplir con pendientes de enorme relevancia para el país.

De forma reiterada hemos manifestado nuestro reconocimiento a esta Legislatura, que ha sido histórica por su productividad. Se han aprobado reformas de gran calado y de la mayor trascendencia para el país, en un grado no visto desde hace más de 20 años. Sin embargo, el ciclo reformador que tanto necesitaba México, todavía no se completa.

No hay que aflojar el paso en este último tramo; los pendientes son muchos y relevantes. Esperamos que este Período de Sesiones también marque la diferencia para que no se minimice la actividad parlamentaria, como ha sido tradicional al acercarse a la conclusión de su tiempo oficial, cuando los asuntos e intereses electorales suelen opacar a la agenda nacional.

Algunos asuntos son de urgente resolución, a fin de evitar el riesgo de que queden al garete, a medida que avancen los procesos electorales federales y locales del 2015.

El país demanda que el ritmo de trabajo y la construcción de acuerdos políticos se mantengan en un alto nivel; que la promoción y la competencia política sean responsables y no se superpongan a las obligaciones constitucionales de representación popular.

Con la concreción de reformas estructurales se ha apuntalado una plataforma sólida para el progreso, pero para garantizar su operación y éxito futuro, ahora resalta como prioridad ineludible un gran esfuerzo tendiente al fortalecimiento del marco institucional del Estado Mexicano.

La viabilidad de las reformas en la práctica, el que podamos desarrollar su pleno potencial a favor de todos los mexicanos, así como su sustentabilidad, dependen de que nos comprometamos a superar los importantes rezagos que tenemos en cinco ámbitos prioritarios: Estado de derecho, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la impunidad y corrupción, y gobernabilidad democrática.

El asunto de mayor trascendencia que sigue sin cumplirse entre los compromisos asumidos por las fuerzas políticas al inicio de este sexenio, es la creación de una arquitectura institucional sólida que dé sentido y fuerza al combate a la corrupción, como prioridad estratégica nacional.

Ya no existen pretextos, como una sobrecarga de pendientes, para que no se procese con diligencia la legislación necesaria para constituir la Comisión Nacional Anticorrupción, que hemos propuesto y demandado desde la sociedad civil desde hace muchos años. Procede descongelar cuanto antes la minuta, abrir el debate público y la consulta, corregir lo que sea necesario, enriquecerla y aprobar la mejor fórmula.

Esta es probablemente la asignatura de mayor trascendencia que hoy tiene en sus manos el Congreso. México no puede considerarse como una nación que se está reformando plenamente en tanto no se comprometan, todos, a fondo, a abatir la corrupción y la impunidad. El reto necesariamente exige de una apuesta seria por el fortalecimiento institucional, así como de voluntad y compromiso expresos del sector político y del privado, con toda la sociedad.

Desde luego, como cada cierre de año, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación concentrarán la atención.

Estamos seguros de que habrá disposición para el análisis y el impulso de políticas públicas para mejorar y corregir lo que sea menester, a la luz de la evolución de la economía y sus perspectivas al 2015, así como de la experiencia sobre cómo han funcionado las nuevas disposiciones tributarias y presupuestales.

Todos los actores debemos estar abiertos al diálogo y a los ajustes necesarios que promuevan la inversión el crecimiento y el empleo.

Por supuesto, para miles de empresas formales resultaría fatal el que aumentaran aún más los costos que erogamos por las diversas obligaciones que tenemos con el Estado, en particular los relacionados con la generación de empleos. Lo que hay que hacer es afianzar condiciones propicias para abrir fuentes de trabajo bien remuneradas, y no estimular la informalidad y el desempleo.

Los problemas estructurales del sistema de seguridad social de México deben ser abordados con una revisión integral y una visión de largo plazo, y no con enmiendas provisionales, que lejos de resolver una crisis, producen efectos colaterales negativos en lo inmediato.

Sería contraproducente aumentar las cargas de la seguridad social sobre las empresas mediante medidas claramente recaudatorias. Se tiene que hacer una reforma que vaya al fondo de los desafíos en materia de seguridad y salud, pero con el concurso de todos los actores y sectores involucrados.

En lo que atañe a la reforma que se ha anticipado para la transformación del campo, participaremos activamente, bajo el liderazgo del Consejo Nacional Agropecuario y las empresas del sector.

Consideramos que pueden darse pasos muy importantes en temas como la regularización de los derechos de propiedad, desarrollo rural, productividad, sanidad y seguridad alimentaria nacional.

Otro tema de gran relevancia es el nuevo marco constitucional de derechos humanos. Se reconoce como un gran avance, pero es necesario precisar alcances, para que no se afecte la certidumbre jurídica en las actividades económicas.

En materia ambiental, está pendiente la aprobación de un nuevo marco jurídico en materia de aguas, y de residuos sólidos. Adicionalmente, se ha anunciado la presentación de una serie de iniciativas complementarias a la reforma energética que podrían configurar un paquete verde. Confiamos en que habrá la apertura necesaria, como ha sido, para debatir y tomar en cuenta los puntos de vista de la los sectores afectados.

Otros temas en los que se deberá encontrar un balance adecuado para no afectar la certidumbre jurídica, la productividad y el empleo, son el autotransporte y los ferrocarriles.

En todos los casos, la agenda pendiente que requiere México habrá de privilegiar la certidumbre y un marco propicio para la inversión y la generación de más y mejores empleos.

Sigamos adelante con la transformación del país. El sector empresarial está comprometido para llevar a fondo las grandes reformas que México necesita.

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