Promulgación Sistema Nacional Anticorrupción

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Adelante con los pasos siguientes para la óptima implementación de la reforma anticorrupción:

  • El proceso marcha a buen paso, pero en lo sucesivo demandará esfuerzos de legislación e implementación formidables, además de estar atentos a que no se escatimen su misión y alcances.
  • La reforma debe redundar en una mayor correspondencia entre el volumen creciente de casos de presunta corrupción y el número de investigaciones y sanciones.

El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran, se congratulan por la promulgación de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y demandan que este proceso avance oportunamente, a efecto de cumplir con los compromisos y plazos estipulados para la legislación secundaria y la consolidación de la reforma.

De acuerdo con el régimen transitorio establecido, el Congreso de la Unión tendrá un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicable la reforma. Destacan las relativas a la regulación de la organización y las facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la que establece las bases de coordinación del Sistema y una Ley General que distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.

Se requerirá de un esfuerzo legislativo formidable, que implica la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y reformas en al menos 18 leyes y ordenamientos.

A su vez, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán 180 días para realizar las adecuaciones normativas correspondientes en sus ámbitos de competencia.

La solicitud que hacemos es que los compromisos y plazos fijados se cumplan cabalmente, y sobre todo, que la solidez de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente y decretada por el Ejecutivo Federal no se diluya en la legislación secundaria y en la subsiguiente implementación.

Llamamos a todos los involucrados en este proceso a que no se ceda a presión alguna que busque escatimar la misión y la capacidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estaremos atentos de que los legisladores que serán electos el próximo 7 de junio actúen con la misma responsabilidad que permitió a la Legislatura saliente alcanzar los consensos necesarios, junto con el Gobierno Federal y los Congresos de los estados.

El CCE y los organismos que lo conforman seguirán participando en este proceso, en estrecha colaboración con los legisladores y la autoridad, pero también con el grupo de especialistas de la sociedad civil que intervino.

Es preciso asegurar la consolidación, la puesta en marcha y el éxito del nuevo marco legal, para que realmente rinda los resultados buscados y los cambios que se requieren en esta prioridad nacional. La efectividad de la reforma se verificará en la medida que impulse una correspondencia entre el volumen creciente de escándalos de presunta corrupción y el número de investigaciones y sanciones.

Todos debemos comprometernos con esta reforma clave para el desarrollo del país, a fin de que sea una vía efectiva para abatir la corrupción persistente y la impunidad que la reproduce, la cual lacera la certidumbre y confianza de los mexicanos.

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