Prioridades en la siguiente fase de la reforma fiscal

Lunes, 21 de octubre de 2013

Ha concluido la parte inicial del proceso legislativo de la reforma fiscal en la Cámara de Diputados. Pasa para su revisión al Senado, a fin de analizar las minutas, dictaminarlas en comisiones y proceder a su votación en el Pleno. El plazo final para todo el proceso es el 31 de octubre.

En esta nueva fase, el CCE, los organismos que lo integran y las distintas cámaras y asociaciones del sector empresarial seguiremos participando activamente en este proceso, ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos, contribuyentes y sujetos de las decisiones que se tomen, para plantear con claridad las preocupaciones que mantenemos e impulsar las propuestas que hemos estado formulando.

Así nos lo demanda la comunidad de empresarios y de la sociedad en México, nuestra visión sobre los desafíos y las necesidades de la planta productiva y del país a corto, mediano y largo plazo, y la lectura que tenemos de las implicaciones negativas que puede tener la miscelánea fiscal en su estatus actual, si no se revisan diversos aspectos fundamentales.

Como hemos señalado, entre los empresarios y en la sociedad, existe una gran preocupación e incertidumbre sobre las tendencias de desaceleración en la actividad económica y por los efectos de una reforma que tiene un acentuado énfasis recaudatorio.

Hay tiempo para corregir lo que sea necesario, para lograr un paquete económico congruente con las condiciones de la economía, así como con los principios de equidad, proporcionalidad y certeza jurídica. Sobre todo, con el imperativo de contribuir al crecimiento: que impulse el ahorro, la inversión, la formalización económica y la productividad y competitividad en el empleo.

Agradecemos la disposición al diálogo que hemos encontrado tanto en la Cámara de Diputados como con las autoridades Hacendarias. Muchas inquietudes y propuestas fundamentales que presentamos fueron analizadas y se han atendido. Sin embargo, subsisten elementos prioritarios que, en lo particular, son lesivos para múltiples sectores, y que como conjunto, tendrían un efecto negativo para nuestra economía.

El llamado que hacemos a las Sras. Y Sres. Senadores y a todos los legisladores es a mantener la apertura para escucharnos, para privilegiar los equilibrios y los acuerdos. En lo general, sostenemos que lo que México más necesita es crecimiento, empleos y condiciones para que la gente y las empresas se desarrollen en sus diversas actividades, más que aumentar la carga impositiva a contribuyentes cautivos.

Nos preocupa que se descuide el principal objetivo que tiene nuestro país, que es el crecimiento, una prioridad, y que recaigamos en medidas de corto plazo o basadas en objetivos políticos más que económicos.

Los desequilibrios estructurales de nuestro sistema hacendario no van a resolverse con gravámenes como los que ahora se han propuesto para muchos alimentos y otros productos. La política fiscal tampoco es la forma de resolver problemas sociales o de salud.

Es más fácil crear nuevos impuestos que generar las ventas, los ingresos y el trabajo necesario para pagarlos, más aún en un escenario de una economía sin dinamismo.

Una política de déficit público como la esbozada, temporal y orientada a la inversión y gasto social, que mejore el poder adquisitivo de grupos importantes de la población, es válida y puede tener un efecto contra cíclico. El problema es que puede ser contrarrestada al descapitalizar la actividad productiva, con un esquema fiscal que desincentive la inversión, la productividad y la creación de fuentes de trabajo.

El desempeño económico de nuestro país no sólo está siendo afectado por las condiciones de volatilidad y debilidad en el sector externo, así como los problemas que están enfrentando sectores claves del mercado interno. También está gravitando la incertidumbre que existe en torno al paquete fiscal y la viabilidad, rumbo y alcance de éste y de las demás reformas estructurales, que hace pocos meses generaron gran entusiasmo. Todo esto ha llevado a un deterioro de las expectativas de inversión y las ventas, con ajustes en los presupuestos.

Es sobre estos criterios que estamos analizando, en lo particular, cada uno de los ajustes que se hicieron en la Cámara de Diputados, en los aspectos críticos que nos ocupan.

Destacan, entre otras, las altas tasas de ISR, que afectarían de manera muy importante la competitividad para generar inversión. Para nosotros es fundamental corregir el tema de las deducciones: la eliminación de la deducción inmediata de inversiones y cuotas de seguridad social; la deducción parcial de prestaciones exentas laborales; las limitaciones en lo relativo a donativos y en el régimen personas físicas, que van contra el ahorro y retiro de trabajadores. De igual manera, medidas que afectan a sectores como el minero, comercio y maquila. En IVA, la homologación en zonas fronterizas, y en IEPS los impuestos en bebidas, combustibles fósiles y plaguicidas.

Desde luego, el tema de alimentos, que se suma de última hora y de manera improvisada, con impuestos que carecen de lógica económica, sin una adecuada justificación técnica y jurídica. Sin el necesario proceso de análisis y consulta que exigen decisiones que pueden generar distorsiones e impactos muy graves, comenzando por una mayor informalidad económica. En este punto, nos oponemos a tendencias que han surgido para poner calificativos de manera irresponsable a productos, al igual que al antagonismo que se ha fomentado contra ciertos sectores productivos.

El sector empresarial no se opone a nuevos o más impuestos, siempre y cuando tengan una fundamentación económica, que sean justos y no vulneren el crecimiento y la productividad del país. Recaudar más equivale a tener un gobierno más eficiente, contar con una política de largo plazo que atienda las causas de la desigualdad, la inequidad y la justicia. Que todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades y capacidades.

Desde luego, en lo sucesivo, el tema del gasto será la prioridad fundamental, persiguiendo principios muy claros: eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la unión.

En todo este proceso, el sector empresarial y el CCE reiteramos nuestro compromiso de cumplir con nuestra obligación de defender los intereses legítimos de las empresas, de sus trabajadores y de la sociedad mexicana. Con la generación de equilibrios, el diálogo y los acuerdos. Con la participación decidida cívica en la vía democrática, bajo el entendido que la decisión final corresponde a los legisladores, representantes de los ciudadanos, a quienes deben atender, y velar por el bien común.

Nuestro eje de acción es el crecimiento del país y el bienestar de todos los mexicanos.

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