Prioridades en la lucha contra la corrupción

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En los últimos días, el debate público en México se ha concentrado de forma predominante en las interrogantes e inquietudes que surgen del resultado de las elecciones en Estados Unidos y el cambio de gobierno en ese país, el próximo 20 de enero. Es comprensible que así sea, pero no podemos dejar de lado varios asuntos de la agenda nacional que requieren de igual atención, como lo es la lucha contra la corrupción y la impunidad que hemos iniciado desde un enfoque institucional y de Estado.

Hay mucho aún por hacer en la implementación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción. No podemos permitir que decaiga su impulso, la presión ciudadana para el cambio en este frente. Sólo así, el Sistema será un parteaguas en la construcción de un régimen pleno de Estado de derecho democrático en México; punta de lanza para renovar a fondo la vida pública nacional.

Necesitamos aplicación de la ley en todos los niveles de gobierno, sin errores, retrasos y omisiones que contribuyan a facilitar la impunidad y acrecentar la indignación ciudadana ante casos tan graves como los que hoy vemos: estados que, por una fallida gestión administrativa y presuntos actos de corrupción, quedan sin recursos para cubrir las más elementales necesidades.

Hoy hay tres grandes procesos en marcha, que debemos apuntalar en lo que queda de este año e incluso el año que entra.

Uno. Redoblar el respaldo y los esfuerzos para afianzar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, una de las reformas más trascendentes de la historia de México en materia de justicia, que implica transitar de un sistema de corte inquisitivo, caracterizado por la opacidad y un alto nivel de inoperancia, a un sistema acusatorio basado en la transparencia.

Dos. El paquete de iniciativas presidenciales sobre Justicia Cotidiana, que incluye temas como la creación de un nuevo Sistema Nacional de Impartición de Justicia, la transformación de los catastros, mecanismos alternativos de solución de controversias, cambios en los registros civiles, un sistema nacional de mejora regulatoria y actualizaciones en derecho laboral, procesal, civil y mercantil. Todas estas reformas deberán cerrar espacios al abuso y la corrupción, de una manera institucional.

Tres. Consolidar el andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, asegurando su operatividad y un grado necesario de autonomía en sus órganos rectores y pilares fundamentales: la nueva Fiscalía de la República y su ramo Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y todas las instituciones de auditoría y fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación.

En ese punto, será fundamental dar un seguimiento puntual a los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana, cuyas convocatorias están en curso en este momento.

Es de particular relevancia el proceso que está siguiendo la Comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción: un grupo colegiado integrado por nueve personas provenientes de la sociedad civil y la academia, que tiene como propósito designar de manera independiente a los cinco ciudadanos que integrarán y presidirán el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es la primera vez en la historia del país que el Senado de la República, por mandato de ley, delega en un grupo independiente la designación de quienes serán los miembros fundadores del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este Comité deberá estar integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

En ese sentido, instamos a que los candidatos seleccionados se correspondan con el perfil requerido, y que no respondan a cuotas de grupos ni de partidos. Los representantes ciudadanos deben ser personas con amplia trayectoria y una autoridad moral indiscutible. Deben representar a la sociedad, y no a los partidos o grupos sociales.

Es importante también instrumentar con eficacia el Sistema a nivel local, ya que buena parte del problema está en los estados, así como en los procesos de contratación pública. Necesitamos leyes homologadas e integrar a la federación completa, con verdadero alcance nacional, con una visión de país.

Debemos de impulsar el combate a la corrupción también en el poder Judicial, el cual ha quedado aislado de la lógica del programa. Hay que asegurar un sistema que atienda a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno.

No podemos quedarnos solo con la parte regulatoria. Debemos de acompañarla de la voluntad política para que se cumpla y de una verdadera transformación en nuestra cultura de cumplimiento de la ley, desde todos los sectores.

Más allá de lo que ocurra en el exterior, los mexicanos tenemos que ser consistentes en la superación de nuestros propios desafíos. En esa medida nuestro país será más fuerte para enfrentar cualquier tipo de contingencia y cambio. Para esto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas del país, para que todos nos sumemos -sociedad, fuerzas políticas y gobierno- en un esfuerzo compartido de lo que significa la Nación en materia de Estado de Derecho, en materia de construcción y fortalecimiento de instituciones para el México que podemos tener.