PRIMER FORO ANTICORRUPCIÓN. SENADO DE LA REPÚBLICA

pdf64

A nombre del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman, agradezco la invitación para participar en este 1er Foro Nacional Anticorrupción.

Saludo a los organizadores, con todo nuestro reconocimiento por la iniciativa. En particular, a los senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Fernando Herrera Ávila, así como al Diputado Marko Cortés Mendoza.

Saludo con aprecio a los panelistas. A la Diputada Cecilia Romero Castillo; la Lic. Lourdes Morales; el Dr. Enrique Cárdenas; y la Senadora Laura Rojas Hernández.

Amigas y amigos: Casi ha pasado un año de la aprobación de las reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Fue un gran paso el que se dio en abril del 2015; producto de un clamor ciudadano y logro, en gran medida, de una sociedad civil comprometida, que no ha dejado de presionar y de hacer propuestas viables e integrales en este frente.

Un paso en el camino que no solo es el correcto, sino que es indispensable, para renovar la esperanza y la viabilidad de un México mejor.

Se trata de afincar los cimientos de un país más próspero e incluyente; con justicia para todos; con certeza jurídica para el desarrollo cívico y el emprendimiento económico y social. Por un México que reactive el círculo virtuoso de la confianza, indispensable para la unión en lo esencial y el progreso de toda sociedad humana.

Hoy venimos aquí a reiterar el llamado a nuestros legisladores para que completen, en tiempo y forma, lo iniciado.

Para refrendar el compromiso de consolidar este proceso de regeneración de la vida pública en México.

El combate a la corrupción y la impunidad es prioridad en la agenda pública del país. Urge una estructura institucional que brinde confianza, certeza jurídica y de convivencia pacífica entre los ciudadanos.

Porque sin respeto al Estado de Derecho, sin confianza institucional, sin justicia, sin leyes que se cumplan y sin combate frontal contra la corrupción y la impunidad, ninguna reforma, ninguno de nuestros esfuerzos en otros ámbitos, será suficiente para la construcción de la Patria que anhelamos.

En esta asignatura de las leyes secundarias de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, la consigna es muy clara: honrar los principios, objetivos y alcances establecidos en la Constitución.

La base es la coordinación efectiva entre los cuatro pilares del sistema: Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo ello, para que la prevención ahorre dinero de todos los mexicanos y los delitos sean sancionados con oportunidad y justicia, además del debido resarcimiento de daños.

El Sistema Nacional Anticorrupción, en conjunción con el de Transparencia, deben derivar en la profesionalización del servicio público; acceso real a información de los gobiernos; contraloría con participación ciudadana, así como medios efectivos y seguros de denuncia.

En especial, necesitamos que haya sanción efectiva, administrativa y penal, e inhabilitación para todos los involucrados en actos de corrupción.

Que contemos con procesos eficientes de declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés, así como su control efectivo para detectar casos de enriquecimiento ilícito, con material suficiente para fundamentar las consecuencias.

Esa será la prueba de que estas reformas funcionan: abatir la impunidad con que se comete y se reproduce la corrupción, el abuso y la arbitrariedad.

Necesitamos pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales puntuales para los casos que se conocen, y los que permanecen en la opacidad, de delitos bien tipificados.

Hay que ir más allá de la corrupción en abstracto: debemos contar con medios eficaces para prevenir, detectar y sancionar el tráfico de influencias, el cohecho, la extorsión, el fraude, la prevaricación o la malversación de fondos.

Debe darse viabilidad al recurso de extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito. A la par, que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice prácticamente en tiempo real y audite las cuentas públicas de estados y municipios.

La reforma da a esa instancia del Poder Legislativo la facultad para auditar más del 90% de los recursos que ejercen las entidades federativas y municipios, donde en muchos casos hoy existe gran opacidad y la presunción de que se cometen importantes malversaciones. Es preciso asegurarnos de que esto realmente se cumpla.

Las reformas deben dar paso efectivo a la revisión de las cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e inclusive empresas que manejen dinero público.

Hay que verdaderamente abrir el cauce a la imposición de sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, incluyendo la inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de empresas contratistas, además de la reparación de los daños.

Muy importante: necesitamos un tribunal especializado, fortalecido y profesional, capaz de resolver en tiempo y forma, y con total independencia, los expedientes graves de faltas administrativas.

Por último, queremos hacer hincapié en la iniciativa de ley ciudadana que estamos promoviendo con diversas organizaciones de la sociedad civil, conocida como “3 de 3”.

Nos hemos comprometido públicamente a coadyuvar para recabar las 120 mil firmas exigidas para asegurar su revisión legislativa.

Sin embargo, pedimos a los legisladores que, sin esperar a que se completen las firmas, se sumen a este proyecto. Que lo incorporen a la plataforma para el procesamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se trata de complementar y llevar a un nuevo nivel la reforma anticorrupción, al incluir un instrumento de cambio contundente: convertir la demanda ciudadana del “3 de 3” en obligación jurídica.

Declaración patrimonial, de intereses y fiscal, como requisito sistémico para ejercer la función pública. En todos los poderes y órdenes de gobierno, y a nuestro juicio, también para todo candidato a cargos de elección popular.

Además, esta iniciativa ciudadana contiene un capítulo de integridad de las empresas, el cual se construyó a partir de mejores prácticas internacionales.

Se retoman los fundamentos del Código de Integridad y Ética Empresarial, desarrollado en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, para establecer estándares, delimitando responsabilidades administrativas y un régimen de sanciones para personas físicas y morales que sean parte de actos de corrupción.

Queremos reiterar, en esta oportunidad, que nuestro sector asume, con autocrítica y compromiso, su corresponsabilidad en la reproducción de prácticas de corrupción, al igual que en la parte que nos corresponde en las soluciones.

 

Amigas y amigos:

Consolidar el Estado de Derecho y terminar con la corrupción es un desafío de todos los mexicanos; no sólo del sector público, ni de un gobierno. No estamos ante fenómenos aislados, sino frente a prácticas sistémicas, profundamente enraizadas en los distintos ámbitos de interacción de la sociedad, y entre ésta y sus gobiernos.

Pero es tiempo de pisar el acelerador a fondo, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Por nuestra parte, impulsando prácticas de ética e integridad en las empresas, fomentando la cultura de la legalidad en la sociedad. Y propiciando una sociedad activa, vigilante y exigente.

Al poder legislativo le toca corresponder con la aprobación de la legislación necesaria, sin matices ni concesiones. No podemos fallar; el Sistema Nacional Anticorrupción será la prueba de fuego de este periodo ordinario de sesiones.

Es tiempo de generar confianza, y para eso se requiere de acciones concretas. Ya no basta la retórica, la promesa o la queja. Hay un camino trazado; hay que seguirlo con paso firme.

Llegó el momento. El camino comienza, precisamente, con el establecimiento de una arquitectura jurídica e institucional para pasar de los escándalos a los frenos y los castigos a la corrupción.

No podemos decir que México se reforma a fondo mientras no cumplamos con este expediente. Es la prueba de nuestra voluntad de cambio.

Este es un compromiso con México.