Política Industrial

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Hoy, la planta productiva mexicana presenta un alto grado de desarticulación en las distintas cadenas de valor. Asimismo, un reducido porcentaje de valor agregado nacional en gran parte de la inversión de capital que se hace en el país y sobre todo en la integración final de nuestras exportaciones.

Esta situación ha tenido y tiene una incidencia directa en la insuficiencia del crecimiento y la generación de empleos que la economía mexicana sostiene desde hace más de dos décadas. Refleja los grandes desequilibrios entre los diversos sectores de la economía en términos de productividad y dinamismo, así como las agudas disparidades de desarrollo entre las regiones.

Por un lado, contamos con un sector ligado a la exportación altamente productivo, competitivo a nivel internacional, de alto crecimiento, uso intensivo de capital y tecnología.

Por otra parte, una gran proporción de actividades orientadas al mercado interno, en el que operan la mayor parte de las empresas, con grandes rezagos en productividad, lento o nulo crecimiento, operando en condiciones a menudo precarias.

El empleo ha tendido a concentrarse en sectores de baja productividad y bajos salarios, con una informalidad creciente. Las MiPyMes generan alrededor de seis de cada 10 empleos, pero menos del 20% del Producto Interno Bruto. En los últimos 20 años, las exportaciones han crecido anualmente a una tasa superior en más de 300% que la del PIB.

No obstante, las ventas al extranjero de sectores de punta como el automotriz integran sólo poco más de 35% de contenido nacional. En el ramo electrónico, en el que México es uno de los líderes globales, el valor agregado nacional es inferior a 15 por ciento.

Hoy sabemos que en la última década, la productividad de la economía mexicana tuvo un crecimiento negativo, casi en la misma proporción en que aumentó la de Estados Unidos. En cambio, en el mismo periodo, la productividad de países como China creció a una tasa promedio superior a 7 por ciento.

Son signos claros de que no hemos logrado vincular a estos dos grandes componentes de la economía mexicana; de que los sectores más avanzados, como el externo, por sí solos no pueden impulsar un crecimiento económico más allá del inercial, a menos que haya una mayor integración con el resto de la planta productiva.

A estas alturas, es evidente que la apertura comercial, la competitividad en el comercio internacional y la salud de las finanzas públicas son pilares fundamentales, pero no suficientes. No bastan para detonar un desarrollo más acelerado, sostenido e incluyente.

La política económica no puede concentrar el grueso de sus esfuerzos sólo en la estabilidad macroeconómica. Con la experiencia de los últimos años, no se sostiene una visión de que la mejor política industrial, es no tener ninguna.

Como se constata en la Agenda por México, que firmamos el sector empresarial y el Presidente Enrique Peña Nieto, tanto en el Gobierno Federal como en la iniciativa privada tenemos claro que en México urge una nueva política de fomento económico de avanzada, que ajuste el modelo de desarrollo con una visión de largo plazo, bien articulada.

No estamos por un regreso al intervencionismo estatal o al proteccionismo, ni por una selección de sectores o empresas ganadoras. Lo que necesitamos son políticas públicas efectivas para promover la inversión, la eficiencia económica y el emprendimiento, en el contexto de una economía abierta. Alineación de prioridades y generar sinergias.

Que no haya dispersión de esfuerzos, programas aislados o que inclusive llegan a contraponerse. Estamos por la concertación entre empresarios y Gobierno en la creación, la evaluación y el seguimiento de la política industrial. Por eso el interés en la creación del Consejo Consultivo para la Competitividad y el Crecimiento.

Tenemos la gran oportunidad de activar un motor de crecimiento vigoroso en el mercado interno y concertar una política de fomento moderna y activa, incluyendo el impulso al campo, a las actividades comerciales y a los sectores de servicios y turismo.

Una alianza y una estrategia para potenciar el desarrollo regional, la productividad, la cohesión y la competitividad de las cadenas de valor, y un incremento sustancial del contenido nacional de las exportaciones. Impulsora de actividades de amplia proyección: no sólo se trata de fortalecer las ventajas comparativas vigentes, sino también de crear nuevas, sustentables y de alto valor agregado.

Hay que reducir los costos de transacción y generar condiciones que permitan un cambio en las unidades productivas, tendiente a su formalización y desarrollo.

Sobre estas bases impulsamos en el CCE respuestas a necesidades críticas y propuestas concretas, consensuadas entre los organismos representativos del sector empresarial: Además de las reformas estructurales, principalmente la hacendaria y la energética, construir una plataforma competitiva de infraestructura logística y parques industriales.

Mantener la economía abierta, pero revisar distorsiones y asegurar un flujo de información y consulta permanente y una coordinación eficaz entre el gobierno y las empresas, para evitar errores o acciones unilaterales injustificadas como se han llegado a presentar. En este sentido, estamos proponiendo definir un marco de política arancelaria, que fije criterios.

Resulta fundamental detectar y apoyar sectores clave y fortalecer la integración productiva de las regiones, con Centros Regionales de Proveedores. Desarrollar clusters de acuerdo a las vocaciones productivas. Estímulos a la inversión y promoción del financiamiento, con garantías, apoyo al acceso a las fianzas y factoraje competitivos. Desarrollar y fortalecer los vínculos con universidades e instituciones técnicas.

Queremos impulsar proyectos de vinculación horizontal y vertical de cadenas productivas y de desarrollo de proveedores, particularmente MIPyMES, con las empresas grandes, las exportadoras y las maquiladoras.

Vamos por la mejora de los sistemas de información y asistencia técnica para las empresas. Duplicar el Fondo PYME. Revisar la normatividad de las compras del sector público. Más y mejor infraestructura, apostar por la innovación y el desarrollo tecnológico, eliminar trámites innecesarios.

Estamos por una revisión y adecuación de la Ley de Metrología y Normalización. Armonizar y homologar las normas mexicanas con las internacionales, con reconocimiento mutuo, entre otras medidas.

Es tiempo de proyectar y construir un futuro de acuerdo con nuestras potencialidades.

Muchos países, incluyendo Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, están construyendo políticas industriales de gran alcance.

México no puede permitirse una posición pasiva en este frente. El sector empresarial está listo, unido y con propuestas efectivas, para cumplir con la parte que le corresponde.