Periodo extraordinario

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Continuamos en la antesala para que se definan las fechas exactas y los muchos temas pendientes a desahogar de la agenda legislativa para un periodo extraordinario, y el país ya está inmerso en pleno debate público sobre las reformas estructurales en materia de hacienda y energética, que deben procesarse a partir de septiembre.

Sin embargo, sigue ausente un compromiso serio, explícito, con posturas claras y líneas de acción de parte del sector político, en torno al gran lastre con que carga la nación en términos de corrupción, impunidad, informalidad económica, opacidad y falta de rendición de cuentas en diversos ámbitos de gobierno y en la relación de éstos con los ciudadanos.

Todavía no se ha dado respuesta puntual a la demanda de los mexicanos de combatir a fondo la corrupción y la recurrente ineficiencia en el ejercicio de facultades y recursos públicos en diversas áreas, en todos los niveles de gobierno y de representación política.

Esto, aun cuando se están planteando reformas que podrían significar más cargas económicas para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto, así como mayores ingresos para el Estado a través de vías como el sector energético.

Es preciso tener claro que ni las mejores reformas funcionarán adecuadamente para cumplir con sus objetivos a favor del desarrollo de México, mientras no exista la voluntad nacional, de todos, por una cultura en la sociedad y un sistema político y de gobierno comprometidos con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Consideramos que es necesario y urgente un periodo extraordinario verdaderamente productivo; que siente bases favorables para que en el ordinario puedan fluir adecuadamente los acuerdos, a fin de lograr reformas realmente de fondo y consensuadas, como se requiere en materia hacendaria y energética.

Las condiciones son idóneas para sacar adelante pendientes que no vemos por qué deban retrasarse más, a riesgo de dejarlos de lado ante otros retos en la agenda. En esa calidad están los temas de transparencia y combate a la corrupción. Igualmente la reforma financiera, sobre la que ya existen acuerdos importantes, así como la de disciplina financiera en estados y municipios, que presenta un avance definitorio.

De la misma forma, se podrían concretar las leyes secundarias que se requieren para los cambios constitucionales logrados en educación y reformas como la financiera, y la de disciplina fiscal para estados y municipios entre otros.

Además están los nombramientos pendientes en el IFE, Ifetel y Cofeco.

Hemos señalado que dar cauce a reformas aplazadas en materia política y electoral, será un aporte de gran valía para propiciar un clima de diálogo, confianza y buena fe, en el que puedan transitar otras reformas complejas, trascendentes y urgentes en la lista.

Pero sobre todo, el proceso de transformación de México exige que se dé la importancia debida a la lucha contra la corrupción y la impunidad y a la consolidación de una política nacional bien articulada de transparencia, rendición de cuentas y auditoría. Ya hay iniciativas de reforma en el Congreso y no vemos por qué tengan que dejarse de lado.

No se trata de reformas periféricas, sino de requisitos que tienen que ayudar a ir a fondo contra el flagelo de la ilegalidad, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y que contribuye a reproducir la pobreza, la desigualdad y problemas de cohesión social.

En la clase política y en la sociedad, hay un gran interés para seguir afinando nuestro marco electoral a fin de hacerlo más equitativo y transparente. Esto es fundamental, pero también lo es la exigencia de la sociedad por la legalidad y la transparencia en la función pública y en su relación con ella: en los tres niveles de gobierno, y en los tres poderes de la unión.

Es claro que en México urge aumentar la recaudación tributaria, pero una verdadera reforma hacendaria necesariamente implica cambios en las dos partes que constituyen la hacienda pública: tributación y gasto. Hasta ahora, el debate y las propuestas que se han dado a conocer por diferentes actores se concentran en cómo generar mayores ingresos fiscales, y poco en la necesidad de realizar una reingeniería del gasto público, para hacerlo más eficiente, transparente y ligado a resultados, además de una mayor eficiencia recaudatoria.

Igualmente, tenemos la oportunidad de relanzar al sector energético y aumentar la renta petrolera para la nación, pero hay que asegurar que los beneficios sean para todos los mexicanos y para apuntalar un desarrollo sostenible, y no para alimentar la corrupción, más gasto corriente en menoscabo de la inversión y rentas para grupos de interés donde impera la opacidad y la falta de democracia.

Mientras que en los últimos doce años los ingresos del sector público aumentaron en 4 puntos del PIB, el gasto lo hizo en 5.6 puntos porcentuales, de los cuales 4 se canalizaron a gasto corriente. Hoy sabemos que más de la mitad de los municipios del país que reciben transferencias federales de subsidio para la seguridad no reportan en qué gastan los recursos y llevan a cabo acciones poco transparentes.

No se trata sólo de cómo obtener más recursos, sino también de cómo y en qué se van a usar. Por ello, en la propuesta de reforma energética del sector empresarial, hacemos hincapié en la pertinencia de establecer un fondo intergeneracional, para que los beneficios lleguen a las futuras generaciones.

Por estas mismas razones es que insistimos en el llamado a los legisladores y al Gobierno Federal y a la sociedad, para que haya una manifestación firme de voluntad política para acabar con la cultura de corrupción, impunidad y opacidad que pervive. Que la sociedad vea que no se trata de una campaña más o de palabras.

Un paso fundamental es sacar adelante las reformas que están pendientes en el Congreso sobre transparencia y la constitución de una Comisión Nacional contra la Corrupción, similar a la propuesta que hemos hecho desde el sector empresarial de la figura del zar anticorrupción ciudadano: un representante y gestor de la ciudadanía que eche a andar una verdadera cruzada nacional por la legalidad, capaz de recibir y canalizar denuncias, emitir criterios con carácter vinculante y lanzar programas y campañas nacionales.

El compromiso de combatir a profundidad la corrupción y la opacidad no sólo va a generar un mejor clima para los acuerdos políticos en torno a las reformas en la agenda, sino que es indispensable para que México cambie de verdad y progrese, con prosperidad, equidad, seguridad y justicia para todos.

Este es el momento.

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