Legalidad y confianza para construir el Estado de Derecho


     

Lunes, 23 de octubre de 2017

México necesita que la ley se respete y que sus instituciones la hagan cumplir. Sólo en un pleno Estado de derecho podemos construir un país más próspero y una democracia más incluyente. Construirlo exige instituciones confiables, profesionales, sólidas e independientes. Por eso es tan delicada la reciente discusión sobre la destitución del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y, más en general, sobre la modernización de la Procuraduría General de la República (PGR).

La reacción de la sociedad refleja la baja confianza en las instituciones responsables de la impartición de justicia en el país. Una pérdida que se refleja año con año en una mayor impunidad: actualmente, el 93% de los delitos no se denuncian, sobre todo, porque las víctimas creen que es una pérdida de tiempo o porque no confían en las autoridades. La discusión sobre el fiscal general y la demora en el nombramiento de un fiscal anticorrupción también han abonado en estas crisis.

La reciente destitución del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con una justificación cuando menos vaga, no abona ni construye la confianza que necesitamos en las instituciones. Por el contrario, enrarece y ensombrece un proceso electoral ya en marcha, y daña a las propias instituciones que deben de brindar certeza.

Por eso, y a reserva de las acciones que se adopten en el Congreso en los próximos días, es indispensable que la PGR presente una explicación completa a la sociedad; que ofrezca información que justifique ampliamente sus decisiones, como medio para cultivar la confianza de los mexicanos. En el contexto actual, los mexicanos necesitamos que decisiones como ésta, tengan el respaldo de la ley, sean transparentes y estén tomadas en el mejor interés de la democracia, con todo profesionalismo.

Hoy, tenemos la necesidad de exigir el más estricto cumplimiento de la ley como medida para recuperar la confianza en las instituciones. No sólo se trata de respetar los derechos elementales de todos los individuos, sino de fortalecer la capacidad de las instituciones para impartir justicia. Por eso, la FEPADE debe justificar plenamente, y jurídicamente, todas sus acciones también.

México debe llegar a las elecciones federales de 2018 con una fiscalía que atienda los temas electorales fortalecida, independiente y capaz de brindar certeza y confiabilidad sobre los procesos electorales. Esta fiscalía es la responsable de inhibir y perseguir la comisión de delitos electorales y, en este sentido, por su participación independiente y decidida es fundamental para garantizar elecciones limpias y justas en el país.

Más aún, en este momento se hace imprescindible la confianza y reaseguro de que ningún delito electoral va a quedar impune, ni estará sujeto a presiones políticas de ningún tipo. Por eso, es fundamental que cada uno de los casos abiertos en la FEPADE sean investigados hasta sus últimas consecuencias, y sus responsables sancionados con todo el peso de la ley, incluyendo el caso que está actualmente en el centro de la disputa entre la PGR y la FEPADE. No se puede aceptar ni un paso atrás en este sentido.

Hoy más que nunca, necesitamos instituciones sólidas. Por eso, es indispensable también que se avance y dé cumplimiento a la nueva ley de la fiscalía general, sin más excusas ni demoras. Retrasar la implementación de esta reforma, así como el nombramiento del fiscal anticorrupción, significa seguir debilitando la credibilidad y la confianza en la Procuraduría General de la República en su conjunto. Necesitamos avanzar para fortalecer las instituciones y acercarlas a los ciudadanos. Necesitamos contar con fiscales que garanticen el cumplimiento de la ley y un diseño institucional que asegure la autonomía en la procuración de justicia, sin tintes políticos.

Nunca podremos insistir lo suficiente en que sólo desde la legalidad, la confianza y la certeza podemos construir un pleno Estado de Derecho en el país. Y que sólo mediante el Estado de Derecho podremos alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Es por eso que desde el sector privado impulsamos una cultura de profundo cumplimiento de la ley, justicia y anticorrupción como la base fundamental de nuestra agenda México, Mejor Futuro. En nuestra visión de país, no hay pilar más importante que este para construir un México próspero, desarrollado y con oportunidades para todos.