Las reformas y el futuro

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Con la legislación secundaria en materia energética que está en proceso de aprobación en el Congreso de la Unión, México está a punto de consolidar una de las reformas legales de mayor trascendencia de nuestra historia contemporánea.

La reforma energética establece los cimientos para un nuevo y vigoroso impulso al desarrollo nacional. Sus efectos deben hacerse tangibles en el empleo y la inversión productiva de manera creciente y prolongada. Además, pronto nuestra planta productiva podrá contar con insumos competitivos en precios, calidad y abasto, y con ello elevar de forma sustantiva su capacidad, productividad y competitividad.

Habrá condiciones para que, en un mediano plazo, bajen los costos de electricidad y combustibles para la población. Igualmente, de forma indirecta, se da cauce a un importante proceso de reindustrialización en varias zonas del país, el cual es capaz de crear cientos de miles de más y mejores empleos.

Dichos puestos de trabajo serán adicionales a los que generará el sector energético y sus cadenas de abastecimiento, a las que deberán incorporarse, de forma estratégica, las pequeñas y medianas empresas mexicanas, en ocasión irrepetible para detonar su crecimiento y multiplicación.

El horizonte de oportunidades es enorme, y debemos trabajar con celeridad para aprovecharlas, puesto que acumulamos un rezago considerable en cuanto a nuestros desarrollos energéticos y en la conformación de una política estratégica de avanzada, como la que ahora tendremos.

Corresponde pasar, con responsabilidad y oportunidad, al periodo de implementación, un desafío igualmente extraordinario, por la cantidad y la complejidad de las aristas involucradas.

El reto demanda de una vinculación estrecha y la coordinación eficaz entre el sector público y el privado.

Por ello el CCE propone conformar una Comisión de Seguimiento para la Implementación de la Reforma Energética, donde participen Gobierno, Empresas Productivas del Estado, órganos reguladores y sector privado. De lo que se trata es de asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de sus principios y objetivos.

Hay que sumar fuerzas, de manera estratégica, para conjugar la capacidad y la eficiencia de planificación y ejecución que se necesitan en lo sucesivo. De hecho, esta premisa trasciende a lo que concierne exclusivamente al ámbito energético.

Al acercarnos a la consumación del proceso legislativo de ésta reforma, precedido otros cambios de gran calado como los aprobados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es tiempo de ajustar el enfoque de prioridades en la estrategia para impulsar el desarrollo económico en México. En la nueva etapa, la política seguirá siendo fundamental, pero cada vez tendrá mayor relevancia la gestión ejecutiva, técnica administrativa y de transparencia.

El trabajo en campo, en cada uno de los espacios donde tendrán incidencia las reformas, es crucial, tanto como apuntalar las condiciones para que éstas funcionen con todo su potencial.

Con los avances que se están concretando en el Congreso de la Unión, la Agenda por México, que consensuamos como sector y suscribimos con el Presidente de la República en el 2012, acumula un avance del 50%, con el cumplimiento de 33 de los 66 objetivos que comprende.

La consigna sigue siendo romper definitivamente con la inercia del bajo crecimiento que ha tenido México desde hace décadas. En esta tarea vemos varios retos en adelante.

En la parte económica, destacan prioridades como el mercado interno, desarrollo regional, acuerdos en materia fiscal, eficiencia del ejercicio del gasto público, política industrial, infraestructura y una reactivación de la construcción y la vivienda, economía verde, emprendimiento, desarrollo y multiplicación de las Mipymes, campo, salud y seguridad social.

El otro componente estratégico es el fortalecimiento institucional del Estado Mexicano, con la premisa de que las reformas en las leyes deben acompañarse necesariamente de una reforma efectiva en la capacidad y la voluntad de cumplirlas. Hay mucho trabajo por delante, en una agenda que el CCE ha dividido en cuatro ejes: Estado de derecho, Seguridad, Justicia, Combate a la Corrupción y la impunidad, y Gobernabilidad Democrática.

Bajo estas premisas, desde el CCE estaremos trabajando sobre prioridades, propuestas y acciones puntuales, alrededor de estos dos componentes estratégicos.

Entre otras medidas, queremos impulsar acciones para inyectar dinamismo al mercado interno en el corto plazo. Con este cometido estamos trabajando en los espacios de interlocución y planeación que hemos creado en estos años entre el sector público y el privado, como lo son el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento y el Comité Nacional de Productividad entre otros.

Insistiremos en la importancia de apostar por una política industrial y de desarrollo regional acorde con el momento que vive México, que incluya temas como el desarrollo de consorcios de empresas regionales, que puedan integrarse a los contratos que generará la reforma energética.

Tenemos que apoyar más a nuestros emprendedores, en todas las áreas, incrementar el esfuerzo en pro del desarrollo y la multiplicación de las empresas, y por igual, fijar metas nacionales en eficiencia regulatoria, formalización, productividad y acceso competitivo al crédito para Mipymes.

Podemos concretar una política de productividad agropecuaria y dar pasos más decisivos en materia de innovación y sustentabilidad. Proponemos abordar la oportunidad de emprender una nueva Ley de Obra Pública y fortalecer el compromiso con la infraestructura y la recuperación de la construcción y la vivienda, fundamental para lograr mayores tasas de crecimiento.

El reto es pasar de ser un país que se reforma, a una nación renovada, con mejores condiciones de vida y desarrollo para todos. Sumemos fuerzas en torno a lo que nos une. El CCE y el sector empresarial están del lado de los mexicanos que trabajan por una auténtica renovación de la voluntad nacional. Esta es la hora de México.

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