La Reforma Hacendaria

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A medida que avanzamos en el análisis del proyecto de Ley de Ingresos para el 2014 que propone el Poder Ejecutivo, los empresarios encontramos grandes incongruencias entre el Plan Nacional de Desarrollo, las Reformas aprobadas por la 62 legislatura, y la Reforma Hacendaria propuesta. Muchas de estas inconsistencias hacen que gran parte de las reformas aprobadas queden reducidas o neutralizadas con las nuevas disposiciones fiscales.

Surgen más inquietudes y, en varios sectores productivos, franco rechazo a disposiciones que representan afectaciones y riesgos muy importantes.

Muchas industrias nos están expresando su preocupación. Hay una incertidumbre muy extendida entre los empresarios, la cual es compartida por otros sectores, como la clase media, trabajadores y profesionales en asuntos económicos y fiscales.

Si bien entendemos que existen consideraciones políticas de peso y un contexto económico difícil, todo lo cual gravitó en las decisiones que se tomaron, la propuesta no es lo que esperábamos: aunque contiene elementos positivos, pospone nuevamente una reforma de mayor calado, que ataque de raíz las grandes distorsiones y lagunas de nuestro sistema fiscal. Se trata de un planteamiento que prioriza la recaudación de corto plazo, por sobre las soluciones de fondo que se necesitan.

No obstante, consideramos que la propuesta dará pie a un marco fiscal responsable para el año 2014, pero siempre y cuando exista disposición de los legisladores y el Gobierno de atender a las inquietudes, dudas y propuestas que tenemos los contribuyentes, con una revisión a detalle y corregir todo lo que sea necesario.

Creemos que existe esa disposición en la Secretaría de Hacienda y el Congreso, de la misma forma que la tenemos en nuestro sector, para generar equilibrios y lograr acuerdos que beneficien a todos los mexicanos. Sin duda, este proyecto fiscal tiene que ser revisado con lupa, estar muy abierto a la consulta, porque indudablemente requiere de precisiones y modificaciones en múltiples áreas. El sector privado está trabajando alternativas viables para todos.

Seguimos revisando aspectos técnicos, pero nos preocupa que hay temas que pueden implicar violaciones a principios elementales del derecho garantizados en la Constitución, tales como el de no retroactividad, y el de proporcionalidad.

En materia de seguridad jurídica, la reforma propuesta implica un grave retroceso, ya que establece nuevas responsabilidades penales que pueden afectar a personas totalmente ajenas a la comisión de posibles delitos, así como la reducción injustificada de los plazos para interponer medios de defensa.

La propuesta contiene varios elementos que de mantenerse, afectarían gravemente la competitividad de las empresas, la inversión, el empleo y el poder adquisitivo de una buena parte de la población de manera directa o indirecta, incluso para el sector de menores ingresos.

Todo esto podría tener efectos recesivos en la economía, de entrada porque en lugar de alentar la inversión, se le inhibe, lo que se traduciría en una menor generación de empleos y de recaudación. La propuesta hacendaria presentada, implica impactos muy fuertes para los sectores productivos.

La eliminación del régimen de consolidación fiscal merma de manera importante la competitividad para atraer, generar y retener inversiones.

Con esta reforma, las utilidades distribuidas por las empresas tanto a personas físicas como a residentes en el extranjero tendrían un nuevo gravamen con una tasa del 10%. La carga tributaria llegaría a 46%, al adicionar al 30% original de ISR, el impuesto sobre dividendos, más el pago de la PTU y el 2% adicional a las personas físicas.

No podemos obviar que, de acuerdo con el último ranking del Foro Económico Mundial, en materia de tasa impositiva sobre las utilidades estamos en el lugar 119 de 148 países, y en cuanto al efecto general de los impuestos en los incentivos para invertir, en el sitio 87. Si se aprobara la nueva Reforma Hacendaria que está en discusión nos podríamos ir al fondo de la tabla.

La homologación del IVA en la zona fronteriza puede tener consecuencias graves para la economía de esta zona. La tasa de 16% en México estaría compitiendo con el 8% promedio que prevalece en impuestos al consumo en Estados Unidos. Además, la pretensión de gravar las importaciones temporales puede provocar que maquiladoras busquen alternativas de localización más competitivas en otros países. El empleo se podría ver afectado de manera muy significativa.

Por su parte, el sector agropecuario actualmente tiene una tasa diferenciada de ISR del 21%. Con la iniciativa presentada se incrementa la tasa nominal hasta el 46%, sin considerar las vulnerabilidades inherentes de este sector. En la gran mayoría de los países con los que competimos, el sector primario tiene un sistema diferenciado.

La eliminación del beneficio de deducción inmediata de las inversiones y la aplicación de la depreciación de ciertas inversiones en el mismo año en el que se realizan, es uno de los mayores desincentivos para el crecimiento económico y la transición a fuentes alternativas de energía.

La incorporación de nuevas restricciones para deducir parcialmente la previsión social y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo, y la no deducción de aportaciones complementarias a fondos pensionarios y de jubilación, aumentarán de manera muy importante el costo operativo de muchas empresas y pueden tener como saldo una pérdida neta de beneficios en la calidad de vida de los trabajadores.

Reiteramos que la eliminación del IETU es adecuada, pero no estamos de acuerdo en que esta decisión se acompañe de un encarecimiento de la nómina para los que siempre han contribuido y generan los empleos formales.

En el mismo sentido de afectación a contribuyentes cautivos, el aumento al 32% de ISR a personas físicas representa un duro golpe para la economía de las familias de clase media, a las cuales se les impacta también con el pago de impuestos sobre hipotecas o renta de casa habitación y con el IVA en colegiaturas, entre otras medidas.

El sector empresarial ha expresado que una reforma hacendaria, para ser integral, requeriría de medidas concretas para aumentar la base de contribuyentes, a través de incentivos para formalizar el empleo. No obstante, en la iniciativa presentada, la importancia que se le da a este aspecto es marginal, ya que la mayor parte del esfuerzo de recaudación se recarga en los contribuyentes cautivos.

La decisión de no incluir un IVA acotado en alimentos y medicinas busca proteger a las clases más desprotegidas, pero se olvida que, en gran medida, estos tratamientos preferenciales son regresivos, porque benefician más a quien consume más.

En la parte social, es plausible la creación del seguro de desempleo y la pensión universal para los mexicanos mayores de 65 años, pero no queda claro cómo se asegurarán los recursos necesarios para hacer que sean financieramente viables. Es importante que, en esta nueva propuesta de seguridad social, se eviten duplicidades e inconsistencias que resulten negativas para las instituciones existentes.

Nos preocupa que los recursos destinados a inversión y gasto social sigan viéndose mermados o desviados, porque sigue faltando una verdadera reingeniería del gasto público en México, con una política integral, medidas concretas y compromisos claros por la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.

En cuanto los déficits propuestos para el 2013 y el 2014, es muy importante sopesar todos los posibles escenarios, para anticipar medidas que contribuyan a que esta política expansiva tenga éxito y efectivamente cumpla con su carácter temporal.

El sector empresarial sostiene que cualquier reforma, ya sea la hacendaria, la energética, la de seguridad social, corre el grave riesgo de no alcanzar los objetivos que se plantean para el beneficio de los mexicanos, si antes no se toman medidas eficaces para contener la corrupción, que deben incluir el diseño de una política articulada de transparencia y rendición de cuentas.

Tenemos tiempo suficiente para lograr un paquete económico que funcione para todas las partes y también para avanzar en los cambios estructurales que se precisan en materia hacendaria. La clave es el diálogo con apertura, el análisis técnico detallado y la consulta, y la voluntad sobre todo, de llegar a acuerdos por el bien común. El compromiso de los empresarios con esta línea es total.

La Voz del CCE