La prioridad de combatir la corrupción

El 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción, un problema que representa uno de los mayores obstáculos para hacer negocios en el país. En 2018, de hecho, se convirtió en el segundo problema más importante para los ciudadanos, sólo detrás de la inseguridad. No es una casualidad: en nuestro país la corrupción tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios que deberían ser gratuitos o la extorsión de verificadores de todo tipo, hasta el desvío de recursos públicos.

Las consecuencias de la corrupción son graves en términos económicos y sociales: de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta 5% menor, y de acuerdo con diversas organizaciones como el Foro Económico Mundial, el Banco de México, el Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción oscila entre 2% y 10% del PIB de nuestro país, ese es nuestro costo. A nivel individual, Transparencia Mexicana estima que se dedica 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales.

Los empresarios celebramos que el gobierno que inicia haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad. Sin duda, México tiene que iniciar una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública.

Para lograrlo, es necesario que construyamos instituciones sólidas y fuertes que permitan un combate efectivo contra este fenómeno, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy, todavía no existe un sistema completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad. Por eso, en el sector privado llamamos a los poderes ejecutivo y legislativo, federales y estatales, a que apoyen de una vez por todas la implementación del sistema a nivel federal. Por otra parte, se tienen que crear instituciones eficaces estado por estado. Por nuestra parte, los empresarios nos comprometemos con la sociedad a tomar acciones concretas para combatir la corrupción en y desde las empresas.

Ya hemos tomado medidas importantes. A partir de una propuesta del sector privado mexicano -y con el apoyo de los equipos negociadores de los tres países- el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá incluyó un capítulo Anticorrupción. Esta es una aportación sin precedentes en tratados comerciales a nivel internacional: logramos tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, así como obligar a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción. 

Así, avanzamos en la modernización del Tratado y fomentamos un mejor ambiente de negocios en la región norteamericana y nuestro país en particular. Pero este paso adelante no sustituye los esfuerzos que, internamente, tenemos que realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a una cultura de cumplimiento escrupuloso de la ley.

Por eso, al lado de la Secretaría de la Función Pública, los empresarios hemos trabajado para detectar y simplificar aquellos trámites que son más proclives a la corrupción. Y, en adelante, queremos seguir trabajando con el nuevo gobierno para establecer una regulación más efectiva y transparente, simplificar esos trámites y digitalizarlos para que sean más eficientes, transparentes y menos discrecionales.

Además, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) realizamos el Modelo de Programa de Integridad Empresarial, el cual representa el esfuerzo de los empresarios por combatir las prácticas de corrupción entre empresas, y en la relación de las empresas con el sector público.

En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también actualizamos nuestro Código de Integridad y Ética Empresarial e implementamos normas orientadas no sólo a prevenir, sino a sancionar los actos de corrupción. Su objetivo es propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y crecimiento de las inversiones, los negocios y los emprendedores, para poder generar empleo de una manera ordenada y eficiente. Contamos con la participación y anuencia de todas las organizaciones empresariales para el diseño e implementación de los protocolos para el análisis de riesgos en materias de corrupción. Ahora, las empresas contarán con herramientas para consolidar de manera exitosa su política de integridad. 

Estamos convencidos de que este problema no solo recae en el sector público ni en un solo orden de gobierno. Es responsabilidad de todos generar un cambio: estados, municipios, ciudadanos y empresas debemos ser parte de esta cruzada. Primero evitando actos cotidianos de corrupción -como dar dinero a un policía para evitar una multa de tránsito- pero también denunciando y exigiendo justicia, probidad y orden en todos los ámbitos.

Tenemos el gran desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y tenemos que trabajar todos juntos, haciendo cada quien lo que nos corresponde. Los empresarios estamos poniendo el ejemplo, trabajando por delante. Debemos transformar la cultura cívica mexicana para que la corrupción sea intolerable y la denuncia ciudadana permita castigar a quienes la cometen, en lo público y en lo privado. En el sector privado refrendamos nuestra voluntad por construir juntos un mejor país.