La hora de consolidar la reforma energética

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Una vez concluido el ciclo legislativo de la reforma de telecomunicaciones y la radiodifusión, toca el turno de hacer lo propio con el vasto paquete de legislación secundaria que hay que procesar en materia energética, el expediente más urgente en el Congreso de la Unión y prioritario en la agenda económica de México.

Es tiempo de cerrar la etapa legislativa del dinamismo reformador que ocurre en la economía mexicana, para pasar de lleno a una fase centrada de implementación e inversión, tanto en el sector público como en el privado.

Confiamos en que los senadores y los diputados federales estarán a la altura del reto de consolidar esta trascendente reforma, atendiendo con apertura y respondiendo con visión y responsabilidad a las observaciones y propuestas que se están haciendo desde la sociedad civil, la academia y el sector empresarial, con objeto de apuntalar la legislación que se requiere.

La revisión técnica a detalle es crucial. Los proyectos de ley presentados son congruentes con la reforma constitucional, pero existen diversos aspectos que pueden perfeccionarse, y otros que deben corregirse o precisarse.

En lo general, resulta fundamental que el marco legal ofrezca certeza jurídica para todos los actores del sector, a través de la claridad en sus disposiciones, además de que se apegue al principio de equidad, a fin de que haya una competencia real, en la cual participen PEMEX y CFE, junto con la iniciativa privada.

Lo anterior, a su vez, implica garantizar que las autoridades rectoras y los órganos de regulación cuenten con la autonomía, los recursos y las facultades técnicas y jurisdiccionales necesarias para cumplir sus tareas de manera efectiva.

El reto es consolidar un modelo energético estratégico, basado en la complementariedad público-privada, la eficiencia y la transparencia, sujeto a un esquema efectivo de evaluación y rendición de cuentas.

Hay que garantizar condiciones adecuadas para la integración creciente de contenido nacional, con la participación y el crecimiento de empresas mexicanas, particularmente las Pymes. Esto debe traducirse en una plataforma de desarrollo regional, con la conformación de encadenamientos productivos locales y nacionales.

Con el soporte de nuestro grupo de trabajo para la reforma energética, que ha hecho una revisión puntual de las propuestas de reforma, el CCE está impulsando propuestas específicas enfocadas en temas críticos y áreas de oportunidad concretas de las leyes involucradas.

En materia de exploración y extracción de petróleo, queremos incluir disposiciones aplicables al financiamiento de los proyectos, revisar procedimientos de autorización por parte de SENER y CNH, para que no se retrasen o entorpezcan innecesariamente las actividades de los contratistas e incorporar en los procedimientos para revocar o rescindir contratos la posibilidad de solventar el incumplimiento detectado, así como un mecanismo que permita finiquitar las inversiones realizadas.

En transporte de gas natural, consideramos, entre otros puntos, que debe garantizarse que el CENAGAS sea efectivamente el administrador y gestor de la capacidad de transporte presente y futura, incluyendo los puntos de internación al país. Asimismo, hay que afianzar la independencia de este organismo, evitándole conflictos con otras instancias y las empresas del Estado.

Contando con el involucramiento de la Cofece y la CRE, hay que dejar claros los límites y la regulación de la participación de Pemex y CFE en el desarrollo de gasoductos, para evitar que tengan una ventaja anticompetitiva.

En cuanto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es fundamental que los contratos que se liciten contemplen un balance adecuado entre riesgo y retorno, privilegiando la competencia y eficiencia de las inversiones. Asimismo, condiciones competitivas para deducir inversiones, tanto en términos de plazos como de conceptos que pueden ser incluidos.

En materia de electricidad, es indispensable que el Régimen Transitorio sea suficientemente claro en cuanto a respetar los términos y condiciones bajo los cuales operan los permisionarios actualmente. Igualmente, es importante asegurar que se puedan celebrar contratos de suministro a largo plazo entre generadores y usuarios calificados, y garantizar el despacho de la energía eléctrica asociada a los mismos.

Se debe garantizar que CFE, en su calidad de participante del mercado, no tenga ventajas inequitativas con respecto a los demás jugadores, y también que no haya intervención discrecional de autoridades en la determinación de precios en el mercado eléctrico.

En la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, entre otras prioridades, debe de evitarse que las atribuciones y competencias de esta agencia se dupliquen con las de otras dependencias.

En relación con el Fondo Mexicano del Petróleo, hay que garantizar su independencia y la de los integrantes de su Comité Técnico, así como la legitimidad de sus resoluciones y la transparencia de sus actividades, bajo el principio de máxima publicidad.

En cuestiones de presupuesto federal y responsabilidad hacendaria debemos asegurar una planeación presupuestal adecuada en las Empresas Productivas del Estado, así como procedimientos puntuales para que exista transparencia en el registro de la contratación de deuda y obligación financiera, que deberá estar disponible para la ciudadanía.

En la parte de Gobierno Corporativo para Pemex y CFE, debemos adoptar las mejores prácticas, con criterios objetivos para la selección de consejeros y comités de nominación imparciales, requisitos de independencia para evitar conflictos de intereses, un sistema de responsabilidad que tome como referencia a la Ley del Mercado de Valores y esquemas eficaces de evaluación de desempeño.

La parte de contenido nacional, como ya lo hemos señalado, es de la mayor relevancia. Necesitamos conjugar equilibrios para maximizar la inversión y alentar la absorción y desarrollo de tecnologías nacionales.

Procede enriquecer y aprobar sin más dilación los proyectos de reforma, los cuales deben ser revisados al detalle, con visión y responsabilidad, de manera que la legislación secundaria efectivamente aterrice los principios y alcances de las disposiciones que se incorporaron a la Constitución en el 2013.

A medida que el tiempo pasa, podemos perder oportunidades valiosas para revertir de forma contundente y rápida las distintas facetas del estancamiento que ha padecido nuestro sector energético. Es preciso que el marco jurídico quede totalmente claro para el banderazo de salida; activar, en toda su potencia, el motor de mayor calibre que tiene disponible México en este momento para acelerar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos de calidad.

La Voz del CCE