La agenda pendiente para el próximo periodo legislativo

     

Lunes, 28 de agosto de 2017

Este viernes 1 de septiembre inicia el tercer y último año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. El periodo constituye la mejor oportunidad para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso demuestren si su prioridad es promover el bienestar de los mexicanos. En los últimos años, han quedado pendientes importantes reformas y leyes que ya son impostergables.

Los empresarios sabemos que la sociedad es el motor del cambio: la iniciativa de sus emprendedores, la inversión de sus empresas y empresarios, y el talento de los trabajadores. Pero para que la sociedad pueda alcanzar su potencial, es necesario crear las condiciones para que el ciudadano opte por el desarrollo, el progreso.

Tenemos claro que ni el crecimiento económico ni el bienestar social serán logrados solo por decreto. Y entendemos que los legisladores no deben preocuparse por hacer la tarea que corresponde al ciudadano y a las empresas. Pero sí tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones para que dicho ciudadano y empresa puedan hacer su tarea.

Para lograrlo es necesario fortalecer la legislación nacional en tres materias: fortalecimiento del Estado de Derecho, la ley, el cumplimiento de la misma,  impulso al crecimiento económico y combate a la corrupción.

Para fortalecer el Estado de derecho debemos avanzar, sobre todo, en seguridad e impartición de justicia. En este sentido, continúa pendiente la aprobación de una la Ley de Seguridad Interior que dote de certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Las condiciones de seguridad actuales en nuestro país han exigido que nuestros soldados lleven a cabo responsabilidades que corresponden a las autoridades civiles.

Necesitamos diseñar un marco normativo que dé certeza y seguridad jurídica, para contar con policías civiles propiamente capacitados y certificados y fortalecer las capacidades, la coordinación y la especialización en todos los niveles de gobierno. En línea con ese objetivo, deben realizarse ajustes al sistema penal acusatorio. Su implementación es un paso decisivo hacia el respeto al debido proceso y el acceso a la justicia. Para que funcione es necesario que consideremos las primeras experiencias de su aplicación para mejorarlo y fortalecer la impartición de justicia construyendo así un sistema que garantice la certeza jurídica para todos.

México necesita un ambiente de negocios que propicie el crecimiento económico. Para ello, en este periodo ordinario de sesiones deberá aprobarse el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2018. Su discusión debe colocar en el centro, la necesidad de sostener el equilibrio de las finanzas públicas y la contención de la deuda. El gobierno debe gastar mejor y priorizar los recursos que se destinan para el desarrollo, la salud, la educación, e innovación, así como construcción de infraestructura. En el último año de gobierno necesitamos un presupuesto que evite gastos innecesarios de fines electorales, y que también evite  la parálisis de la acción de gobierno en su última etapa de gestión.

También para ser más competitivos y facilitar el crecimiento económico es importante que el Congreso incorpore entre sus prioridades concretar una Ley General de Mejora Regulatoria: es indispensable que los tres órdenes de gobierno reduzcan el exceso de trámites que enfrentan los particulares, sobre todo las micro y pequeñas empresas. Del mismo modo, debemos avanzar en la legislación secundaria de justicia laboral para tener un marco legal que apoye la productividad de las empresas y asegure el bienestar de los trabajadores.

Requerimos un marco institucional que facilite y fomente la inversión en México. Por eso, y para detonar todo el potencial de la reforma energética y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, es indispensable contar con marco legal, una Ley General de Consulta Indígena porque urge establecer reglas que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos originarios y al mismo tiempo promuevan la inversión productiva y les den certeza jurídica.

Asimismo, para dar un impulso adicional al crecimiento económico, no debemos postergar la discusión y aprobación de una Ley de Obras Públicas que promueva una estrategia integral de construcción de infraestructura y que al mismo tiempo mejore la calidad de las obras y reduzca los espacios a la corrupción.

A la par de estos esfuerzos por fortalecer la economía en México, los empresarios reiteramos nuestra disposición e invitación al Poder Legislativo, en mantener un diálogo permanente que acompañe y fortalezca la posición del Estado mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con posturas comunes y estrategias compartidas podremos defender mejor la competitividad regional y los intereses nacionales. Finalmente seguir atrayendo inversión y generar empleo.

Por último, a fin de fortalecer a las instituciones públicas y reconstruir la confianza entre la sociedad y sus gobiernos, México debe avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto implica, al menos, concluir su integración al aprobar los nombramientos del Fiscal Especializado y los magistrados en la materia; reformar la constitución para que se garantice la autonomía de la Fiscalía General y asegurar que el perfil, las capacidades y la trayectoria de quien resulte designado para esta tarea garanticen un perfil imparcial y ético; así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de los recursos necesarios para que opere de manera efectiva.

Con la responsabilidad de los legisladores podemos lograr estos cambios en beneficio del México que queremos. Desde el Consejo Coordinador Empresarial, refrendamos nuestra disposición por mantener un el diálogo siempre abierto, permanente  y constructivo con todos los grupos parlamentarios. Vamos a aportar nuestras experiencias, propuestas y visión de futuro para enriquecer el debate legislativo y conciliar una agenda común que fortalezca finalmente a México y a los mexicanos.

Entendemos que los tiempos electorales dificultan el logro de acuerdos políticos. Por eso, hacemos un llamado a la responsabilidad de los legisladores y los partidos políticos representados en el Congreso, para que se comprometan a entregar resultados a los ciudadanos a quienes finalmente representan. Su encomienda no ha terminado y más que ocuparse por cuál será su futuro al término de la legislatura, confiamos en que verán por el bien de todos los mexicanos. Si cada quien hace lo que le corresponde, podremos avanzar con mayor firmeza en la tarea de ser un país más justo, incluyente, equitativo y próspero.