La actualidad del reto de la inseguridad

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En las últimas semanas se han presentado sucesos que han colocado nuevamente al crimen y la violencia en el centro de la atención de los mexicanos. Asesinatos, secuestros, ejecuciones, violaciones y abusos de grupos que quebrantan la ley de manera abierta e impune, ante la pasividad de diversas autoridades. Hechos que deben ser tomados como signos de alerta, para no bajar la guardia.

Esta dinámica debe recordarnos que la inseguridad pública es, y será por un buen tiempo, el expediente abierto más delicado para la nación. Aún queda mucho por hacer.

En este sentido, la aparición de grupos de autodefensa armada es un signo preocupante.

Urge definir posiciones y una respuesta institucional responsable. Como sector empresarial y como ciudadanos, rechazamos tajantemente que guardias que actúan fuera del marco legal puedan ser una solución adecuada a la inseguridad. Consideramos que no deben permitirse, y mucho menos apoyarlas o armarlas.

Estos grupos suelen ser un caldo de cultivo de más violencia, abusos, transgresiones a los derechos humanos y formación de grupos paramilitares. El llamado a los gobiernos de los estados y municipios donde se ha presentado el fenómeno, así como al Gobierno Federal, es a unir fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brindando protección efectiva a la población.

La reacción debe ser rápida y firme, poniendo por delante la legalidad, la seguridad y los derechos humanos.

Estamos a tiempo de evitar que estas guardias se sigan multiplicando, que sean capturadas o inclusive creadas por el crimen organizado o intereses ajenos a las comunidades, para generar una problemática fuera de control. Despejemos el riesgo de ingobernabilidad, en zonas de por sí afectadas por la violencia.

La situación es producto de la desesperación, ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales. Pero el remedio no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional.

Un enfoque de administrar o de sobrellevar los problemas, en cualquier municipio o estado, va a ser contraproducente, tarde o temprano. Los problemas no van a resolverse por sí solos; al contrario, crecen.

Los planes y medidas que ha anunciado el Gobierno Federal resultan alentadores, en particular por el énfasis en la coordinación y corresponsabilidad entre los distintos órdenes y poderes de gobierno y para corregir errores e insuficiencias.

Es acertada la decisión de hacer un mayor esfuerzo en materia de prevención, con un enfoque intersecretarial y de participación ciudadana, aunque el reto está en la implementación y la rendición de cuentas oportuna y clara de los resultados. Esperamos más definiciones, metas y parámetros para el seguimiento y la evaluación.

De igual modo, es promisoria la voluntad política manifestada por los gobernadores, en el marco de la Conago, para ir adelante con una estrategia de regionalización y con los mandos policiales únicos estatales. Esto no va a resolver todos los problemas, pero resulta un paso indispensable, precisamente por la dispersión y la debilidad institucional de la mayoría de las fuerzas públicas municipales: su vulnerabilidad y recursos insuficientes las mantiene en amplia desventaja contra la delincuencia.

Por eso reconocemos los avances, en esta línea, en entidades como Morelos, a pesar de las adversidades que ahí han tenido lugar.

Lo que se requiere es acelerar el paso frente a los pendientes, las políticas y las acciones que proceden, con urgencia y firmeza. Entendimiento y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Aclarar lo que está indefinido o falta aterrizar, con prioridades y objetivos precisos. Hacer efectivos los planes y los compromisos.

No podemos acostumbrarnos a la violencia y la impunidad. Una anomalía de estas dimensiones no debe aceptarse como parte de la normalidad. Las causas de la crisis permanecen inalteradas en sus fundamentos; el país está cansado, y harto de la violencia.

En Japón o en España, de cada 10 homicidios, nueve casos se ponen a disposición del juez con los presuntos delincuentes; en México es al revés: en los últimos 5 años, los homicidios dolosos que llegaron al conocimiento de los ministerios públicos se duplicaron, hasta los niveles actuales de más de 20 mil por año, mientras que la impunidad se incrementó más de 17%, hasta la situación vigente: de cada 10 asesinatos, sólo 2.3 se procesan penalmente.

En materia de secuestro, como desde hace más de una década, México ocupa el segundo lugar en el mundo, con una tasa oficial de 1.18 por cada 100 mil habitantes. De poco sirve el aumento en las penas, frente a una impunidad de alrededor de 87% en este delito. Y en esto, hay que tomar en cuenta la cifra negra: más de 90% de los delitos ni siquiera se denuncia.

Los sueldos de nuestras policías fluctúan entre poco más de 2 mil 400 a 6 mil 400 pesos mensuales, con una situación laboral precaria. Debería garantizarse que, una vez que un aspirante a policía cubra requisitos como una carrera policial formal y exámenes de confianza, puedan aspirar a salarios y condiciones de vida dignos.

México se ha consolidado como uno de los países con más piratería, en el que campea la extorsión y el robo a negocios. Urge reforzar la Comisión Intersecretarial de Combate a la Piratería y el Contrabando.

Desde hace varios años, corrupción y delincuencia son los dos factores más problemáticos para hacer negocios en el país, especialmente para las Pymes. Esto no cambiará por decreto.

El problema tiene raíces sociales y económicas profundas, y se requiere de voluntad, liderazgo y disciplina para avanzar en puntos concretos y medibles.

Son muchos los retos: apuntalar la Plataforma México, los programas de evaluación de confianza y capacitación, la coordinación entre las fuerzas federales, a través de la Secretaría de Gobernación, reestructurar al Instituto Nacional de Migración, y la homologación de códigos penales.

Como solución indispensable en el largo plazo, necesitamos generar empleo digno, lo cual depende de la inversión, y hoy por hoy, uno de los factores que más la inhiben es la inseguridad.

Atender las causas es trabajar intensamente para regenerar el tejido social, como se lo ha propuesto el Gobierno Federal, pero también superar un retraso de tres años en la implementación de las policías únicas estatales. Por el lado de la reforma penal, se necesita redoblar el esfuerzo: a cinco años del inicio del periodo de ocho años dispuesto para el cambio, sólo en 12 estados se ha iniciado la operación del nuevo sistema, y de manera parcial.

Se precisa de un punto de inflexión: gobiernos, en sus tres niveles, que cumplan y hagan cumplir la ley, como es su obligación; sin discrecionalidad o negociación en funciones de criterios políticos.

Como sociedad, la necesidad de entender que ésta no es una lucha de un gobierno, sino de todos los mexicanos.

Todos somos responsables: los tres poderes de gobierno, los municipios, los estados, la Federación y la sociedad en su conjunto. El sector empresarial coadyuvará a través de su estructura de vertebración, los consejos ciudadanos e impulsando las reformas que México necesita.

Estamos comprometidos con éste que es el mayor desafío de todos los mexicanos.