Investigación, innovación y desarrollo

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En el Pacto por México se establecen metas ambiciosas en materia de ciencia, tecnología e innovación: sentar las bases, en este sexenio, para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento. Para ello, propone un impulso y articulación sin precedentes.

Planea aumentar el número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación y, con ello, el número de patentes. Asimismo, definir de manera consensuada las prioridades nacionales en este ámbito.

En el documento firmado por los tres principales partidos políticos y el Gobierno federal, se fija la meta de cumplir con la Ley de Ciencia y Tecnología para alcanzar, en el 2018, una inversión nacional del 1% del PIB anual en este rubro, uno de los principales compromisos que se firmó en la Agenda por México con el Presidente de la República.

Se lograría a partir de un gradual incremento presupuestal y del financiamiento, así como incentivos para una participación intensa de los sectores productivos.

En la iniciativa privada compartimos plenamente el sentido estratégico de estos objetivos, coincidentes con la agenda de nuestro sector. Incluso consideramos que debemos alcanzar estas metas antes, lo cual es viable si armamos una sinergia eficaz y oportuna de la “triple hélice” de la innovación y el desarrollo tecnológico: academia, empresas y gobierno. Con esa confianza estamos trabajando y colaborando con instituciones como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Respaldamos la iniciativa de crear la Agencia Mexicana de Innovación para la Competitividad: una instancia que asegure un enfoque estratégico a las prioridades del desarrollo económico, con una mesa directiva tripartita, el apoyo directo del Presidente de la República y trabajo estrecho con las Secretarias de Estado, responsables de los sectores donde la innovación toma un papel central.

Un organismo que integre funciones de financiamiento y asesoría especializada, operación de los programas de estímulo, apoyo a proyectos, desarrollo de capacidades, infraestructura y propuestas normativas.

La situación exige acelerar el paso. El rezago de México en investigación, innovación y desarrollo es enorme, uno de los puntos débiles más vulnerables en nuestro balance de competitividad.

En el mundo, en la última década se ha alcanzado un consenso respecto a que la innovación, entendida como la mejora o la creación de nuevos productos, procesos, servicios o modelos de negocio, es un factor primordial de la productividad y el crecimiento económico. Nuestro país presenta bajos niveles tanto en materia de productividad como de valor agregado de las cadenas productivas.

Países como Hungría e Irlanda presentan más solicitudes de patentes que México, con un menor monto de inversión para ciencia y tecnología. Incluso como co-desarrolladores, en alianza con investigadores internacionales, nuestra presencia es marginal. De poco más de 14 mil 500 solicitudes de patentes, menos del 7% es presentada por mexicanos. Corea del Sur obtiene 180 veces más patentes que nosotros, que promediamos 500 o menos por año.

Como sector, tenemos cuatro metas estratégicas:

Primero. Una estrategia consistente para convertir a México en un país realmente innovador, en sintonía con un relanzamiento de la política industrial.

Dos. Generar un esquema efectivo de vinculación empresarial con la comunidad científica y tecnológica y las Instituciones de Educación Superior.

Tres. Identificar y desarrollar estrategias efectivas de asignación de recursos públicos y fondos de apoyo a la inversión, dirigidos a lograr sinergias y promoción de la innovación al servicio de la actividad económica.

Cuatro. Consolidar un marco legal que incentive la innovación, proteja la propiedad intelectual y esté acorde a las tendencias internacionales.

Las propuestas y medidas que estamos impulsando se basan en estos 4 ejes.

Política pública que recopile y articule una oferta integral de servicios prestados por las diferentes instituciones de fomento y de apoyo a la innovación; que promueva el involucramiento del sector privado a través de la consolidación de instancias de coordinación y promoción de proyectos de alto impacto, bajo el modelo de participación tripartita.

Estamos por un enfoque de vinculación con énfasis en la solución de problemas y oportunidades de la planta productiva, según las necesidades específicas de cada sector. Queremos reforzar la infraestructura científica y tecnológica nacional, con nuevos centros de investigación en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social.

Necesitamos instrumentos de promoción e intercambio de innovación no tecnológica en las cadenas productivas, como herramientas virtuales y valores intangibles, así como impulsar el desarrollo regional con los estados.

Es necesario conjugar estrategias de financiamiento, así como fomentar que las organizaciones empresariales desarrollen redes de innovación y adopten las mejores prácticas tecnológicas.

Vamos a promover un marco institucional en el que los temas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación tengan la mayor relevancia en la administración pública federal. Adecuar y flexibilizar el andamiaje normativo de los fondos y programas de apoyo, así como en las universidades y centros públicos de investigación, de tal forma que se fortalezca su vinculación con la sociedad y el sector productivo.

Es indispensable modernizar el sistema de derechos de autor y propiedad intelectual, que considere las tendencias tecnológicas.

Desde luego, no vamos a avanzar mucho si no incrementamos la inversión total en el área en al menos medio punto del PIB. Urge reincorporar a la política pública un sistema competitivo de estímulos, asimilando las mejores prácticas internacionales. Otros países están incentivando su desarrollo tecnológico a pasos acelerados, mientras que nosotros nos atrasamos, sin un mecanismo efectivo y validado para corregir la tendencia. Las opciones están sobre la mesa.

Tan sólo con un paquete efectivo de estímulos fiscales para nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico, ampliación de infraestructura, incorporación de doctores y maestros de ramas científicas y de ingenierías a las empresas, y creación de negocios de alta tecnología, podemos incrementar progresivamente la inversión y el gasto privados entre 30 y 36 mil millones de pesos al año.

La inversión en I+D+I es una de las mejores apuestas que puede hacer el actual gobierno y México. Para un costo fiscal de alrededor de 12 mil millones de pesos, el factor multiplicador estimado es de al menos tres veces. En el sector empresarial hay interés y compromiso. Pero todos tenemos que aumentar la intensidad y la velocidad del esfuerzo. Es por las empresas, pero más aún por el crecimiento y el empleo.

Es por el futuro de nuestro país.

La Voz del CCE