Inseguridad

 

 

 

Inseguridad
Lunes, 05 de marzo de 2018

Las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más empleos, si no contamos con las mínimas garantías de seguridad. No se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad física y patrimonial de la sociedad. Por eso es urgente que los tres órdenes de gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país.

La anarquía con la que la semana pasada el crimen organizado en Michoacán robó e incendió vehículos para bloquear vías de comunicación; la impunidad con la que hoy esos delincuentes están en las calles; así como la indolencia con la que han actuado las autoridades son inaceptables. México no puede ser rehén del crimen organizado ni presa de inacción de las instituciones.

La violencia vivida en Michoacán se suma a las decenas de homicidios de presidentes municipales, candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular en todo el país. Ambas son caras de la misma amenaza al Estado mexicano: del mismo intento de los delincuentes por apoderarse del espacio público y la toma de decisiones que sólo nos compete a los ciudadanos.

Es necesario que se tomen medidas ejemplares y expeditas para poner un alto a la delincuencia que sigue creciendo en el país. En 2018, tuvimos el enero con más homicidios desde que se tiene registro. El robo a autotransporte creció 85% en 2017, con respecto al año anterior. Y, en general, en dos de cada tres estados se cometen más delitos que antes. En todo el país, los delitos denunciados se incrementaron en más de 10% en el último año.

La delincuencia no es el único desafío para el Estado de derecho. Hace unas semanas, muchas empresas establecidas en Michoacán -y las que dependen de su cadena de suministro en la industria automotriz, por ejemplo- tuvieron que suspender o reducir sus operaciones por las protestas de grupos que actúan por encima de la ley. La toma de las vías férreas generó un costo estimado en más de 600 millones de pesos para las empresas, que son quienes asumen los costos de la falta de acuerdos políticos.

México tiene que fortalecer las instituciones responsables de impartir justicia. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, México se encuentra en el lugar 92 de 113 países considerados, cuatro lugares más abajo que un año anterior. Por la calidad de nuestras instituciones, el Foro Económico Global nos ubica en la posición 123 de 137 países, prácticamente entre el 10 por ciento peor evaluado.

Como parte de la agenda pública del sector privado, los empresarios estamos promoviendo medidas que nos permitan:

  • Reforzar la seguridad pública y la prevención del delito, con un nuevo modelo de mando policial, así como ofreciendo certeza y seguridad a la denuncia ciudadana;
  • Garantizar los derechos de propiedad en todas sus formas, la propiedad pública, social y privada;
  • Consolidar el sistema de procuración e impartición de justicia;
  • Erradicar la corrupción y la impunidad.

Tenemos que convertirnos en un país donde todos respetemos los derechos de los demás. Y tenemos que proponernos vivir en paz y libres de violencia. Desde el sector privado exigimos que se recupere la tranquilidad y la calma en nuestras calles y carreteras -en particular en esta semana en Michoacán-. Demandamos que las instituciones de seguridad -de los tres órdenes de gobierno- recobren el control del Estado y el monopolio de la fuerza en todo el país. Y los conminamos a que sancionen a quienes violentan nuestros derechos como empresarios, trabajadores y ciudadanos.

Si esto es urgente en cualquier tiempo, en un año electoral, la paz es imprescindible. No podemos transitar en el proceso de elecciones con el país en alerta roja por la inseguridad, la violencia y la impunidad. La gobernabilidad nos generará confianza y es imprescindible en estos momentos.

Si somos capaces de construir instituciones más fuertes, podremos generar mejores condiciones para que las empresas, los trabajadores y los empresarios podamos producir más y generar bienestar. Hoy, nuestra sociedad tiene que asumir que sólo un México de leyes puede ser un México más próspero y justo. Por eso, tenemos que exigir que se fortalezca el Estado de derecho y se construya una cultura de legalidad que con gobernabilidad nos permita recuperar la confianza en nuestra sociedad.