Inaceptables niveles de inseguridad e impunidad

 

 

 

Inaceptables niveles de inseguridad e impunidad
Lunes 28 de mayo de 2018

No puede haber una economía próspera si no se respeta la ley ni se protegen la seguridad de los ciudadanos y sus derechos. En México, cuando más necesitamos generar empleos y construir oportunidades de desarrollo para las personas, es fundamental que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la federación asuman su responsabilidad con la paz y el Estado de derecho en el país.

Los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. Hace dos meses, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero porque el asedio del crimen organizado era insoportable. La semana pasada, la empresa LALA se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante Tamaulipas por razones similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.

La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables. Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca  obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada.

El robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2017. Y aún más grave, más de 90 políticos han perdido la vida en este proceso electoral.  Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar.

Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia.

Tenemos que avanzar también, sin mayor dilación, en la implementación de una fiscalía general autónoma y la formación de ministerios públicos independientes. La impunidad en la que quedan más de 95% de los delitos que se cometen en el país, es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.

La inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México. En indicadores de competitividad que nos comparan con otros países como el Índice​ ​de​ ​Competitividad​ ​Internacional​ ​del IMCO o el del Foro Económico Mundial, la falta de un Estado de derecho, la corrupción y la impunidad; así como la calidad de las instituciones son identificadas como una de las mayores debilidades de nuestra Nación.

Necesitamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata. Su responsabilidad no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea cumplir a cabalidad con todos los mexicanos.

Y, al mismo tiempo, convocamos a quienes aspiran a un puesto de elección popular, a que preparen propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad, para reducir la delincuencia y combatir al crimen organizado y la corrupción. La ley no se cumplirá mágicamente en nuestro país; necesitamos medidas concretas y efectivas para lograrlo.

En el sector privado sabemos que no se puede esperar credibilidad en la palabra, cuando las propuestas no la respaldan. Queremos que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrentamos. Exigimos que pongan las condiciones mínimas para que nosotros podamos salir adelante con nuestro propio esfuerzo: los gobiernos actuales y los que aspiran a gobernarnos. Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa.

México necesita establecer un Estado derecho que nos permita recuperar la paz, la seguridad y la confianza en el futuro de nuestro país. Sólo así podremos generar los empleos que demandan los mexicanos para salir adelante, los empleos que todos requerimos, y dar las oportunidades para que todos puedan prosperar, hacer ver las injusticias y castigar a los transgresores y, de manera general, elevar el nivel de bienestar de nuestro país.

Sólo un México seguro puede ser un México próspero y justo, a la altura de los anhelos y aspiraciones de las y los mexicanos.