Gobierno Federal y sector privado firman acuerdo para fomentar la inversión y el desarrollo incluyente

  • Para alcanzar las tasas de crecimiento propuestas se requiere una inversión pública y privada de, al menos, 25% del PIB.
  • El compromiso presidencial establece un mecanismo de seguimiento periódico para facilitar y activar proyectos de inversión en sectores y regiones estratégicas.
  • El CCE destaca la necesidad de contar con un ambiente que genere confianza en el que prevalezca el Estado de derecho y las reglas claras para fomentar la inversión.
  • El Consejo Mexicano de Negocios anunció que la inversión anual que sus miembros están realizando en 2019 es de más de 623 mil millones de pesos.

El día de hoy, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y el Jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza,  firmaron un acuerdo para fomentar la inversión y el desarrollo incluyente a nivel nacional, y así combatir la pobreza, generar más empleos e incrementar el bienestar de los mexicanos.

El acuerdo busca poner a la inversión como una prioridad fundamental para el país, y establecer mecanismos para dar seguimiento periódico con métricas puntuales de evaluación. Con la colaboración público-privada se busca alcanzar una inversión de 25% del PIB en los próximos años: 20% privada y 5% pública.

El Gobierno de la República, con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, establecerá dos mecanismos encabezados por el Presidente de la República y coordinados por el Consejo para el Fomento de la Inversión, Empleo y el Crecimiento Económico. El primero, tendrá como responsabilidad la evaluación y priorización de los proyectos de inversión. El segundo, será el responsable de facilitar la ejecución de dichos proyectos. Ambos mecanismos incluirán reuniones quincenales conjuntas y métricas de seguimiento.

Específicamente, se acuerda impulsar proyectos estratégicos y con alto potencial de desarrollo en cuatro áreas prioritarias:

  • Sector energético. Se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica; fomentar la producción de energías limpias y renovables; y coadyuvar a desterrar la corrupción en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad. 
  • Infraestructura de transporte. Se tendrán que incluir proyectos de carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos que permitan mejorar la interconexión de las diferentes regiones del país y resolver los problemas de logística del país.
  • Inversión social. Es importante que entre los proyectos figuren aquellos de gran impacto social, incluyendo proyectos de educación, salud, agua y saneamiento, para lograr un desarrollo incluyente. En el aspecto social o en programas destinados a la población que padece de pobreza y marginación no debe prevalecer el afán de lucro, sino la justicia y la fraternidad.
  • Desarrollo del sur-sureste.  Con un mayor crecimiento de esta región México podría alcanzar una tasa de 4% anual.  Los proyectos de la región deben tomar en cuenta la vocación productiva de los estados, fundamentalmente energía, servicios o agroindustria, así como la integración de cadenas productivas.

El evento contó con la presencia de Graciela Márquez Colin, Secretaria de Economía; y los presidentes de los organismos empresariales:  Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN;  José Manuel López, presidente de la CONCANACO; Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM; Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN; Bosco de la Vega, presidente del CNA; Manuel Escobedo, presidente de la AMIS; Nathan Poplawsky, presidente de CANACO Ciudad de México; Enoch Castellanos, presidente de la CANACINTRA; José Méndez Fabre, presidente de la AMIB; Valentín Díez Morodo, presidente del COMCE; Gerardo Trejo Veytia, presidente de Federación de Coparmex y Eugenio Carrión Rodríguez, Vicepresidente de la ANTAD.

Los miembros del CCE coincidieron en destacar que para fomentar la inversión es necesario contar con un ambiente propicio con: reglas y mensajes claros y propositivos del sector público y privado; Estado de derecho fuerte y eficaz; estabilidad macroeconómica; y un compromiso para resolver, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión.

Finalmente, en el marco de este evento, el Consejo Mexicano de Negocios reiteró su compromiso con México y anunció que las empresas que lo integran están invirtiendo, durante 2019, más de 623 mil millones de pesos.

En este sentido, Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN señaló: “estamos convencidos de que para alcanzar el objetivo de incrementar el bienestar de todos los mexicanos y erradicar la pobreza extrema, es necesario atraer y fomentar la inversión privada como una prioridad de Estado. Con esta inversión, los miembros del Consejo Mexicano de Negocios reafirmamos nuestro compromiso con el país y su gente, para seguir empleando a más de 1.6 millones de personas de manera directa y a más 4 millones de manera indirecta a través de nuestras cadenas de abastecimiento”.

El acuerdo suscrito por el Gobierno Federal y el sector privado fomentará la inversión, tanto pública como privada, para acelerar el crecimiento, generar más empleos, incrementar el bienestar para la población y contribuir a reducir las brechas de inequidad.