Elevemos la discusión para mejorar los ingresos de los mexicanos

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En medio del debate sobre los salarios mínimos, el Consejo Coordinador Empresarial reitera su interés y disposición de participar en el desarrollo de un diálogo constructivo y responsable. Exhortamos a todos los involucrados, y a los mexicanos en general, a elevar la discusión hacia un análisis integral en torno a las causas y soluciones viables al problema de la pobreza en México, que es el verdadero desafío a superar.

Limitar la reflexión sobre las brechas y rezagos en los ingresos personales al modelo de fijación de salarios mínimos, implica reducir un asunto tan complejo a una visión parcial, máxime si no se consideran con seriedad las múltiples vinculaciones de éstos, como indicador de referencia lo mismo para leyes y reglamentos de todo tipo que para negociaciones colectivas. Con tal acotamiento de la problemática, difícilmente se podrán extraer diagnósticos certeros, así como diseñar y consensuar propuestas que realmente puedan incidir en una mejora sostenible del poder adquisitivo y del nivel de bienestar en los sectores más marginados.

Históricamente, la pobreza ha sido el mayor reto social que ha tenido México, y éste se mantiene vigente, debido a que, como nación, estamos muy lejos de haber logrado una política y una dinámica efectivas para su combate. En un lapso de 20 años, hasta la última medición disponible del Coneval en el 2012, el porcentaje de la población en pobreza prácticamente se ha mantenido inalterado, pasando de 53.1 a 52.3 por ciento: hoy, más de 61 millones de mexicanos están en esa situación y, más grave aún, 23 millones padecen pobreza extrema, 4.5 millones más que en 1992.

Las principales causas de la falta de resultados para reducir de forma drástica la pobreza y la desigualdad en México han sido: crecimiento insuficiente para dar cauce a la movilidad social, por debajo del 2.6% como promedio anual en las últimas dos décadas; estancamiento y en diversos casos ampliación de brechas en el desarrollo regional; recurrentes crisis y ajustes que ha sufrido el país, lo cual ha erosionado gran parte de lo que se ha llegado a avanzar, hasta que se consiguió establecer un equilibrio macroeconómico más firme; y una política social de Estado que, considerada globalmente (en los tres órdenes de gobierno), ha sido ineficaz.

En los últimos 15 años, como país, sólo hemos podido generar 5.9 millones de nuevos empleos formales, cuando sólo para empatar el crecimiento de la población que se incorporó a la oferta de trabajo debimos haber creado alrededor de 15 millones de plazas hasta ahora, cuando tenemos un desempleo de al menos 2.5 millones de personas.

Hay que potencializar la capacidad de nuestra economía para que la demanda de mano de obra crezca más rápido que la oferta, reduciendo la brecha que ha presionado a la baja las remuneraciones. El caso de China es revelador en este sentido: lo salarios reales han aumentado consistentemente, derivado de un crecimiento fuerte y sostenido. Si aumenta la inversión, ésta incidirá en incrementos en la productividad y en más y mejores empleos. Así, crecerá el ingreso distribuible, y con ello, el mercado interno.

En lo que atañe al Estado en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza, a fin de mitigar la desigualdad, resalta que, si bien antes de impuestos y transferencias, el índice de Gini para México (2012) es igual que el de Estados Unidos, Francia y Alemania (0.51), al incorporar el efecto de la acción gubernamental, nuestro coeficiente se deteriora significativa en términos comparativos, bajando sólo tres puntos porcentuales, a 0.48, mientras que el de Estados Unidos, Francia y Alemania se reducen en 12, 20 y 22 puntos, respectivamente.

Es claro que existen múltiples áreas de oportunidad y susceptibles de mejora en la gestión de la política social del Estado mexicano, en la cual se requieren esfuerzos para reducir espacios de opacidad en el ejercicio del gasto, hacer más eficiente la operación, focalizar la distribución de los recursos y eliminar los espacios proclives para que se presenten prácticas de corrupción, burocratización o clientelismo político.

El reto es potencializar el alcance y calidad de los programas para apoyar a las familias que más lo necesitan. La política social debe trascender el carácter asistencial, para pasar de los paliativos a las soluciones efectivas para superar la pobreza y la marginación.

A pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad, de tal manera que estas prestaciones sociales fundamentales, y derechos ciudadanos, cumplan con su potencial en el combate a la marginación.

Es en estos retos donde residen las soluciones a los problemas de pobreza en México, y no en medidas efectistas, con beneficios efímeros que muy pronto son contraproducentes y generan impactos colaterales negativos.

En esta línea, es importante aclarar que no es en la planta laboral del sector formal de la economía, donde está ocupada la población en condiciones de mayor pobreza.

Sólo el 4.2% de los asalariados de tiempo completo percibe un salario mínimo, y de este porcentaje hay que deducir a aquellos que están en la informalidad, quedando un total de aproximadamente 280 mil trabajadores formales con dicha remuneración, entre los cuales la gran mayoría obtiene percepciones adicionales en la forma de prestaciones, propinas, bonos y apoyos, además del reparto de utilidades anual que marca la ley.

Los trabajadores de menores ingresos en el sector formal están concentrados en giros económicos muy específicos, particularmente en aquellos con mayor rezago en términos de productividad y menor capacidad para su desarrollo y modernización. En estos casos, lo conducente es revisar propuestas acordes a las problemáticas particulares en dichos sectores.

En México sigue pendiente poner como verdadera prioridad nacional, en todos los órdenes de gobierno, el impulso a la formalización económica, necesario para reducir los diferenciales en productividad entre sectores y empresas.

En una industria como la automotriz, la remuneración real creció al 8.3% en promedio anual a partir de un aumento de la productividad de 10.2% anual en los últimos cinco años. En cambio, en sectores de menor desarrollo, ambos factores han permanecido estancados, o bien, la pérdida de productividad ha presionado a la baja las percepciones reales.

Para que se eleven los ingresos de todos los mexicanos de manera sostenida, y sobre todo, que se reduzca la pobreza que padecen millones de familias, tenemos que concentrar el debate público y ser consistentes en los factores que realmente van a producir el cambio: detonar el ciclo inversión-productividad-crecimiento-empleo; estrategia de desarrollo regional; y política social eficaz, que logre el mayor y más perdurable impacto positivo en las capas de la población más necesitadas.

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