El sector privado expresa inquietudes y aporta elementos para garantizar el derecho constitucional de los niños y niñas a una educación de excelencia”.

  • El análisis de las leyes debe realizarse a la luz de cómo se traducen en mejores aprendizajes para los niños y las niñas. Lograr una educación de excelencia tiene que ser prioridad ya, es el único camino para la transformación social; es responsabilidad de todos hacer realidad el derecho constitucional.
  • El aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes al centro, Maestras y maestros bien preparados frente al grupo; contar con información relevante y pública, con diagnóstico independiente y riguroso, así como presupuesto y capacidad técnica para garantizar ejecución eficiente, son los puntos indispensables para lograr un sistema educativo de excelencia.
  • Se proponen como meta en el corto plazo para medir los avances en materia educativa reducir el nivel de insuficiente en matemáticas y comprensión lectora en 20% para el ciclo escolar 2020-2021 y llevarlo a 17% para 2023-2024.

En Ciudad de México a 2 de octubre de 2019. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Pablo González Guajardo, presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial (CESE) y CEO de Kimberly Clark México, presentaron el documento “Prioridades para llegar a un Sistema Educativo de Excelencia”, en el que se analizó el contexto actual en materia educativa del país, se expusieron las prioridades para avanzar hacia un sistema educativo de excelencia, y se plantearon inquietudes y propuestas de mejora, a la luz de la nueva legislación en la materia.

En palabras de Carlos Salazar: “Para el Consejo Coordinador Empresarial, la educación es la base de una convivencia más armónica y justa, de la construcción de una sociedad más democrática y solidaria, de un crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad y, por tanto, generadora de bienestar social”.  En este sentido enfatizó que “Un sistema educativo de excelencia requiere de una política pública amparada por un marco jurídico sólido y consistente que garantice el derecho constitucional de niñas, niños y jóvenes a aprender. Desde el sector privado tenemos el compromiso de contribuir a su fortalecimiento.”

Pablo González Guajardo indicó, en su exposición, que “contar con una verdadera educación de excelencia en el país es una prioridad absoluta y es responsabilidad de todos lograrlo para poder atacar las carencias de país y propiciar la movilidad social”. Subrayó que “es necesario acelerar el paso, pues estamos muy rezagados. El promedio de escolaridad en México es de 8.9 años y de cada 100 niños sólo 57 entran a bachillerato. Además, hablando de calidad, nos encontramos en el último lugar de la OCDE en la Prueba Pisa y los resultados de Planea 2019 muestran resultados insuficientes en alumnos de tercero de secundaria en comprensión lectora (35.5%) y matemática (58.8%). Es fundamental actuar con rapidez, mejorar el sistema y poner en el centro de la discusión a los niños, niñas, y jóvenes”

Durante la conferencia se señalaron los cinco elementos considerados por el sector privado como indispensables para mejorar en materia educativa: (1) El aprendizaje de niños y niñas en el centro de la discusión; (2) Solo los mejores maestros frente al grupo; (3) Información relevante y pública, con diagnóstico independiente y riguroso; (4) Presupuesto y capacidad técnica suficiente, y (5) Metas claras y audaces encaminadas a la mejora acelerada y continua.

Se reconocieron los aciertos de la nueva legislación en materia educativa y se expusieron inquietudes y soluciones para seguir avanzando y atender el rezago educativo del país.

Como aciertos del nuevo marco legislativo en la materia se subraya (i) priorizar el interés de niños y jóvenes; (ii) el reconocimiento de los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo por su contribución a la transformación social; (iii) incluir la obligación de impartir y garantizar educación inicial, y (iv) establecer la responsabilidad del Estado de ofrecer educación superior. También mencionaron como un acierto del marco legislativo haber propuesto la necesidad de atender prioridades como (ii) fortalecimiento de escuelas normales; (iii) creación de un sistema para reportar las plazas vacantes y contar con un registro de las mismas; (iv) procesos de selección de maestros transparentes, equitativos e imparciales; (v) desarrollar un sistema de integral de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnosticas; (vi) retomar el Sistema de Información y Gestión Educativa, y (vii) subrayar en las distintas leyes la necesidad de lograr un avance continuo y progresivo.

Algunas de las principales inquietudes planteadas, así como las propuestas de mejora, se refieren a lo establecido en la legislación secundaria en cuanto a los procesos de selección de maestros, pues según las disposiciones aprobadas:

  • Se delega indebidamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de regular los procesos de selección de maestros. Se propone que los procesos sean estipulados en las leyes para garantizar la imparcialidad y el rigor, que sean constantes y se lleven a cabo en tiempo y forma.
  • Se garantizan plazas a los egresados de las escuelas normales. En la práctica solo los maestros que demuestren las competencias requeridas (requisitos mínimos) según valoración rigurosa deben de estar al frente de un salón de clases.
  • Se prioriza a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio. Como propuesta es fundamental que, en la práctica, sólo se dé prioridad en caso de que exista un empate entre candidatos.
  • Se celebran procesos públicos para que las Autoridades Estatales y Locales  (AEL) y sindicatos, en una mesa tripartita, puedan valorar los procesos de selección. Se señala que la participación en ningún caso deberá traducirse en cambios arbitrarios y se pide que sean procesos públicos que incluyan a más actores sociales, para que la participación sea imparcial y objetiva.
  • Se contempla la participación activa de los sindicatos y AEL en los procesos de adscripción. La propuesta es que sea la SEP quien verifique los datos, que los cambios sean públicos y con base en el perfil y el desempeño de los aspirantes.

En cuanto a la necesidad de desarrollar un sistema integral de formación, capacitación y actualización, se reconoce como un pendiente importante y se insiste en la necesidad de que sea pertinente, accesible y con evaluaciones constantes y obligatorias; “es urgente definir los cómos para su desarrollo y como sector privado reiteramos nuestro apoyo para su construcción” subrayó Pablo González.

Otra inquietud planteada es que se vulnera la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, (el órgano que sustituye al INEE)al delegar en un Comité (que preside el Secretario) y en la Secretaría Ejecutiva del mismo algunas de sus responsabilidades. La propuesta del sector privado es permitir a la Comisión tener deliberaciones libres y privadas, y que ejerza sus funciones, particularmente en lo que se refiere a la evaluación del sistema y la comunicación pública de los resultados.

Finalmente, se hizo hincapié en la necesidad de contar con presupuesto y capacidad técnica para garantizar la ejecución eficiente. En este sentidopreocupa el Presupuesto de Egresos planteado en el Paquete Económico 2020, ya que se redujeron significativamente los recursos destinados a la formación inicial de docente –la inversión más baja desde el siglo pasado-, a la formación continua, a la primera infancia y al desarrollo curricular incluyente. “Estamos hablando del fortalecimiento de la educación con cometidos muy ambiciosos que requieren de un presupuesto robusto. Es fundamental que la secretaría tenga el presupuesto y la capacidad técnica”.

Para terminar se enfatizó la necesidad de establecer metas claras y audaces para garantizar una mejora continua y como metas en el corto plazo, el sector privado propone: (i)reducir 20% el nivel de insuficiente en matemáticas y comprensión lectora para el ciclo escolar 2020-2021, (ii) que para 2023-2024 se reduzca hasta quedar en 17%, y (iii) que el grupo de maestros que presente los resultados más bajos en la evaluación, pueda presentarse nuevamente en dos años y se haya reducido en un 75%.