El compromiso con las reformas, la transparencia y la legalidad

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Con toda la complejidad inherente a un proyecto de tal envergadura, el desarrollo de las grandes reformas estructurales que hemos emprendido en el país sigue avanzando a buen paso. Sin embargo, habría que darle mayor velocidad para entrar, cuanto antes, de lleno y con certeza de rumbo, a las tareas de implementación en todos los frentes.

México necesita con urgencia los efectos positivos que se derivarán de las reformas. Es mucho lo que depende de su éxito en el corto, mediano y largo plazos en términos económicos, políticos y sociales.

Este proceso no se limita a un adecuado trabajo legislativo, sino que también requiere de un compromiso de Estado, de la nación, para transformar la realidad del país, para cambiar inercias por un nuevo y sólido dinamismo, con progreso efectivo.

Desde ahora, hay que comprometerse a fondo con las nuevas disposiciones constitucionales en la práctica, siendo congruentes con su espíritu y puntuales en su cumplimiento en tiempo y forma. De lo contrario, quedará corta o trunca la proyección de las reformas.

Se necesita reformar la determinación y la eficiencia en la aplicación y cumplimiento de las propias leyes en lo concreto, en todos los órdenes y poderes de gobierno; voluntad política y de ejecución para ir a fondo en las transformaciones, lo mismo ante rezagos económicos y sociales, que para poner un alto a abusos, anomalías y omisiones que no son compatibles con una nación que aspire a la modernidad, la consolidación democrática y un mayor desarrollo económico, sustentable e incluyente.

Este es el caso de la inaceptable situación que reveló el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (el CEMABE), en relación con la enorme opacidad en la nómina magisterial: potencialmente, casi 40 mil plazas de profesores fantasmas o aviadores, a los cuales se les paga sin que den clase o sin que se pueda saber con exactitud qué hacen o dónde están.

Hay más de 30 mil maestros comisionados, que supuestamente trabajan para su sindicato, no en las aulas, y de los que no se sabe si tienen, o no, debido goce de sueldo por su licencia. Más de 113 mil se reportan como ubicados en otro centro de trabajo, es decir, no en las escuelas donde deberían estar, y se contabilizan más de 114 mil pensionistas, retirados o inclusive difuntos con salario regular.

Para mayor gravedad, este censo, pieza medular de la reforma educativa, está incompleto, por el boicot del que fue sujeto en algunos de los estados con más rezagos educativos y mayor opacidad.

Ante estos datos, habría que recordar que miles de maestros más no atienden sus escuelas durante periodos prolongados por su participación en protestas y huelgas recurrentes, que se han vuelto prácticamente estacionales.

Reconocemos al SNTE y sus liderazgos, por la voluntad de revisar y corregir estas anomalías y pedimos a las Coordinadoras que actúen con la misma disposición, dejando prácticas anacrónicas e ideologías radicales.

Los principales objetivos de la reforma son la calidad de la educación y la transparencia de los recursos que pagamos los mexicanos para la formación de nuestros niños y jóvenes.

Ya se dio el paso fundamental de censar, ahora hay que responder a los hallazgos en tiempo y forma, con acciones contundentes para frenar esta sangría de los recursos públicos y agravio para todos los mexicanos.

Son miles de millones de pesos que se malgastan desde hace años, y que podrían usarse, por ejemplo, para actuar contra lo que también exhibió el Censo respecto al estado de miles de escuelas públicas: cerca de la mitad no cuenta con drenaje, casi 30% no tiene disponibilidad de agua potable, y aproximadamente 13% carece de sanitarios y otro tanto de energía eléctrica.

Lo que procede es limpiar la nómina magisterial a fondo y con presteza: confirmar cada caso, y conforme a derecho, despedir o suspender el pago de todos los maestros fantasma, hasta que estos no se presenten y justifiquen debidamente su estatus.

Esta es una prueba para demostrar el compromiso con la reforma educativa, para que no quede en buenos deseos, con un censo que sea un ejercicio revelador, pero sin aplicación práctica.

Se necesita un padrón único de maestros y la bancarización del 100% de la nómina. Remedios de fondo, como legislar que los gobiernos no sean retenedores de cuotas sindicales, a favor de los maestros comprometidos con su profesión y los niños y jóvenes de México, y no con camarillas políticas y gremios caracterizados por sus prácticas opacas y antidemocráticas.

Urge tapar este barril sin fondo para los recursos públicos, que lamentablemente no es el único que mina los presupuestos en los tres niveles de gobierno, con gran falta de transparencia e ineficiencias.

No pasa un día en que no se ventilen en la opinión pública presuntos casos graves de corrupción, despilfarro o anomalías como la de la nómina magisterial, que generalmente quedan en la impunidad o sin siquiera un seguimiento para aclarar las cosas.

Reformar implica hacer las cosas de manera diferente en la práctica; que todos seamos intolerantes con los abusos y las inercias que impiden el progreso; rechazo activo a la corrupción. Preocupa que vemos un avance sumamente lento en temas como la Comisión Anticorrupción.

El éxito de las reformas depende de la capacidad de transformar este aspecto de la realidad nacional, en todos los ámbitos. La auténtica renovación del país pasa por el compromiso absoluto de todos con la bandera de la legalidad y la lucha contra la impunidad y falta de transparencia, con acciones concretas ante casos como el de la nómina magisterial.

México necesita un pacto contra la corrupción y la impunidad, de la clase política y con la participación activa de toda la sociedad civil. Sería la mejor forma de dar continuidad al Pacto por México, y reafirmar nuestra voluntad reformadora, como nación.

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