Educación

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Esta semana regresan a clases millones de niños y jóvenes, para iniciar el ciclo escolar 2014-2015. Esto ocurre a días de que se cumpla el primer aniversario de la promulgación de las leyes secundarias que significaron la plena entrada en vigor de la trascendente reforma educativa, cuyo proceso constitucional se completó hace ya, más de un año y medio.

Ante esta coyuntura, la reflexión sobre cómo vamos en la implementación no sólo es pertinente, sino obligada.

Lograr una educación de calidad para todos los mexicanos es una meta que no es de corto plazo, pero ya dimos pasos fundamentales para ello, y es preciso que haya seguimiento puntual y profesional, que permita tomar acciones correctivas y elevar la exigencia ciudadana de manera oportuna, contra todo riesgo de estancamiento, desviación o regresión.

La educación de nuestros niños y jóvenes, el futuro de las próximas generaciones, es demasiado importante para dejarlo sólo al cuidado de las autoridades, maestros, políticos y burocracia; se requiere de participación de los padres de familia y la sociedad civil, de los ciudadanos en general.

Además, debemos tener claro que, en ésta, como en las otras grandes reformas que se han logrado en México, la aprobación de cambios constitucionales y en las leyes correspondientes es apenas el comienzo: una plataforma para el desarrollo, pero no la transformación en sí.

Es evidente que, tras el éxito político de sacar adelante reformas históricas en el Congreso, estamos ante una etapa nueva. Hoy, las prioridades están en la capacidad ejecutiva y administrativa para la implementación, en una gestión eficiente y transparente. Sobre todo, se necesita voluntad política para cumplir y hacer cumplir la ley, sin excepciones, salvoconductos o simulaciones.

Esta es una fase que exige constancia, evaluación permanente y rendición de cuentas.

En este contexto, la transformación educativa es clave en el impulso reformador de México: además de que fue una de las primeras reformas en aprobarse, es la de mayor trascendencia desde una perspectiva de futuro. No permitamos que la esperanza que generó se diluya o se apague, como otra promesa incumplida más.

El cometido es que la reforma tenga un impacto en la realidad educativa de los estudiantes y en la fortaleza de nuestra nación.

La trayectoria de este periodo inicial de la implementación es de claroscuros, con avances muy importantes, pero también con sucesos que preocupan.

Aunque los resultados de las pruebas aplicadas para ocupar plazas de maestros confirmaron un rezago alarmante y el gran reto que existe en las normales, con el 60% de los aspirantes considerado no idóneo, el esfuerzo es histórico: por primera vez se concursan por oposición todas las plazas de educación básica y media superior.

Lamentablemente, como es bien sabido, este proceso se ha visto obstruido o boicoteado por grupos que rechazan todo cambio o diálogo constructivo. Esto ha dejado fuera a miles de profesores de las oportunidades y la transformación que implica la reforma.

Un caso similar es el de los primeros esfuerzos serios que se han hecho en México para tener un censo confiable del magisterio. Con el trabajo del INEGI, tenemos una mejor radiografía para la toma de decisiones.

Además de documentar estado físico precario de miles de escuelas, se revelaron inconsistencias y áreas de opacidad enormes en las nóminas, ratificando la percepción que existe en la opinión pública de que en algunos de los sindicatos magisteriales perviven redes de corrupción que lucran con la educación, a través de prerrogativas tan injustificables como los llamados aviadores, la herencia y la venta de plazas.

Sin duda, el éxito de la reforma depende en alto grado de transparentar el uso de los recursos, y actuar en consecuencia para acabar con los abusos.

Con todo, el censo es una base importante para el cambio, aun cuando, desafortunadamente, también adolece de excepciones significativas, con grupos que se rehusaron a colaborar o impidieron que se levantaran los datos necesarios, en particular asociados a la CNTE.

Por otra parte, con varios hechos concretos, el Gobierno de la República ha mostrado firmeza en su compromiso con la reforma. Un caso emblemático ha sido el de interponer controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra estados cuyos congresos han sido remisos en la obligación de armonizar sus leyes de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales.
Es muy importante que esta determinación continúe, ya que de lo contrario, se pondría en riesgo toda la reforma.

La problemática estatal en torno a la implementación de la reforma es crítica, tanto para completar la aprobación de las leyes necesarias, como para asegurar su aplicación efectiva y acabar con abusos como las faltas de docentes que se extienden incluso por meses, pagadas por el erario.

Para que haya un cambio efectivo, es fundamental que los gobiernos estatales se comprometan con la reforma y con el respeto y la vigencia del Estado de derecho en general. Es preciso que la enseñanza deje de ser botín político y sindical, secuestrada por intereses que nada tienen que ver con ella, y con acciones fuera de la legalidad y el Estado de derecho; en particular en entidades y zonas donde es más agudo el rezago, y el cambio, más urgente.

Como sector, reiteramos el llamado a un gran Pacto de los Mexicanos por la Educación, que dé respaldo social para superar los obstáculos y resistencias al cambio.

Tenemos que acelerar el paso para aprovechar el potencial que significan las reformas y otros avances en el país; fijarnos metas claras, con la determinación de contar con profesores y directores preparados, dedicados y mejor remunerados, en función de su desempeño en las aulas y su desarrollo profesional.

Por lo que hace a los alumnos, es necesario hacer un esfuerzo sin precedentes para que se queden en la escuela y encuentren espacios en Media Superior, Escuelas Técnicas y Universidades. Y en estos grados, consideramos indispensable incorporar al currículo las habilidades y competencias que permitan a los jóvenes encontrar mejores oportunidades de empleo. Tenemos confianza en que avanzaremos de manera importante en este punto, a través del modelo de formación dual, en el que el sector privado se ha comprometido con la SEP y otras autoridades.

Además, para que esto suceda, es indispensable dar orientación respecto de las áreas o sectores en que habrá mayores inversiones y desarrollos, y por ende, más y mejores oportunidades.

Para los empresarios, la educación es una verdadera prioridad; nos entusiasma que el INEE sea el órgano encargado de dar seguimiento y se aboque a la implementación de esta reforma. Exhortamos a las autoridades educativas a que sea vigilante de su cumplimiento, y a los padres de familia, para que se involucren en la educación de sus hijos; a que se acerquen a las escuelas, conozcan a los maestros y exijan la mejor calidad de educación para ellos.

Ningún paso atrás por la educación de calidad para todos. Lo primero, es cumplir con el requisito básico de poner por encima de cualquier interés parcial, a la ley, el bien común y los derechos de nuestros niños y los jóvenes de aspirar a un mejor futuro.

La Voz del CCE