Dos reformas para la transformación de México

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En su 1er Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió aprovechar los últimos 120 días del 2013 para concretar reformas prioritarias para detonar el progreso de México. Estamos a mes y medio de que concluya el año, y para efectos legislativos, a 28 días del plazo para lograrlo.

Entramos a una etapa fundamental, concentrada en dos reformas indispensables: la político-electoral y la energética. El desafío no es exclusivo del Gobierno y los legisladores. A todos los mexicanos nos atañe, por su trascendencia y alcances en la tarea de consolidar nuestra democracia y un modelo de desarrollo económico sólido, sustentable e incluyente.

Bajo estas premisas, el sector empresarial considera indispensable que el procesamiento de estas reformas cumpla con varios criterios puntuales, en función de la coyuntura, las necesidades y exigencias de los mexicanos.

Es imperativo que ambas reformas queden aprobadas este año en el Congreso de la Unión. No hay razones o pretextos para seguir postergando decisiones, en temas que han sido analizados y debatidos durante décadas. Si nuevamente se aplazan, se deteriorarán significativamente las expectativas y la confianza sobre el proceso de transformación nacional; para los mexicanos y entre los inversionistas, los mercados y la comunidad internacional.

Tanto la reforma política como la energética son indispensables, y a la vez, independientes; no se excluyen mutuamente. Su contenido y aprobación en el actual periodo ordinario no tienen por qué estar condicionados a factores distintos a los retos que las hacen urgentes en su ámbito de competencia respectivo.

Ambas tienen que ser de fondo y en el sentido que demandan las necesidades del país. Reformas superficiales o de alcances limitados, que decepcionen las altas expectativas de transformación que se tienen sobre México, serían un golpe tan severo como postergar la responsabilidad de decidir. Peor aún si las reformas contienen elementos regresivos y candados que nulifiquen o reduzcan al mínimo los beneficios potenciales.

Después de un paquete fiscal con acento recaudatorio y con pocos incentivos para el crecimiento, es aún más importante que la reforma energética realmente sea de gran calado, si queremos romper la dinámica de crecimiento bajo e inercial.

Esto significa quitar los obstáculos a la inversión y la competencia, abriendo el abanico de modalidades de contratos y esquemas de licencias. No privatizar el petróleo, sino empatar las necesidades del Estado mexicano, de los inversionistas, de la industria nacional y sobre todo, de todos los mexicanos y el futuro de los mismos.

Capacidad efectiva para modernizar al sector y dar solución a sus problemas y debilidades estructurales: relanzar a Pemex como una verdadera empresa pública, con autonomía de gestión, un régimen fiscal justo y sin la onerosa carga de prebendas y privilegios de grupos sindicales e intereses políticos, además de eliminar espacios de corrupción.

Que se abra a la inversión la generación de electricidad, petroquímica y procesos secundarios, para garantizar un abasto competitivo y suficiente. Que la renta petrolera se destine a la inversión productiva y a un fondo intergeneracional.

En materia política, de discusión inmediata a partir de esta semana en el Congreso, la exigencia de los mexicanos es una reforma dirigida a empoderar a los ciudadanos y fortalecer nuestra democracia, más que a los partidos políticos.

Recurrentemente, las encuestas muestran el malestar con respecto al ejercicio de la política en México. Es preciso cambiar incentivos y prácticas, afinando la arquitectura institucional del sistema político mexicano.

Se trata de consolidar la democracia; no de fomentar una partidocracia. Representación más eficaz, por encima de facciones; ampliar la competencia electoral; facilitar y estimular la toma de decisiones de gobierno, con perspectivas de largo plazo y visión de Estado; incentivar los acuerdos y la creación de mayorías, en un marco de corresponsabilidad y colaboración entre Poderes y niveles de gobierno; y profesionalizar la gestión pública.

En la urgente reglamentación e implementación de la reforma de 2011-2012, hay que asegurar que los cambios constitucionales ya aprobados tengan viabilidad, no acotada por obstáculos o requisitos incumplibles: candidaturas independientes, iniciativa legislativa ciudadana, consulta popular acotada y responsable.

La reelección de legisladores federales y locales, presidentes municipales y jefes delegacionales es prioritaria como mecanismo de equilibrio y rendición de cuentas en favor del ciudadano y para la profesionalización de sus representantes y autoridades.

Igualmente, hay que retomar la demanda ciudadana de reducir el número de diputados y senadores, en beneficio de una representatividad más eficiente y de una austeridad republicana.

Respaldamos la iniciativa de crear el Instituto Nacional Electoral, para eliminar las grandes disparidades en el desarrollo de la democracia y los procesos electorales a nivel de estados y municipios. Sin embargo, hay que hacerlo correctamente. Generar un modelo compuesto puede funcionar, pero hay que cuidar que no genere un costo mayor al erario, duplicidades y distorsiones organizativas. Todo ello es contrario a lo que debe buscarse: además de reforzar una autonomía efectiva de la función electoral, más eficiencia, transparencia, legalidad, rendición de cuentas y austeridad, porque tenemos uno de los sistemas electorales más costosos del mundo.

Este punto nos lleva a destacar una serie de prioridades que no forman parte del paquete de la reforma política y electoral, pero que son indispensables para que ésta tenga éxito en la práctica y, en general, para el progreso de México: la reingeniería profunda del gasto público en los tres niveles de gobierno, una política nacional de transparencia y rendición de cuentas, en la que se está avanzando al dotar de autonomía constitucional al IFAI; y desde luego, la batalla que tenemos que dar, como sociedad, contra la corrupción y la impunidad.

Es el momento de demostrar la voluntad de cambio, con estas reformas urgentes e indispensables para la transformación nacional. El sector empresarial está convencido de que, con visión de Estado y disposición para el acuerdo, podemos dar estos pasos en beneficio de todos. Vamos adelante; es por México y por las futuras generaciones.

La Voz del CCE