Día del Maestro

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Resulta sintomático que el tema del fortalecimiento de las instituciones haya tenido el papel protagónico en la agenda, en el análisis y en las preocupaciones expresadas en el Foro Económico Mundial, Capítulo América Latina, en el cual tuvimos la oportunidad de participar como parte de la representación del sector empresarial mexicano.

En varios países de nuestra región, incluyendo a México, se han presentado sucesos que muestran los enormes rezagos y los retos que aún tenemos por delante, para que el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática sean fundamentos del desarrollo económico y social.

Hay coincidencia en que sin instituciones modernas, eficientes y transparentes, está severamente acotada nuestra capacidad de generar un crecimiento sostenible, y con éste, prosperidad incluyente y de largo plazo.

En América Latina, y en particular en México, el subdesarrollo institucional determina en gran medida el subdesarrollo económico.

Los países se estancan o fracasan sin un desarrollo institucional que asegure los cimientos básicos de seguridad, legalidad, orden y confiabilidad de las instituciones. Sin estos pilares consolidados, seguiremos sin dar los pasos definitivos al desarrollo.

Hoy nuestras instituciones, en lugar de ser un factor que aliente el crecimiento económico y tener un rol de inclusión, suelen ser un obstáculo o impedimento, además de adquirir un papel extractivo para la sociedad.

En el contexto regional, México despunta sobre la mayoría de los países, con una mejor expectativa de crecimiento y como destino de inversión para este año y el siguiente. Visto esto con otro enfoque, tenemos una perspectiva menos adversa que otras economías similares o emergentes, en función de las circunstancias internacionales vigentes.

La visión que se tiene desde afuera sobre nuestro país en la visión de mediano y largo plazos es aún mejor, gracias a las reformas estructurales que hemos realizado, las cuales siguen despertando un gran interés para los inversionistas y también de países que están buscando fórmulas y alternativas para ampliar su potencial de crecimiento.

Sin embargo, compartimos con los países hermanos de América Latina el gran freno de nuestras instituciones que urge fortalecer. Esto coincide con los factores de competitividad en los que México recurrentemente tiene un peor desempeño, como confianza en los políticos, cargas de regulaciones gubernamentales y confiabilidad de las policías. Asimismo, en costos por delincuencia, pagos irregulares y sobornos, favoritismo en decisiones de funcionarios de gobierno, y eficiencia del marco legal para resolver disputas. En todos estos renglones estamos por debajo de la calificación promedio internacional.

Iniciativas como las reformas que se están promoviendo para mejorar la justicia cotidiana son esenciales para avanzar en este desafío.

Un paso fundamental es el Sistema Nacional Anticorrupción. El pasado viernes se sumaron ya  17 aprobaciones por parte de congresos locales de esta reforma, con lo cual ya puede procederse a la declaración de validez constitucional, para arrancar cuanto antes el proceso de implementación.

En estos últimos años, se han logrado avances fundamentales para encarrilar al país en la senda de la modernización y un desarrollo más vigoroso, acelerado e incluyente. Son, en principio, 11 reformas estructurales de gran calado, a las cuales se suma ésta.

Eso se reconoce en México y en el exterior, pero persiste la expectativa de si podremos replicar el éxito en el reto de reformar nuestras leyes, a un logro equivalente en la tarea de aterrizarlas y transformar la realidad nacional.

Tener las leyes y la arquitectura institucional que requiere el México del Siglo XXI es sólo el inicio; indispensable, pero no la prueba completa que tenemos que superar. Otro requisito fundamental es que tengamos un Estado y una sociedad con la voluntad de transformación para hacer las cosas de manera diferente en México.

Necesitamos gobiernos, en los tres niveles y todos los poderes, que no claudiquen en el combate al crimen organizado y a la aplicación puntual de la ley, sin excepciones, como el vandalismo, la corrupción o la subversión violenta que se encubren bajo banderas de protesta social o gremiales, en el caso muy concreto de una parte de la dirigencia magisterial.

Felicitamos a los buenos maestros, a la inmensa mayoría. El 15 de mayo siempre es ocasión para reconocer la trascendencia de la labor que desempeñan los profesores de México. No obstante, también debe serlo para la reflexión sobre el estado de nuestro sistema educativo y el reto que tenemos enfrente en relación con la implementación de la gran reforma que se logró en este campo.

Sobre todo, es tiempo de reafirmar el compromiso de que se aplique sin pretextos, y de no permitir que se diluya su capacidad transformadora por el chantaje de grupos que ya han anunciado paros para amenazar a las autoridades y a la sociedad, ni que sigan medrando con la educación de los niños y jóvenes de México.

Tolerar el tipo de acciones que realizan grupos radicales de la CNTE para bloquear cualquier progreso educativo, influir en la política de los estados y del país, es apostar en contra de las reformas que tenemos que aterrizar.

Se ha consolidado una fuerza enorme para obtener, más allá de reclamos sindicales y educativos legítimos, beneficios políticos y económicos, principalmente para sus cúpulas. Llegan a controlar alrededor de dos terceras partes de las estructuras administrativas del sector educativo. En ocasiones fungen como fuerza de presión que algunos usan para asuntos de cariz delincuencial

Los impactos son enormes, abonando a la desconfianza y debilidad de las instituciones nacionales, a las economías locales, al daño a la sociedad.

Son horas y días de clases perdidas de millones de niños y jóvenes; se lastima la cohesión social, con la polarización que muchas veces persiguen estos grupos. Se fractura el Estado de derecho y hay pérdidas millonarias de negocios. Los gobiernos pierden independencia, incapaces de ejercer sus facultades para garantizar la estabilidad y el orden público.

Refrendemos los compromisos con las reformas, con las instituciones, con un futuro mejor para nuestros niños y jóvenes. Tenemos que hacerlo con hechos.

A los millones de buenos maestros de México, les agradecemos por la noble labor que desarrollan. El Estado y la Sociedad deben reconocer y recompensar al buen docente y procurar que recobre el control sobre su desarrollo personal y profesional, más allá de la política electoral y sindical.

Este es el camino que abren las reformas, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Seamos, todos, consecuentes con esta vía para renovar la voluntad nacional.

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