Decisiones del gobierno sobre arbitraje en contratos de gasoductos crean incertidumbre para inversiones, generan afectaciones económicas e impactan al T-MEC: CCE

  • El Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan cuenta con inversión mexicana, estadounidense y canadiense, y su objetivo es surtir gas natural proveniente de EUA para el desarrollo sostenible de México.
  • Una vez que entre en operación, permitirá a la Península de Yucatán contar con el combustible necesario para la generación eléctrica que requiere la región, además de impulsar el desarrollo de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Ciudad de México, 27 de junio de 2019.- El sector privado manifiesta su preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas, la cual pudiera afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana. Este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía.

La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente.

En el ámbito nacional, la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos.

Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos.

Estas acciones de la CFE van en contra del compromiso que el Consejo Coordinador Empresarial realizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.

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